Desmunicipalización y secundarios

Mientras el conflicto entre Gobierno y movilizados vuelve a agudizarse, los secundarios y docentes se pliegan, pese a que para ambos hay poco en la mesa de diálogo pues, claramente, el conflicto se ha centrado en las demandas de los estudiantes universitarios, sobre todo de aquellos de las universidades tradicionales. Otra constatación: ni siquiera la discusión implica a todos los estudiantes de la educación superior. Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universidades Privadas (con y sin fines de lucro) son más bien espectadores, no protagonistas. Tercera constatación: los docentes no han puesto temas relevantes para su profesión en la mesa. Ni la formación inicial, ni la evaluación de éstos y de los que ya ejercen, ni los salarios son cuestión en debate ahora.

En lo que respecta a los secundarios, hay dos temas que interesan: primero, la crisis de la educación media en general y la urgente necesidad de revisar la enseñanza media técnico profesional (y su vinculación con la educación superior). Y, en un contexto mayor, la crisis de la educación pública hoy administrada por los municipios.

En el primer tema, se debe recordar que la actual enseñanza media tiene fecha de vencimiento, esto es, cuando los nuevos ciclos educativos (6 años de educación básica y 6 años de educación media) comiencen a operar (2017). Por tanto, se puede argumentar que carece de sentido intervenir el modelo actual si luego de poco, será obligatoriamente reformado. Con todo, incluso en este escenario, hay más que una re-estructuración curricular en juego; se trata de una completa revisión de al menos la formación, el rol docente y la configuración institucional del liceo.

En la crisis de la educación municipal, el debate puede verse influido por la pronta elección de alcaldes y concejales. Lo reconozcan o no, varias de estas autoridades han hecho de la educación municipal uno de los campos de cosecha electoral y de cálculo partidista, como bien lo testimonia la vacilante actitud de algunos y la indolencia de otros alcaldes frente a las tomas y saqueos de los liceos que administran, pese a que se trata de establecimientos donde se han invertido recursos públicos (propios o del gobierno central), recursos que antes muchas veces denunciaron como escasos.

La hora de las propuestas (2)

A la espera de la reacción gubernamental a la contra-propuesta de agenda que hicieran los estudiantes, se conoce el informe de la OECD donde Chile es rotulado como el país de más alta segregación educativa o, al revés, el país donde hay mayor homogeneidad intra-escuela (o sea, los pobres se juntan con sus iguales; y los no-pobres también). El estudio vino a confirmar lo que muchos han denunciado desde hace años (por ejemplo, Valenzuela y Belleï; García-Huidobro; Elacqua, por nombrar algunos).

Pues bien, en este escenario donde sin duda las demandas por un mayor esfuerzo igualitario y equitativo en la Educación se reafirman, el gobierno parece mantener su posición, hasta ahora. En buena medida, la base de la propuesta gubernamental es consistente con esta demanda: hay una clara apuesta por aumentar los recursos para el financiamiento de los estudios superiores, sea aumentando las becas para más quintiles, sea reduciendo la tasa de interés al 2%, subisidiando a la banca que opera el Crédito con Aval de Estado (CAE).

Todo, no obstante, sin alterar la matriz del sistema de financiamiento, pues se defiende a ultranza la no gratuidad de la educación superior: se le considera una política regresiva e injusta pues, dadas las imperfecciones que acompañan a la implementación de las politicas redistributivas y, sobre todo, porque el acceso a la educación superior está claramente marcado por las oportunidades previas (esto es, el capital financiero, educativo y social que portan quienes ingresan a la educación superior). La total gratuidad, en consecuencia, sería más desigualdad. Pero Claudia Sanhueza y Alejandro Corvalán, economistas, ha discutido este supuesto y, al revés, argumentan que la gratuidad puede ser más "progresiva" que el cobro según ingresos. Ellos estimaron que un subsidio a la educación superior porcentualmente beneficia más a los más pobres y nos haría un país más igualitario.

Como sea, la oferta gubernamental sería a todas luces un escenario más favorable que el actual y que haría más accesible la educación superior, sobre todo para los sectores de menores ingresos, cuya única fuente de financiamiento es el oneroso CAE.

