Desmunicipalización y secundarios

Mientras el conflicto entre Gobierno y movilizados vuelve a agudizarse, los secundarios y docentes se pliegan, pese a que para ambos hay poco en la mesa de diálogo pues, claramente, el conflicto se ha centrado en las demandas de los estudiantes universitarios, sobre todo de aquellos de las universidades tradicionales. Otra constatación: ni siquiera la discusión implica a todos los estudiantes de la educación superior. Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universidades Privadas (con y sin fines de lucro) son más bien espectadores, no protagonistas. Tercera constatación: los docentes no han puesto temas relevantes para su profesión en la mesa. Ni la formación inicial, ni la evaluación de éstos y de los que ya ejercen, ni los salarios son cuestión en debate ahora.

En lo que respecta a los secundarios, hay dos temas que interesan: primero, la crisis de la educación media en general y la urgente necesidad de revisar la enseñanza media técnico profesional (y su vinculación con la educación superior). Y, en un contexto mayor, la crisis de la educación pública hoy administrada por los municipios.

En el primer tema, se debe recordar que la actual enseñanza media tiene fecha de vencimiento, esto es, cuando los nuevos ciclos educativos (6 años de educación básica y 6 años de educación media) comiencen a operar (2017). Por tanto, se puede argumentar que carece de sentido intervenir el modelo actual si luego de poco, será obligatoriamente reformado. Con todo, incluso en este escenario, hay más que una re-estructuración curricular en juego; se trata de una completa revisión de al menos la formación, el rol docente y la configuración institucional del liceo.

En la crisis de la educación municipal, el debate puede verse influido por la pronta elección de alcaldes y concejales. Lo reconozcan o no, varias de estas autoridades han hecho de la educación municipal uno de los campos de cosecha electoral y de cálculo partidista, como bien lo testimonia la vacilante actitud de algunos y la indolencia de otros alcaldes frente a las tomas y saqueos de los liceos que administran, pese a que se trata de establecimientos donde se han invertido recursos públicos (propios o del gobierno central), recursos que antes muchas veces denunciaron como escasos.