Educación: balance de Claudia Sanhueza a 40 años del Golpe

Fuente: http://voces.latercera.com/

Transcribo la columna de Claudia Sanhueza en La Tercera, publicada el 12 de septiembre con el título "Educación: a 40 años del Golpe". Los énfasis (negritas y cursivas) son del artículo original:

Hace unas semanas expuse en una escuela de invierno para profesores de la comuna de Santiago.  La idea era reflexionar sobre el sistema educacional chileno a 40 años del golpe de estado en Chile. Aquí les presento mi reflexión. Esta se divide en las siguientes partes: lo que teníamos, lo que heredamos, lo que tenemos y lo que queremos construir, ¡si se puede!

Lo que teníamos

En Chile antes del golpe de estado la provisión en el sistema educacional era mayoritariamente educación pública y gratuita. La cobertura en educación pre-escolar, primaria y secundaria alcanzaba tasas sobre el promedio de América Latina, similar a países como Argentina y Costa Rica. En educación superior había 8 universidades: 6 privadas y 2 estatales. Todas de sentido público, financiadas por el Estado, todas gratuitas. La Universidad de Chile se perfilaba como la mejor de América Latina. Los establecimientos escolares estatales eran más del 78% en 1980. Así como en el resto de América Latina había desafíos, entre ellos, se debía ampliar de la cobertura en todos los niveles.

Lo que heredamos

Post dictadura heredamos un sistema educativo guiado por la promesa de Milton Friedman: si cada estudiante tiene un bono, entonces colegios compiten por ellos elevando su calidad. Con una clara tendencia hacia la privatización de la provisión educativa, pero ya no como instituciones al servicio de lo público, sino como privados haciendo negocio. Esto fomentó la participación de “cualquier” privado: serían más eficientes que el Estado en proveer calidad. En ese contexto, la educación pública tiene un rol subsidiario. El gasto público debe estar “focalizado” y por ende educación pública debe ser para los más pobres. Como consecuencia, hubo una drástica caída del gasto público en educación como porcentaje del PIB de más del 5,2% antes de 1973 a 2,4% en 1990. Hay una caída de los salarios de los profesores y malas condiciones laborales. Hay una caída de la matrícula en establecimientos estatales (58% en 1990). Una proliferación de “emprendimientos privados para el enriquecimiento personal”: aumento de establecimientos privados subvencionados con fines de lucro, universidades privadas e instituciones técnicas privadas. A principios de los años 90s: la matrícula en privados subvencionados sube de 15% a 32%, el número de universidad sube de 8 a 60, Los CFTs e IPs que no existían antes ahora eran 160 CFTs,y 80 IPs. El gasto privado en educación se transforma en 45% del total del gasto en educación.

Lo que tenemos

En estos momentos tenemos un sistema educacional “freak”, único en el mundo. Lamentablemente, durante la era concertacionista no hubo transformaciones en las bases que sustentan el modelo de educación. En un sistema donde la calidad descansa en la “libertad de elegir” de los padres, estos debían tener información. Aparece entonces el SIMCE. También aumenta aún más el gasto privado en educación vía la creación del financiamiento compartido. Los aumentos en gasto público fueron sin mediar calidad ni objetivos de las instituciones, sin fiscalización y sin supervisión de los privados que habían aparecido en dictadura para hacer negocios. Se crearon programas de “incentivos monetarios” a colegios, profesores y alumnos. Programas de apoyo focalizados, pero ningún cambio estructural. En educación superior tenemos el más alto gasto privado en comparación a nuestro ingreso per cápita. Un sistema con un gran número de instituciones y concentradas geográficamente, sin ninguna regulación ni fiscalización de sus funciones. Sin una legislación acorde a las complejidades del sistema. Tenemos los aranceles más caros del mundo, los que se usan para el autofinanciamiento de las instituciones. Los bancos privados se hacen cargo del endeudamiento de millones de estudiantes vía CAE. Este último también provocó la masificación de la matrícula, pero no en las instituciones públicas, que tienen limitado por Ley su crecimiento, sino en los negocios privados.

Así, somos el segundo país más segregado del mundo en su sistema escolar. Somos el país con el gasto privado en educación más alto del mundo, relativo a su ingreso per cápita. Un país reconocido en el mundo por sus altos niveles de desigualdad y bajos niveles de movilidad social.  Hemos alcanzado una alta cobertura en todos los niveles, así también como el resto de América Latina. Por lo tanto, este supuesto éxito de nuestros sistema educativo no es atribuible a la privatización.

Lo que queremos construir

Cambiar la forma en que se entiende la educación y por ende organiza el sistema educativo: de bien de consumo a derecho social.