¿Por qué no acogen los movilizados esta oferta? Una razón obvia es que se trataría de una propuesta que no puede ser analizada sin abordar el conjunto; una segunda razón es que, de aceptarla, se valida el actual esquema de financiamiento mixto, basado en becas y endeudamiento de las familias y futuros egresados. Pero hay otra razón posible: se trata de una oferta que, salvo en las becas, no llega directamente a las instituciones de los líderes del movimiento (las universidades tradicionales), pues éstas operan con el Fondo Solidario que ya tiene las condiciones de crédito que el gobierno ofrece. Los que sí se beneficiarían de esta medida serían los estudiantes de institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades privadas... es decir, aquellos que mayoritariamente asisten a instituciones con fines de lucro. ¿Es esta la razón final?, ¿es el lucro?

Por otra parte, emerge la cuestión del financiamiento basal a las universidades estatales y el financiamiento ofrecido para aquellas llamadas "tradicionales". Es un subsidio segmentado para una parte de la oferta, o sea, sólo para algunos que por razones históricas son estatales o "tradicionales". Para el gobierno, este aporte basal es posible, siempre que vaya acompañado de compromisos de desempeño, similares a los que hoy promueve el MECESUP.

Sin embargo, se debe discutir la legitimidad de este aporte reservado para algunos. De una parte, destinarlo a universidades estatales, repone la cuestión de si la estatalidad garantiza el carácter público de la educación. La respuesta es no, pues lo estatal es sólo una forma de propiedad, pero esto no impide afirmar que el Estado debe tener universidades u otras instituciones de educación superior (que hoy no tiene). Lo público no es lo estatal, pero tampoco el Estado debe dejar de tener una oferta que apunte a los intereses públicos.

Resulta más adecuado complementar el financiamiento estatal a sus propias instituciones de educación superiror con la creación de un mecanismo de financiamiento basal dirigido a toda institución de educación superior de auténtica vocación pública, lo cual en principio equivale a una oferta plural, gratuita, inclusiva y de clara sintonía con las necesidades nacionales.

Se puede discutir qué y quién define y/o representa el interés nacional. No es simple y, probablemente, sea insoluble: ¿cómo es que un entidad educacional aporta a lo público? No lo sé, pero lo cierto es que lo estatal no siempre parece converger en el interés público. Las universidades estatales son entidades demasiado heterogéneas en calidad, como para hacer de la mera estatalidad una categoría de elegibilidad.

Juan Eduardo García-Huidobro: argumentos para rechazar el lucro en educación

Presentación a la Comisión de Educación del Senado acerca del proyecto que pone fin al lucro en toda institución educacional que reciba fondos públicos

Juan Eduardo García-Huidobro S.
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE)
Universidad Alberto Hurtado

30.08.2011

Introducción

Mi presentación busca aportar algunas razones para proscribir el lucro en la educación subvencionada por el Estado. En otras palabras, estoy de acuerdo con el proyecto.

Dicho lo anterior, quiero partir por subrayar que si bien hay argumentos “empíricos” no desdeñables para oponerse al lucro, algunos de los cuales retomaré sucintamente en un primer punto basándome en presentaciones anteriores a la Comisión, el fundamento y los argumentos para oponerse al lucro, que resumo en un segundo punto, son más ético-políticos que técnicos. En otras palabras, se postula que una educación sin fines de lucro es más congruente con los valores de la sociedad igualitaria y democrática a la que todos aspiramos.

Argumentos empíricos

1. Las presentaciones anteriores (por ejemplo, textos de Montt, Belleï y Cox) han aportado antecedentes para mostrar que:
   
   
   1. La situación actual que permite el lucro, no presenta ventajas en cuanto a mejorar la calidad de la educación,
   2. es claramente negativa para la equidad y la cohesión social
      
   3. y tampoco aporta mucho en términos de libertad y diversidad del sistema educativo.
      
   
   


2. La educación con fines de lucro es en el mundo una rareza. Cuando se da es un negocio privado que no recibe apoyo estatal y menos aún es financiada por el Estado. Es más corriente a nivel de educación superior y universitaria y, en estos casos, es consistentemente de menor calidad que la pública y que la privada sin fines de lucro (Ejemplo fuerte: Estados Unidos, ejemplo en A.L., México).
   
3. El principal problema de nuestro sistema escolar es su segregación o, dicho en forma propositiva, la gran dificultad existente para asegurar diversidad social en los establecimientos. La segregación aumenta en las comunas donde hay más establecimientos particulares subvencionados y más establecimientos con financiamiento compartido (Belleï), lo que es un indicio de que aumenta donde hay mayor lucro.
   
