No es sólo más presupuesto

La tesis del gobierno parece ser que, al final, si se logra aumentar los recursos para becas y créditos en la educación superior, la movilización estudiantil perderá su principal argumento. Por lo mismo, el foco de su accionar está en el Congreso, donde se discute el Presupuesto Público 2012. Para reforzar este enfoque, algunas autoridades hacen declaraciones altisonantes y declaran voluntad de diálogo, aun cuando es claro que no hay apertura a abordar los temas desde la perspectiva del movimiento social estudiantil. Antes bien, el gobierno se muestra confiado en que el paulatino retorno a las clases en las universidades y el cierre del semestre 1 e inicio del semestre 2 (presionado por el condicionamiento de la transferencia de recursos estatales a las universidades), junto con el traslado del debate al Congreso, han creado el clima necesario para que se alcance un acuerdo con la oposición, sobre todo en materia presupuestaria y de comienzo de la discusión de proyectos legislativos sobre la Superintendencia de Educación Superior, la rebaja de las tasas de interés para el Crédito con Garantía Estatal y la reforma del sistema de acreditación.

Pero esta lectura vuelve a subestimar el movimiento social estudiantil y refuerza el rechazo de éste a soluciones basadas en acuerdos cupulares o de las principales coaliciones políticas. Aun cuando es posible que se advierta una cierta normalización de la actividad universitaria, el malestar persistirá y puede reactivarse en 2012, sobre todo si se instala un discurso triunfalista de parte del gobierno. Éste debe admitir que se ha opuesto sistemáticamente a discutir la revisión profunda del sistema educacional y ha soslayado el debate sobre el sistema escolar, el financiamiento compartido, la selección de estudiantes y la educación municipal.

Pues bien, estos temas precisan ser discutidos: del mismo modo que en la educación superior, en el sistema escolar no es sólo cuestión de aumentar la subvención; se requiere asegurar la gratuidad plena en las escuelas y los liceos de financiamiento estatal, lo cual implica acabar con el copago familiar (financiamiento compartido) y fiscalizar el uso de los recursos públicos transferidos a sostenedores privados; se requiere también regular la expansión indiscriminada de la oferta privada subvencionada, pues es condición indispensable para recuperar la educación pública de administración ahora municipal. No hay posibilidad alguna de cimentar un nuevo esquema de educación pública local si se mantiene el principio de libertad de enseñanza entendida como libertad para crear establecimientos en un escenario de competencia abierta: una nueva escuela o un nuevo liceo son necesarios sólo si se demuestra que hay demanda insatisfecha. Si hoy muchos municipios cierran o fusionan establecimientos por falta de matrpicula, es porque evidentemente en estas comunas no existe necesidad de más escuelas o más liceos. Una genuina voluntad de recuperar la educación pública debe partir por reconocer estos elementos.