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| Fuente: http://www.quantumdiaries.org |
Dos opiniones al respecto: Ernesto Treviño (UDP) argumentando a favor del fin del copago y Patricia Matte (SIP) defendiendo su continuidad. Uno sostiene que la evidencia es contundente en afirmar que el financiamiento compartido (FC) no mejora la calidad y sí profundiza la segregación en el sistema escolar. Terminar con el FC hará un sistema escolar más inclusivo. En contraste, Matte plantea que los recursos estatales generalmente vienen acotados a ciertos ítemes de gasto; en cambio, los recursos por FC son de libre disposición del establecimiento. Matte expone su experiencia en escuelas dirigidas por fundaciones que operan en contextos urbanos pobres y de alto riesgo socioeducativo, donde esos recursos se utilizan para mejoramiento docente y apoyo a los estudiantes.
Transcribo ahora las dos columnas aparecidas hoy 23 de marzo, en "La Tercera"
Transcribo ahora las dos columnas aparecidas hoy 23 de marzo, en "La Tercera"
Más Equidad sin sacrificar Calidad (Ernesto Treviño)
EL GOBIERNO de la Presidenta Bachelet ha anunciado que pondrá fin al
financiamiento compartido en educación. Se trata de una medida que
mejorará la equidad sin sacrificar calidad.
La investigación ha derribado el mito ideológico de que el financiamiento compartido mejora la calidad, por lo que su eliminación no provocará caídas en el rendimiento académico. La evidencia más rigurosa en el país indica que el copago no se relaciona con los resultados de aprendizaje, e incluso que las escuelas que usan este mecanismo obtienen resultados menores de lo esperado y son ineficientes en la administración de los recursos (Bravo y Quintanilla, 2002; Anand, Mizala y Repetto, 2009; Mizala y Torche, 2012; Elacqua y Santos, 2013).
Los estudios han establecido que el financiamiento compartido se utiliza para discriminar estudiantes por nivel socioeconómico y no como una medida para mejorar la calidad. Así, el copago recrudece la segregación escolar y su fin contribuirá a tener escuelas más inclusivas. La investigación en Chile -el país más segregado y desigual de la Ocde- confirma que el financiamiento compartido es una de las principales causas de la segregación escolar (Valenzuela, Bellei y De los Ríos, 2013; Elacqua y Santos, 2013). Este efecto segregador es especialmente fuerte en los grupos medios y medios altos, donde los colegios particulares subvencionados alcanzan niveles de segregación similares a los particulares pagados producto del financiamiento compartido (Valenzuela, Villalobos y Gómez, 2013).
El copago reduce el impacto de las políticas para mejorar la equidad y calidad en el sistema escolar. Aquí, la evidencia muestra que las escuelas con financiamiento compartido tienen menores probabilidades de participar en la Ley de Subvención Escolar Preferencial y recibir a niños vulnerables (Acevedo & Valenzuela, 2011; Elacqua y Santos, 2013; Valenzuela, Villarroel y Villalobos, 2013). Finalmente, tampoco hay evidencia ni investigación validada que demuestre que el financiamiento compartido crea vínculos entre los padres y las escuelas, argumento central de los defensores de este mecanismo.
La evidencia muestra de forma contundente los efectos perversos del financiamiento compartido en la segregación y desigualdad educativa, así como su nula contribución a la calidad y eficiencia.
Sin embargo, la eliminación del copago no está exenta de desafíos. El más importante es fortalecer la educación pública para que el fin del financiamiento compartido no la condene a la extinción. Por ello es necesario un nuevo sistema de financiamiento que priorice a la educación pública y combine elementos de demanda -como un aumento progresivo de la subvención- con apoyos basales, financieros y pedagógicos, así como fondos directos a los establecimientos dependiendo, por ejemplo, del tamaño. Además, se deben generar las condiciones para traspasar al sector público los establecimientos privados que decidan dejar la actividad, con el debido pago por la inversión que hayan realizado.
Es claro que el financiamiento compartido tiene efectos negativos en equidad y nulos en calidad, y debe terminarse. Ante esto, lo más importante ahora es definir la forma en que debe implementarse este cambio para que no haga desaparecer a la educación pública y se continúe con provisión mixta.
