La hora de las propuestas (1)

Las demandas del movimiento estudiantil son conocidas ampliamente. Se trata de cuestiones de diverso orden y su factor común es que tienden a decir qué cambios reclaman, pero sin señalar con claridad cómo se transita del estado actual de las cosas al escenario señalado por ellos. La carta enviada al presidente, basada en una lectura de las respuestas gubernamentales, pide definiciones sobre la garantía constitucional a una educación de calidad, el financiamiento basal a las universidades estatales, el fin de la bancarización del financiamiento universitario, el fin del lucro en todo el sistema educacional y la desmunicipalización total. Aun siendo una interpelación, la carta de la CONFECH siguió la misma tónica: eran demandas y no propuestas.

Sin embargo, a estas alturas lo que interesa es conocer las opciones técnicas y políticas para avanzar de la situación criticada a la situación deseada. Los movilizados cuentan con un categórico y claro respaldo ciudadano a sus reclamos centrales; lo que no es tan claro es si hay igual apoyo para las soluciones que el movimiento pudiera plantear. Y es acá donde se debe avanzar: no se pide que los movilizados generen las políticas, pero sí que se abran a discutir las opciones, situándose en algún punto entre el óptimo y la realidad. Ello porque ya se tiene una agenda donde convergen las demandas estudiantiles y los anuncios gubernamentales.

La agenda común hasta ahora priorizada se organiza en torno a:

• la garantía constitucional a una educación de calidad para todos
• la participación privada y el lucro en el sistema educacional cuando el financiamiento proviene de subsidios estatales
• el financiamiento a los estudios superiores, especialmente los universitarios (becas y créditos)
• el rol de las universidades estatales y el apoyo que éstas deben tener
• una nueva institucionalidad para la educación pública escolar

Resuelto el "qué", la cuestión de hoy es el "cómo". En cada punto, los movilizados tienen que exponer con detalle su acuerdo o discrepancia con el gobierno. Éste, a su vez, debe aclarar las dudas e imprecisiones de sus propuestas.

A mi entender, el grado de convergencia en torno a algunos de los puntos es suficiente para entrar en una nueva etapa. Y en cuanto al campo donde no se converge, la situación debe verse desde un sentido político, esto es, preguntándose cuánto es posible avanzar hacia el estado futuro deseado, mejorando ostensiblemente la situación que está en la base del conflicto. El gobierno y los movilizados deben pensar igual: qué es posible seguir defendiendo y qué es inevitable ceder ahora, pues dilatar la situación actual implica el riesgo cierto de empeorar el escenario, exacerbando ánimos y discordias.

Una revisión de cada punto de la agenda sugiere lo siguiente:

1. La garantía constitucional a una educación de calidad es un gesto cuya contundencia no depende de este carácter constitucional, sino de las leyes y regulaciones que luego la hagan operativa. Por tanto, bien se puede llegar a una redacción de consenso, aun cuando la cuestión de qué se entiende por "educación de calidad" puede ser larga. Los movilizados deben admitir que la Constitución no es el lugar para definirla; es la LGE y sus leyes derivadas. Por lo mismo, se puede convenir una afirmación sobre el derecho a una educación de calidad para todos y la obligación estatal a asegurarla, sea por la vía de la gratuidad o del financiamiento; la organización de una oferta educativa amplia, diversa y distribuida de manera que ni el lugar de residencia y ni las condiciones socioeconómicas sean obstáculo al acceso y aprovechamiento de la misma; la no selección de alumnos por razones socioacadémicas; el aseguramiento, control y evaluación de la calidad de los proveedores, sus procesos y sus resultados; la sanción a quienes no la provean según los estándares exigidos; los recursos y el apoyo a quienes no alcancen los estándares de aprendizaje en los plazos y estructuración de la experiencia educativa convencional; y la definición de la responsabilidad de la familia, los directivos, los docentes y de los propios estudiantes en ella.
2. El lucro es una cosa; la participación privada en educación es otra. Es un error asimilar ambas realidades. Primero hay que superar esa comprensión del lucro como si éste fuera la ganancia justa o la legítima retribución al esfuerzo y el riesgo de inversión. El lucro no es igual al salario del empleado ni a la recuperación de la inversión del empresario. Por lucro se debe entender aquello que el sentido común sugiere: la ganancia desmedida basada en el drenaje de la calidad del servicio o en los bajos salarios de los funcionarios. Lucro es lo que se obtiene de administrar la calidad, evitando mejorarla si esto implica reducir la utilidad esperada o sacrificar el aumento del patrimonio de los dueños. Lucro es lo que se obtiene de una provisión educativa basada en la cantidad y la reducción de costos incluso de aquellos factores de gestión o producción que son la base de un buen servicio. Esto es lo que la ciudadanía rechaza y le repugna.
3. La ciudadanía que se desplaza en locomoción colectiva y que paga sus deudas (por nombrar algo que casi todos los chilenos comparten), no tiene reparos esenciales contra la provisión privada en educación. Como varios han recordado, desde sus orígenes como república, en Chile los privados han estado presente en el sistema educacional y han permitido que las familias dispongan de más opciones, sean éstas laicas o no. Por cierto, la oferta estatal también aumenta las opciones de elegir, sobre todo si esta oferta es gratuita y no excluyente. Pero lo que interesa acá es despejar la sinonimia "lucro=privados en la educación" que demoniza a todos quienes ofrecen servicios educativos sin ser parte del aparato estatal. Un sistema educacional diverso e inclusivo exige que haya una oferta pública y privada, donde esta última debe incluir al menos propuestas formativas de sello laico y religioso.
4. Sin embargo, cuando la oferta privada pretende construirse o sostenerse con recursos públicos, hay que rechazar el lucro. Es incomprensible que en este caso -so pretexto de estar proveyendo un servicio a la comunidad- se quiera obtener ganancias desmesuradas que luego edifiquen un pequeño imperio o feudo. Por eso es que si bien es deseable que haya proveedores privados en la educación, no se debe permitir el lucro. Para ello, una opción es la concesión del servicio educativo, de forma que la ganancia del operador sea estrictamente regulada por el Estado. Hay suficiente experiencia en Chile y el mundo sobre concesiones para que organismos privados provean bienes y servicios de interés público, en condiciones y bajo reglas que la sociedad acepte y legitime.
5. Otra razón para no permitir el lucro con recursos públicos es que, si el Estado está dispuesto a subsidiar un servicio que provean privados, debiera atreverse a aumentar la oferta pública. El carácter público de la educación es más evidente cuando es el mismo Estado quien es dueño y se hace cargo del servicio, pues se erradica esa pulsión por la acumulación de riqueza que va generalmente asociada a la propiedad privada.
6. Abrirse o negarse a esta opción es, queda claro, una opción ideológica que toca la cuestión central detrás del lucro: qué rol cabe al Estado en la provisión de bienes públicos. Hasta ahora la respuesta ha sido que le corresponde regular, fiscalizar y financiar una oferta de bienes públicos que debe ser preferentemente provista por privados. Es lo que se desprende del denominado "rol subsidiario del Estado. Pero, por cierto, esta definición puede ser revisada, sobre todo ahora que se ha mostrado insuficiente.