Cierre del año escolar (sobre el Plan "Salvemos el año" del MINEDUC)

En medio de la crisis, caracterizada por movilizaciones y tomas de establecimientos educacionales, el MINEDUC impulsó el llamado plan "Salvemos el año escolar", destinado a ofrecer una opción de continuación de estudios para aquellos estudiantes que desearan recuperar las clases interrumpidas por las tomas y paralizaciones.

El plan generó resistencia y críticas, pues no hay mecanismos que permitan garantizar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente en la modalidad basada en materiales instruccionales online y exámenes presenciales que, justo ahora, están en desarrollo. Se puede agregar a esto los evidentes trastornos que ocasionaron las otras opciones, a saber, realización de clases en otros establecimientos que pudieran compartir su infraestructura y equipamiento o usando otros edificios, tales como bibliotecas y gimnasios. En ambos casos, las horas de docencia se redujeron, con el consiguiente recorte en cobertura y profundidad curricular. Si se añaden las complicaciones para estudiantes y profereos que debieron usar salas o recintos no adecuados a sus características (por ejemplo, se habilitaron salas de niños pequeños para adolescentes y, en el caso de los docentes y directivos de los establecimientos asilados, se optó por concentrarlo en espacios igualmente reducidos, se acortó sus jornadas, etc.). En definitiva, las opciones fueron de baja calidad y, claramente, lo más probable es esperar que sus efectos en los aprendizajes sean exiguos, más allá del acto administrativo de la promoción de estos alumnos.

El debate, sin embargo, estuvo en la decisión del MINEDUC de establecer que aquellos estudiantes no inscritos en el plan "Salvemos" reprobarían el grado que debía cursar, cifra estimada en 50 mil jóvenes. Una parte significativa de estos jóvenes asistían a liceos tomados y sus directivos presentaron un plan alternativo de recuperación y cierre del años escolar que rápidamente el MINEDUC rechazó sin explicación suficiente. Sin duda, se trató de una decisión política, interesada en bloquear cualquier opción que debilitara la voluntad del MINEDUC de imponer este plan "Salvemos" como la única opción y, de paso, presionar a los estudiantes movilizados, con la amenaza de repetición del año escolar.

La Contraloría General de la República, órgano encargado de vigilar la legalidad de los actos del gobierno, debió pronunciarse respecto de lo anterior, esto es, señalando si el plan "Salvemos· fue una decisión enmarcada en las facultades del MINEDUC y si, a la vez, las alternativas presentadas por algunos directivos de liceos, eran también correctas y legalmente válidas.

El Dictamen es ambiguo y, de un lado, ratifica la legalidal del plan "Salvemos" y, del otro, reafirma la autonomía de los directivos de establecimientos para que "en la forma reglamentaria prevista por el ordenamiento jurídico, puedan seriamente adoptar [las medidas] para resolver acerca de la evaluación y promoción de sus alumnos, con el idéntico propósito de hacer efectivo el derecho constitucional a la educación que les asiste, ordenamiento conforme al cual, a su vez, el Ministerio de Educación debe atender y ejercer, fundada y oportunamente en cada caso particular, las atribuciones que le corresponden para verificar que en el ejercicio de dicha autonomía se resguarden debidamente los aspectos esenciales para el debido fin del año escolar". Es decir, los establecimientos pueden legítimamente implementar alternativas al Plan "Salvemos" y el MINEDUC sólo debe garantizar que éstas se ajustes a los requisitos para el debido fin del año escolar.

El MINEDUC estimó que la Contraloría respaldó su plan y que la situación actual de masiva paralización estudiantil no autoriza a aplicar medidas legales concebidas para casos individuales y excepcionales. Es decir, no parece dispuesto a ceder, pese a que la Contraloría le ha recordado que el principio de autonomía de los establecimientos les faculta plenamente para decidir medidas de cierre del año escolar.

Es esta última premisa la que ha servido para que varios directivos de liceos y alcaldes y autoridades de comunas como Providencia, Valparaíso y Concepción, anuncien que aplicarán pruebas de fin de año a estudiantes que no participaron en el plan del MINEDUC. Finalmente, está en juego su autonomía y los respalda la normativa. Otra cosa es que el MINEDUC dilate la aprobación de las alternativas ya planteadas y objete la legalidad de estos procesos de exámenes finales.