4. Se arguye que la prohibición del lucro acarrearía una disminución de la diversidad, incluso se ha dicho que sería volver al s.XIX con escuelas solo estatales y católicas. Una salvedad histórica: prohibir el lucro no es un cambio a una situación centenaria, sino oponerse a un arreglo que viene sólo de los ochenta (Cox). Un contra argumento empírico: la diversidad entre las escuelas y sus proyectos educativos viene más bien de las capacidades y de la motivación de los equipos docentes que del tipo de propiedad de los establecimientos (Montt). Más aún, la oferta de diversidad se produce desde las instituciones sin fines de lucro, aunque es constatable un predominio de instituciones de orientación religiosa en este grupo (Elacqua).
   
5. Pedro Montt arguye que empeñarse en no resolver este tema, ya abordado el 2006 por los pingüinos, acarrearía un problema de gobernabilidad futura del sistema escolar. Detrás del argumento está la constatación de una convicción cultural de rechazo al lucro en la educación formal, ampliamente difundida en la sociedad chilena.

Argumentos ético-políticos

Como se señaló la argumentación anti-lucro en la educación es de nivel más ético-político y conceptual, que empírico. En lo que sigue expongo sucintamente algunos argumentos.

1. La necesaria gratuidad de la educación obligatoria (hasta cuarto año medio) excluye el lucro en este tramo. Es posible fundamentar la afirmación anterior con el siguiente silogismo:
   

• La educación obligatoria debe ser gratuita
• La educación gratuita no puede tener fines de lucro
• La educación obligatoria no puede tener fines de lucro
  

Lo que nos lleva a responder dos preguntas conexas: ¿Por qué la educación obligatoria debe ser gratuita? y ¿por qué la educación gratuita no puede tener fines de lucro?

1.1 ¿Por qué la educación obligatoria debe ser gratuita?

1. Dos instituciones centrales de nuestro arreglo social, la democracia y el mercado, exigen una educación crecientemente igualitaria y no segregada.
   
2. El pago (también en su forma de copago o financiamiento compartido) en educación es una causa cierta de desigualdad y segregación (vía precios)
   
3. La democracia y el mercado exigen una educación gratuita.

Lo anterior lleva a otra pregunta: ¿Por qué la democracia y el mercado exigen educación igualitaria y no segregada?

1. La base de la democracia está en reconocer a los otros como iguales en dignidad y derechos. Este es un “arreglo” social que se aprende. El igual tratamiento en educación y el compartir en la escuela con “diferentes” son esenciales para que este acuerdo social se aprenda.
   
2. La legitimidad política del mercado es de orden “meritocrático” (el que se esfuerza y trabaja logra…). Esta “legitimidad” supone que todos tuvieron acceso a una educación que proveyó a todos (as) de las capacidades necesarias para actuar (Sen). Si, de un modo sistemático, el sistema escolar reproduce los privilegios que las nuevas generaciones traen por su cuna, el mercado se torna ilegítimo.

1.2 Y, ¿por qué la educación gratuita no puede tener fines de lucro?

1. La educación “gratuita” la financia el estado con dinero de todos los contribuyentes.
   
2. Es difícil no convenir en que, si se utiliza bien todo el financiamiento para educar, se dará un mejor servicio que si se recorta parte de esa plata como ganancia del dueño[1].
   
3. Además es fácil percibir aquí un conflicto entre la finalidad de la educación y la finalidad de lucro. Mientras la finalidad educativa puede aunar voluntades, la finalidad de lucro divide el establecimiento entre el interés del dueño y el interés de los educadores.

En palabras de F.Atria: “Un establecimiento sin fines de lucro es una institución en la que estudiantes, profesores y autoridades pueden asumir que a todos les interesa el desarrollo de la institución como establecimiento educacional. Pero en un establecimiento con fines de lucro no hay esta comunidad de propósitos, o si la hay es sólo contingente: lo que mueve a los dueños es obtener la tasa más alta posible de retorno para su capital, no desarrollar el mejor proyecto educacional posible”. (Atria, Ciper[2]).

2. Además, las razones que se pueden argüir para justificar el aporte de recursos del estado a los particulares que educan, exigen que la educación particular subvencionada sea gratuita.

