Superada o invisibilizada por la cobertura de los ya innumerables problemas de diseño, gestión y comunicación de la llamada "reforma de la educación superior", la educación escolar (esto es, aquella que transcurre desde el nivel inicial a la educación secundaria) vive en relativa calma, sea porque los actores están inmersos en sus preocupaciones cotidianas, sea porque los cambios legales realizados en 2015 están en una fase inicial o más bien en fase preliminar (todavía en estudio sobre cuáles serán los impactos de la ley en el funcionamiento del sistema escolar).
Más concretamente, la "ley de inclusión" (ley 20.845) ha comenzado recién a implementarse en la región de Magallanes (en lo relativo a las nuevas reglas de procesos de admisión sin selección, basados en una plataforma de postulación en línea y mecanismos de asignación de cupos mayoritariamente "ciegos") en 60 establecimientos. El año próximo se suman las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y Los Lagos, superando los 1000 establecimientos. Queda a la vista que el verdadero desafío de implementación no será en Magallanes, sino en las cinco regiones que deberán operar el nuevo proceso de admisión.
Adicionalmente, la ley 20.845 debe avanzar en los cambios en el nivel de sostenedores -término del lucro- han demorado más de lo normal. Sin embargo, la mayoría de los sostenedores no han tomado la decisión de transformarse en corporaciones o fundaciones (ambas figuras jurídicas que no pueden tener fines de lucro) y la están dilatando, generando inquietud en el MINEDUC pues comprende una cantidad importante de establecimientos y matrícula. El propio MINEDUC admite que se podrían producir problemas de cobertura, es decir, problemas para las familias que hoy tienen a sus hijos en establecimientos privados subvencionados con financiamiento compartido, si los dueños de establecimientos deciden cerrarlos o convertirlos en privados pagados.
Una fracción de este mismo grupo de sostenedores que atienden alumnos catalogados como "vulnerables", tampoco parece dispuesto a suscribir convenios SEP, pues esto supondría una importante pérdida de ingresos y restricciones a su autonomía de gestión. Para el MINEDUC esto es preocupante pues los plazos que establece la ley vencen en 30 de agosto.
En paralelo, en el Congreso se discute la ley de Nueva Educación Pública, cuyo avance se ve ahora en riesgo porque en la Comisión de Educación del Senado se manifestaron críticas (desde senadores oficialistas como de oposición) por la re-centralización que implicaría la creación de una Dirección Nacional y de 68 Servicios Locales que dependerán directamente de esta Dirección Nacional. Se arguye asimismo que los establecimientos no mejorarán en autonomía y que las regiones no tendrán incidencia en la gestión de la educación pública en sus territorios. En contraste, la Fundación Educación 2020 apoya la iniciativa y propone algunas mejoras.
El MINEDUC, por su parte, sigue trabajando sobre la base de iniciativas de apoyo a escuelas y liceos. Se trata de programas (pese a que dentro del MINEDUC se prefiere no usar esta palabra) que proponen focos y estrategias genéricas que cada establecimiento puede adoptar, generalmente inscribiéndolas en su planes de mejoramiento educativo (PME). Muchas de estas iniciativas forman parte de las acciones que el MINEDUC realiza para revitalizar la educación pública.
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