La investigación ha derribado el mito ideológico de que el financiamiento compartido mejora la calidad, por lo que su eliminación no provocará caídas en el rendimiento académico. La evidencia más rigurosa en el país indica que el copago no se relaciona con los resultados de aprendizaje, e incluso que las escuelas que usan este mecanismo obtienen resultados menores de lo esperado y son ineficientes en la administración de los recursos (Bravo y Quintanilla, 2002; Anand, Mizala y Repetto, 2009; Mizala y Torche, 2012; Elacqua y Santos, 2013).
Los estudios han establecido que el financiamiento compartido se utiliza para discriminar estudiantes por nivel socioeconómico y no como una medida para mejorar la calidad. Así, el copago recrudece la segregación escolar y su fin contribuirá a tener escuelas más inclusivas. La investigación en Chile -el país más segregado y desigual de la Ocde- confirma que el financiamiento compartido es una de las principales causas de la segregación escolar (Valenzuela, Bellei y De los Ríos, 2013; Elacqua y Santos, 2013). Este efecto segregador es especialmente fuerte en los grupos medios y medios altos, donde los colegios particulares subvencionados alcanzan niveles de segregación similares a los particulares pagados producto del financiamiento compartido (Valenzuela, Villalobos y Gómez, 2013).
El copago reduce el impacto de las políticas para mejorar la equidad y calidad en el sistema escolar. Aquí, la evidencia muestra que las escuelas con financiamiento compartido tienen menores probabilidades de participar en la Ley de Subvención Escolar Preferencial y recibir a niños vulnerables (Acevedo & Valenzuela, 2011; Elacqua y Santos, 2013; Valenzuela, Villarroel y Villalobos, 2013). Finalmente, tampoco hay evidencia ni investigación validada que demuestre que el financiamiento compartido crea vínculos entre los padres y las escuelas, argumento central de los defensores de este mecanismo.
La evidencia muestra de forma contundente los efectos perversos del financiamiento compartido en la segregación y desigualdad educativa, así como su nula contribución a la calidad y eficiencia.
Sin embargo, la eliminación del copago no está exenta de desafíos. El más importante es fortalecer la educación pública para que el fin del financiamiento compartido no la condene a la extinción. Por ello es necesario un nuevo sistema de financiamiento que priorice a la educación pública y combine elementos de demanda -como un aumento progresivo de la subvención- con apoyos basales, financieros y pedagógicos, así como fondos directos a los establecimientos dependiendo, por ejemplo, del tamaño. Además, se deben generar las condiciones para traspasar al sector público los establecimientos privados que decidan dejar la actividad, con el debido pago por la inversión que hayan realizado.
Es claro que el financiamiento compartido tiene efectos negativos en equidad y nulos en calidad, y debe terminarse. Ante esto, lo más importante ahora es definir la forma en que debe implementarse este cambio para que no haga desaparecer a la educación pública y se continúe con provisión mixta.
Un Mecanismo que debe Continuar (Patricia Matte)
EL GOBIERNO se ha propuesto terminar gradualmente con el financiamiento
compartido e incrementar la subvención general hasta cubrir lo que hoy
aporta el copago. Participo en corporaciones educacionales sin fines de
lucro. Tanto en la SIP -que sostiene 17 colegios en sectores vulnerables
de Santiago- como en la Fundación Los Nogales -con un colegio en Puente
Alto-, la subvención general se destina en su totalidad a
remuneraciones (en el caso de la SIP en un 98% y en Los Nogales 110%).
Es decir, la subvención no cubre los costos de entregar una educación de
calidad.
¿Cómo logramos entregar una educación reconocida por su excelencia? Los apoderados proporcionan esos recursos a través del financiamiento compartido. En el caso de la SIP, se percibe, además, la subvención preferencial por los niños prioritarios, que es mucho mayor que el financiamiento compartido. Esta permite tener en promedio sobre un 50% de niños vulnerables que comparten aula con niños de sectores más acomodados.
Quienes promueven el fin del copago afirman que esos recursos se transferirían desde el Estado mediante un alza de la subvención para suplir aquellos que aportan hoy los padres. Nuestra experiencia nos indica que generalmente los recursos públicos vienen atados a destinos específicos y que sólo los provenientes de los padres pueden ser usados con flexibilidad para poner en práctica el proyecto educativo y hacer la diferencia en calidad. Incluso los que se perciben por la Ley de Subvención Escolar Preferencial, aunque más flexibles, deben utilizarse principalmente en apoyo a los niños vulnerables y su rendición implica una carga administrativa adicional.