1. Un primer argumento es el de cooperación en la tarea de educar (antes se confería a los establecimientos particulares la calidad de “cooperador con la función educacional del Estado”); cooperación que se realiza extendiendo una educación con las mismas características que la educación pública y, por tanto, una educación gratuita.
   
2. Otro argumento que justifica el apoyo económico del Estado a la educación particular es el de asegurar la pluralidad o particularidad que tiene también relación con la libertad de enseñanza, entendida como posibilidad de elegir la educación (Declaración de DDHH, artículo 26: “Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”). Ahora bien, si el establecimiento exige un pago adicional a lo que recibe del Estado está limitando el ejercicio del derecho a elegir la educación de sus hijos solo a las familias que pueden pagar.

Recomendaciones

1. El tema del lucro se encuentra intrínsecamente ligado con el mejoramiento de la educación pública y con la necesidad de terminar con el financiamiento compartido (que está a la base de la crisis de la educación pública). Es del todo necesario enfrentar políticamente estos tres temas/problemas en conjunto.
   
2. Estas temáticas son complejas desde el punto de vista técnico y político-administrativa, en muchos aspectos habrá distintas opciones posibles, por lo cual es importante planificar aprovechando bien las capacidades existentes, no apresurando medidas y con cierto escalamiento: no pretender hacer todo al mismo tiempo.
   
3. Buscar solución “jurídica” para “emprendimientos” que enriquecen el sistema y que por su tamaño (una escuela, por ejemplo), están lejos de acceder a las instituciones clásicas sin fines de lucro (fundaciones / corporaciones). Por ejemplo, crear figura de entidad jurídica sin fines de lucro de más fácil constitución; una “sociedad cooperadora educacional” que puede darse cuando existe el requisito de “necesidad educativa insatisfecha” o de un proyecto educativo con claro apoyo de la comunidad certificado con un número exigible de
   firmas de apoderados. Acá bastaría que Superintendencia fije un monto fijo máximo para gastos de administración y mantención (Ver nota final). La mantención o eliminación progresiva de esta situación se debiera ligar más a motivos de calidad, que a una limitación jurídica.

NOTA FINAL

La información disponible, tomada de la presentación de Elacqua (Ver Cuadro 1), sugiere que, tanto a nivel escolar como en la educación superior técnica, se está clasificando como “con fines de lucro” a dos tipos de situaciones que son bien distintas. Por un lado a empresas, que poseen varias instituciones (ya escuelas y colegios, ya CFT-IP) y por otro al profesor que prefirió organizar su escuela en vez de emplearse en otra (67% de los casos).

Esto sugiere la existencia de dos realidades:

1. las instituciones sin fines de lucro, suelen ser instituciones más grandes (ver relación N° de establecimientos vs N° de alumnos en Cuadro 1), por lo que logran constituirse en corporaciones o fundaciones;


2. las instituciones con fines de lucro, corresponden en la mayoría de los casos a empresas unipersonales normalmente de un docente, para las que se podría buscar una solución jurídica, en la que se entiende que no lucra, lo que es posible de controlar asignando una proporción de recursos “fija” para administración.

Cuadro 1: Relación entre ‘n’ de establecimientos y de matrícula en instituciones con y sin fines de lucro

	N° y % establecimientos		N° y % alumnos
Con fines de lucro	3.256	31%	1.054.261	31%
Sin fines de lucro	954	9%	551.028	17%

La misma tendencia se advierte con más fuerza en enseñanza superior: los establecimientos sin fines de lucro son solo 18 (un 17%) y tienen 32% de la matrícula.

[1] Belleï en su comentario señalaba dos caminos para lucrar: una disminución de la calidad (e.g. pagar menos a los profesores, no invertir en mejoramiento) y una exclusión de los alumnos más difíciles de educar (en los que hay que invertir más).

