A la espera de la reacción gubernamental a la contra-propuesta de agenda que hicieran los estudiantes, se conoce el informe de la OECD donde Chile es rotulado como el país de más alta segregación educativa o, al revés, el país donde hay mayor homogeneidad intra-escuela (o sea, los pobres se juntan con sus iguales; y los no-pobres también). El estudio vino a confirmar lo que muchos han denunciado desde hace años (por ejemplo, Valenzuela y Belleï; García-Huidobro; Elacqua, por nombrar algunos).Pues bien, en este escenario donde sin duda las demandas por un mayor esfuerzo igualitario y equitativo en la Educación se reafirman, el gobierno parece mantener su posición, hasta ahora. En buena medida, la base de la propuesta gubernamental es consistente con esta demanda: hay una clara apuesta por aumentar los recursos para el financiamiento de los estudios superiores, sea aumentando las becas para más quintiles, sea reduciendo la tasa de interés al 2%, subisidiando a la banca que opera el Crédito con Aval de Estado (CAE).
Todo, no obstante, sin alterar la matriz del sistema de financiamiento, pues se defiende a ultranza la no gratuidad de la educación superior: se le considera una política regresiva e injusta pues, dadas las imperfecciones que acompañan a la implementación de las politicas redistributivas y, sobre todo, porque el acceso a la educación superior está claramente marcado por las oportunidades previas (esto es, el capital financiero, educativo y social que portan quienes ingresan a la educación superior). La total gratuidad, en consecuencia, sería más desigualdad. Pero Claudia Sanhueza y Alejandro Corvalán, economistas, ha discutido este supuesto y, al revés, argumentan que la gratuidad puede ser más "progresiva" que el cobro según ingresos. Ellos estimaron que un subsidio a la educación superior porcentualmente beneficia más a los más pobres y nos haría un país más igualitario.
Como sea, la oferta gubernamental sería a todas luces un escenario más favorable que el actual y que haría más accesible la educación superior, sobre todo para los sectores de menores ingresos, cuya única fuente de financiamiento es el oneroso CAE.
¿Por qué no acogen los movilizados esta oferta? Una razón obvia es que se trataría de una propuesta que no puede ser analizada sin abordar el conjunto; una segunda razón es que, de aceptarla, se valida el actual esquema de financiamiento mixto, basado en becas y endeudamiento de las familias y futuros egresados. Pero hay otra razón posible: se trata de una oferta que, salvo en las becas, no llega directamente a las instituciones de los líderes del movimiento (las universidades tradicionales), pues éstas operan con el Fondo Solidario que ya tiene las condiciones de crédito que el gobierno ofrece. Los que sí se beneficiarían de esta medida serían los estudiantes de institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades privadas... es decir, aquellos que mayoritariamente asisten a instituciones con fines de lucro. ¿Es esta la razón final?, ¿es el lucro?
Por otra parte, emerge la cuestión del financiamiento basal a las universidades estatales y el financiamiento ofrecido para aquellas llamadas "tradicionales". Es un subsidio segmentado para una parte de la oferta, o sea, sólo para algunos que por razones históricas son estatales o "tradicionales". Para el gobierno, este aporte basal es posible, siempre que vaya acompañado de compromisos de desempeño, similares a los que hoy promueve el MECESUP.
Sin embargo, se debe discutir la legitimidad de este aporte reservado para algunos. De una parte, destinarlo a universidades estatales, repone la cuestión de si la estatalidad garantiza el carácter público de la educación. La respuesta es no, pues lo estatal es sólo una forma de propiedad, pero esto no impide afirmar que el Estado debe tener universidades u otras instituciones de educación superior (que hoy no tiene). Lo público no es lo estatal, pero tampoco el Estado debe dejar de tener una oferta que apunte a los intereses públicos.
Resulta más adecuado complementar el financiamiento estatal a sus propias instituciones de educación superiror con la creación de un mecanismo de financiamiento basal dirigido a toda institución de educación superior de auténtica vocación pública, lo cual en principio equivale a una oferta plural, gratuita, inclusiva y de clara sintonía con las necesidades nacionales.