Los recursos provenientes del copago se destinan al apoyo y capacitación de nuestros profesores, y a financiar la oficina central que proporciona el soporte técnico pedagógico y de gestión administrativa y financiera a los colegios. Además, desarrollamos múltiples actividades extra curriculares, tanto para nuestros alumnos como con los apoderados, constituyéndose éstos en actores centrales de la educación de sus hijos.
Llama la atención que en este debate nadie se ha preguntado cuál es el estándar educativo que Chile quiere para sus ciudadanos y cómo allegaremos los recursos para lograrlo. Educar en un colegio SIP cuesta $ 83.275 por niño y en el Colegio Los Nogales, donde el aporte de los padres es mayor, asciende a $ 89.589 por mes. ¿Será eso suficiente? ¿Cuánto más estamos dispuestos a financiar como país y en cuánto tiempo lograremos cubrir esa diferencia? ¿Qué objetivos y contenidos debiera tener nuestro sistema educacional? Estas preguntas son imprescindibles de responder antes de tomar cualquier decisión.
Como país debemos focalizarnos en disminuir la segregación educacional y mejorar la calidad. La creación de una subvención diferenciada va en la línea correcta, pues aporta más recursos para aquellos niños que tienen una mayor necesidad. Nuestra experiencia indica que pueden coexistir la transparencia y rendición de cuentas con una mayor flexibilidad en el uso de los recursos, sobre todo con la puesta en marcha de una Superintendencia y Agencia dotadas de herramientas de fiscalización en aras de la calidad.
En todo caso, el análisis resulta incompleto sin considerar como una variable central que los padres tienen derecho a seguir destinando recursos adicionales para darles mayores y mejores oportunidades.
¿Cómo logramos entregar una educación reconocida por su excelencia? Los apoderados proporcionan esos recursos a través del financiamiento compartido. En el caso de la SIP, se percibe, además, la subvención preferencial por los niños prioritarios, que es mucho mayor que el financiamiento compartido. Esta permite tener en promedio sobre un 50% de niños vulnerables que comparten aula con niños de sectores más acomodados.
Quienes promueven el fin del copago afirman que esos recursos se transferirían desde el Estado mediante un alza de la subvención para suplir aquellos que aportan hoy los padres. Nuestra experiencia nos indica que generalmente los recursos públicos vienen atados a destinos específicos y que sólo los provenientes de los padres pueden ser usados con flexibilidad para poner en práctica el proyecto educativo y hacer la diferencia en calidad. Incluso los que se perciben por la Ley de Subvención Escolar Preferencial, aunque más flexibles, deben utilizarse principalmente en apoyo a los niños vulnerables y su rendición implica una carga administrativa adicional.
Los recursos provenientes del copago se destinan al apoyo y capacitación de nuestros profesores, y a financiar la oficina central que proporciona el soporte técnico pedagógico y de gestión administrativa y financiera a los colegios. Además, desarrollamos múltiples actividades extra curriculares, tanto para nuestros alumnos como con los apoderados, constituyéndose éstos en actores centrales de la educación de sus hijos.
Llama la atención que en este debate nadie se ha preguntado cuál es el estándar educativo que Chile quiere para sus ciudadanos y cómo allegaremos los recursos para lograrlo. Educar en un colegio SIP cuesta $ 83.275 por niño y en el Colegio Los Nogales, donde el aporte de los padres es mayor, asciende a $ 89.589 por mes. ¿Será eso suficiente? ¿Cuánto más estamos dispuestos a financiar como país y en cuánto tiempo lograremos cubrir esa diferencia? ¿Qué objetivos y contenidos debiera tener nuestro sistema educacional? Estas preguntas son imprescindibles de responder antes de tomar cualquier decisión.
Como país debemos focalizarnos en disminuir la segregación educacional y mejorar la calidad. La creación de una subvención diferenciada va en la línea correcta, pues aporta más recursos para aquellos niños que tienen una mayor necesidad. Nuestra experiencia indica que pueden coexistir la transparencia y rendición de cuentas con una mayor flexibilidad en el uso de los recursos, sobre todo con la puesta en marcha de una Superintendencia y Agencia dotadas de herramientas de fiscalización en aras de la calidad.
En todo caso, el análisis resulta incompleto sin considerar como una variable central que los padres tienen derecho a seguir destinando recursos adicionales para darles mayores y mejores oportunidades.
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