Cada niño cuenta. La educación obligatoria asume que cada niño tiene derecho y puede aprender. Asume que la escuela puede romper el círculo de transmisión de la desigualdad que genera la familia. Asume que no todo resultado es genético y que se puede generar resultados educativos con suficientes recursos y esfuerzo.

Para promover mayor igualdad de oportunidades es importante generar intervenciones tempranas: ¡lo antes posible! desde políticas para evitar el embarazo no deseado al apego temprano: establecer conexión madre-niño. Pasando por salas cunas y jardines infantiles de calidad.

En palabras de Pasi Sahlberg, si queremos seguir el camino finlandés, debemos matar 99% de los gérmenes. Gérmenes como una ironía de GERM (Global Educational Reform Movement), movimiento de organizaciones y académicos que promueven en el sistema educativo: competencia, pruebas nacionales, estandarización, rendición de cuentas y elección. Sahlberg indica que el camino de la excelencia finlandesa, sin embargo, se sustenta en promover justo lo opuesto: cooperación, pruebas en clases, creatividad, confianza y equidad.

El supuesto de que el lucro es bueno en la educación ha resultado ser un mito. Establecimientos con fines de lucro lo hacen en promedio peor. Además, usan menos recursos: si usarán todos los recursos podrían hacerlo mejor. En cambio, queremos docentes siendo el corazón del sistema, respetados, bien pagados y con perspectivas.

Necesitamos mayor regulación y por eso una nueva institucionalidad que de garantías de funcionamiento coherente y calidad tanto en escolar como en superior: acreditación obligatoria y fiscalización de las instituciones, y también mecanismos adicionales que corrijan la inequidad en el acceso.

En términos de financiamiento, entender la educación como un derecho social significa que el financiamiento se realice en forma solidaria, mediante impuestos, y por ende es responsabilidad de todos: gasto público en vez de gasto privado. Niños y jóvenes reciben lo que necesitan y no lo que pueden comprar, y como ciudadanos tiene derecho a un acceso que no depende del ingreso de sus padres.

Gratuidad universal en educación escolar garantiza no selección según el ingreso de sus padres (igualdad de oportunidades) y por ende genera una mayor integración social. Todos los países desarrollados tienen educación pública obligatoria gratuita, incluso aquellos de provisión mixta. Nosotros en estos momentos no tenemos un sistema de provisión mixta como esos, en todo caso. No nos confundamos. En nuestro sistema una gran proporción de los privados entiende la educación como un negocio. Eso en el contexto de este cambio de foco debe terminar. Los privados en educación deben estar al servicio de lo público, no al servicio de sus intereses monetarios.

Gratuidad en educación superior se refiere a que la educación se financia con impuestos y no con aranceles. Es una demanda de una política social universal: de un estado subsidiario a un estado de derechos. En donde una vez más, el más rico no puede usar su ingreso para financiarse y con eso mantener sus privilegios. De hecho, la evidencia indica que los países con políticas sociales universales son países con mayor igualdad, mayor movilidad social y mayor cohesión social.

¡Si se puede!

Para terminar con el negocio de la educación necesitamos hacer esfuerzos significativos en regulación y fiscalización. Para traspasar el gasto privado a gasto público necesitamos una reforma tributaria. Mis cálculos indican que, en régimen, necesitamos aproximadamente un 3% del PIB.

Esto haría que el gasto público en educación alcance el 7% del PIB, similar a países nórdicos. Las preferencias sociales por redistribución determinan el tamaño del gasto social. El sistema político debería ser representativo de estas preferencial sociales. Por eso es también prioritario una Nueva Constitución.

Hace 40 años teníamos un sistema educativo con desafíos, pero condiciones similares a los mejores países de América Latina en ese momento. Podríamos haber transitado a un sistema con alta cobertura sustentada en un sistema público, gratuito y de excelencia. Pero el golpe y la dictadura nos cambiaron la ruta. Heredamos un sistema educativo basado en la creencia de que la competencia, la concepción de la educación como un negocio y el gasto público focalizado nos darían un mejor y más equitativo sistema educativo. Terminamos con un sistema altamente segregado, con muchas instituciones de mala calidad, con familias endeudadas, entre otros.

Desde el año 2011 estamos frente a una oportunidad histórica de transformar este sistema. Entender la educación como un derecho social implica generar las condiciones institucionales, de regulación y financiamiento que mejoren significativamente la equidad y la calidad de nuestro sistema educativo. Este es un cambio profundo, y tomará tiempo, pero mientras tengamos claro donde se encuentra la cima podremos ir avanzando en la dirección correcta en forma gradual y progresiva.

Esperemos que el dolor que nos embarga recordar los 40 años del golpe, las violaciones a los derechos humanos y las equívocas transformaciones que vinieron después, se transforme en energía, fortaleza y sabiduría para transformar el sistema educativo que heredamos y que la mayoría de nosotros, no toleramos.