Se puede discutir qué y quién define y/o representa el interés nacional. No es simple y, probablemente, sea insoluble: ¿cómo es que un entidad educacional aporta a lo público? No lo sé, pero lo cierto es que lo estatal no siempre parece converger en el interés público. Las universidades estatales son entidades demasiado heterogéneas en calidad, como para hacer de la mera estatalidad una categoría de elegibilidad.
Todo, no obstante, sin alterar la matriz del sistema de financiamiento, pues se defiende a ultranza la no gratuidad de la educación superior: se le considera una política regresiva e injusta pues, dadas las imperfecciones que acompañan a la implementación de las politicas redistributivas y, sobre todo, porque el acceso a la educación superior está claramente marcado por las oportunidades previas (esto es, el capital financiero, educativo y social que portan quienes ingresan a la educación superior). La total gratuidad, en consecuencia, sería más desigualdad. Pero Claudia Sanhueza y Alejandro Corvalán, economistas, ha discutido este supuesto y, al revés, argumentan que la gratuidad puede ser más "progresiva" que el cobro según ingresos. Ellos estimaron que un subsidio a la educación superior porcentualmente beneficia más a los más pobres y nos haría un país más igualitario.
Como sea, la oferta gubernamental sería a todas luces un escenario más favorable que el actual y que haría más accesible la educación superior, sobre todo para los sectores de menores ingresos, cuya única fuente de financiamiento es el oneroso CAE.
¿Por qué no acogen los movilizados esta oferta? Una razón obvia es que se trataría de una propuesta que no puede ser analizada sin abordar el conjunto; una segunda razón es que, de aceptarla, se valida el actual esquema de financiamiento mixto, basado en becas y endeudamiento de las familias y futuros egresados. Pero hay otra razón posible: se trata de una oferta que, salvo en las becas, no llega directamente a las instituciones de los líderes del movimiento (las universidades tradicionales), pues éstas operan con el Fondo Solidario que ya tiene las condiciones de crédito que el gobierno ofrece. Los que sí se beneficiarían de esta medida serían los estudiantes de institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades privadas... es decir, aquellos que mayoritariamente asisten a instituciones con fines de lucro. ¿Es esta la razón final?, ¿es el lucro?
Por otra parte, emerge la cuestión del financiamiento basal a las universidades estatales y el financiamiento ofrecido para aquellas llamadas "tradicionales". Es un subsidio segmentado para una parte de la oferta, o sea, sólo para algunos que por razones históricas son estatales o "tradicionales". Para el gobierno, este aporte basal es posible, siempre que vaya acompañado de compromisos de desempeño, similares a los que hoy promueve el MECESUP.
Sin embargo, se debe discutir la legitimidad de este aporte reservado para algunos. De una parte, destinarlo a universidades estatales, repone la cuestión de si la estatalidad garantiza el carácter público de la educación. La respuesta es no, pues lo estatal es sólo una forma de propiedad, pero esto no impide afirmar que el Estado debe tener universidades u otras instituciones de educación superior (que hoy no tiene). Lo público no es lo estatal, pero tampoco el Estado debe dejar de tener una oferta que apunte a los intereses públicos.
Resulta más adecuado complementar el financiamiento estatal a sus propias instituciones de educación superiror con la creación de un mecanismo de financiamiento basal dirigido a toda institución de educación superior de auténtica vocación pública, lo cual en principio equivale a una oferta plural, gratuita, inclusiva y de clara sintonía con las necesidades nacionales.
Se puede discutir qué y quién define y/o representa el interés nacional. No es simple y, probablemente, sea insoluble: ¿cómo es que un entidad educacional aporta a lo público? No lo sé, pero lo cierto es que lo estatal no siempre parece converger en el interés público. Las universidades estatales son entidades demasiado heterogéneas en calidad, como para hacer de la mera estatalidad una categoría de elegibilidad.
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