[2] Ver en: http://ciperchile.cl/2011/07/30/n%C2%BA-4-%E2%80%9Cno-tiene-nada-de-malo-que-los-establecimientos-educacionales-lucren/

La hora de las propuestas (1)

Las demandas del movimiento estudiantil son conocidas ampliamente. Se trata de cuestiones de diverso orden y su factor común es que tienden a decir qué cambios reclaman, pero sin señalar con claridad cómo se transita del estado actual de las cosas al escenario señalado por ellos. La carta enviada al presidente, basada en una lectura de las respuestas gubernamentales, pide definiciones sobre la garantía constitucional a una educación de calidad, el financiamiento basal a las universidades estatales, el fin de la bancarización del financiamiento universitario, el fin del lucro en todo el sistema educacional y la desmunicipalización total. Aun siendo una interpelación, la carta de la CONFECH siguió la misma tónica: eran demandas y no propuestas.

Sin embargo, a estas alturas lo que interesa es conocer las opciones técnicas y políticas para avanzar de la situación criticada a la situación deseada. Los movilizados cuentan con un categórico y claro respaldo ciudadano a sus reclamos centrales; lo que no es tan claro es si hay igual apoyo para las soluciones que el movimiento pudiera plantear. Y es acá donde se debe avanzar: no se pide que los movilizados generen las políticas, pero sí que se abran a discutir las opciones, situándose en algún punto entre el óptimo y la realidad. Ello porque ya se tiene una agenda donde convergen las demandas estudiantiles y los anuncios gubernamentales.

La agenda común hasta ahora priorizada se organiza en torno a:

• la garantía constitucional a una educación de calidad para todos
• la participación privada y el lucro en el sistema educacional cuando el financiamiento proviene de subsidios estatales
• el financiamiento a los estudios superiores, especialmente los universitarios (becas y créditos)
• el rol de las universidades estatales y el apoyo que éstas deben tener
• una nueva institucionalidad para la educación pública escolar

Resuelto el "qué", la cuestión de hoy es el "cómo". En cada punto, los movilizados tienen que exponer con detalle su acuerdo o discrepancia con el gobierno. Éste, a su vez, debe aclarar las dudas e imprecisiones de sus propuestas.

A mi entender, el grado de convergencia en torno a algunos de los puntos es suficiente para entrar en una nueva etapa. Y en cuanto al campo donde no se converge, la situación debe verse desde un sentido político, esto es, preguntándose cuánto es posible avanzar hacia el estado futuro deseado, mejorando ostensiblemente la situación que está en la base del conflicto. El gobierno y los movilizados deben pensar igual: qué es posible seguir defendiendo y qué es inevitable ceder ahora, pues dilatar la situación actual implica el riesgo cierto de empeorar el escenario, exacerbando ánimos y discordias.

Una revisión de cada punto de la agenda sugiere lo siguiente:

1. La garantía constitucional a una educación de calidad es un gesto cuya contundencia no depende de este carácter constitucional, sino de las leyes y regulaciones que luego la hagan operativa. Por tanto, bien se puede llegar a una redacción de consenso, aun cuando la cuestión de qué se entiende por "educación de calidad" puede ser larga. Los movilizados deben admitir que la Constitución no es el lugar para definirla; es la LGE y sus leyes derivadas. Por lo mismo, se puede convenir una afirmación sobre el derecho a una educación de calidad para todos y la obligación estatal a asegurarla, sea por la vía de la gratuidad o del financiamiento; la organización de una oferta educativa amplia, diversa y distribuida de manera que ni el lugar de residencia y ni las condiciones socioeconómicas sean obstáculo al acceso y aprovechamiento de la misma; la no selección de alumnos por razones socioacadémicas; el aseguramiento, control y evaluación de la calidad de los proveedores, sus procesos y sus resultados; la sanción a quienes no la provean según los estándares exigidos; los recursos y el apoyo a quienes no alcancen los estándares de aprendizaje en los plazos y estructuración de la experiencia educativa convencional; y la definición de la responsabilidad de la familia, los directivos, los docentes y de los propios estudiantes en ella.
2. El lucro es una cosa; la participación privada en educación es otra. Es un error asimilar ambas realidades. Primero hay que superar esa comprensión del lucro como si éste fuera la ganancia justa o la legítima retribución al esfuerzo y el riesgo de inversión. El lucro no es igual al salario del empleado ni a la recuperación de la inversión del empresario. Por lucro se debe entender aquello que el sentido común sugiere: la ganancia desmedida basada en el drenaje de la calidad del servicio o en los bajos salarios de los funcionarios. Lucro es lo que se obtiene de administrar la calidad, evitando mejorarla si esto implica reducir la utilidad esperada o sacrificar el aumento del patrimonio de los dueños. Lucro es lo que se obtiene de una provisión educativa basada en la cantidad y la reducción de costos incluso de aquellos factores de gestión o producción que son la base de un buen servicio. Esto es lo que la ciudadanía rechaza y le repugna.
3. La ciudadanía que se desplaza en locomoción colectiva y que paga sus deudas (por nombrar algo que casi todos los chilenos comparten), no tiene reparos esenciales contra la provisión privada en educación. Como varios han recordado, desde sus orígenes como república, en Chile los privados han estado presente en el sistema educacional y han permitido que las familias dispongan de más opciones, sean éstas laicas o no. Por cierto, la oferta estatal también aumenta las opciones de elegir, sobre todo si esta oferta es gratuita y no excluyente. Pero lo que interesa acá es despejar la sinonimia "lucro=privados en la educación" que demoniza a todos quienes ofrecen servicios educativos sin ser parte del aparato estatal. Un sistema educacional diverso e inclusivo exige que haya una oferta pública y privada, donde esta última debe incluir al menos propuestas formativas de sello laico y religioso.
4. Sin embargo, cuando la oferta privada pretende construirse o sostenerse con recursos públicos, hay que rechazar el lucro. Es incomprensible que en este caso -so pretexto de estar proveyendo un servicio a la comunidad- se quiera obtener ganancias desmesuradas que luego edifiquen un pequeño imperio o feudo. Por eso es que si bien es deseable que haya proveedores privados en la educación, no se debe permitir el lucro. Para ello, una opción es la concesión del servicio educativo, de forma que la ganancia del operador sea estrictamente regulada por el Estado. Hay suficiente experiencia en Chile y el mundo sobre concesiones para que organismos privados provean bienes y servicios de interés público, en condiciones y bajo reglas que la sociedad acepte y legitime.
5. Otra razón para no permitir el lucro con recursos públicos es que, si el Estado está dispuesto a subsidiar un servicio que provean privados, debiera atreverse a aumentar la oferta pública. El carácter público de la educación es más evidente cuando es el mismo Estado quien es dueño y se hace cargo del servicio, pues se erradica esa pulsión por la acumulación de riqueza que va generalmente asociada a la propiedad privada.
6. Abrirse o negarse a esta opción es, queda claro, una opción ideológica que toca la cuestión central detrás del lucro: qué rol cabe al Estado en la provisión de bienes públicos. Hasta ahora la respuesta ha sido que le corresponde regular, fiscalizar y financiar una oferta de bienes públicos que debe ser preferentemente provista por privados. Es lo que se desprende del denominado "rol subsidiario del Estado. Pero, por cierto, esta definición puede ser revisada, sobre todo ahora que se ha mostrado insuficiente.

Las opiniones de los estudiantes en el Senado chileno

Las diversas intervenciones de los dirigentes estudiantiles en la Comsión de Educación del Senado muestran una preparación destacada, con argumentos que superan la consigna. El blog ZERT.PATEANDO LA PERRA, contiene todas las opiniones de estos dirigentes, algunas en video y otras transcritas. Copio la de José Ancalao, de la Federación Mapuche de Estudiantes.

Nuevos anuncios del MINEDUC

En vísperas de una nueva marcha, el ministro Bulnes presentó una nueva agenda de cambios en educación, con claro énfasis en educación superior. Los anuncios fueron organizados en " 4 ejes" y son:

1. Endeudamiento estudiantil en la educación superior
2. Fiscalización al lucro en la educación superior
3. Desmunicipalización
4. Garantía constitucional a una educación de calidad

Respecto del primer punto, el sitio del MINEDUC informa que se reducirá al 2% el interés anual del CAE, el mismo que hoy tiene el Fondo de Crédito Solidario, y que los alumnos del 40% de hogares de menores ingresos tendrán becas, mientras que el 20% de estudiantes de las familias que siguen tendrán acceso a un paquete de becas y créditos que asegure el acceso y permanencia en la educación superior. Como se recordará, el primer anuncio al respecto acotaba las ayudas al 40%; con la nueva propuesta, el 60% de los estudiantes tendrán algún tipo de ayuda estatal. Se trata de un evidente avance, comparado con la situación actual.

Sobre el lucro, el anuncio es que finalmente el gobierno fiscalizará que la ley se cumpla "en su espíritu y letra", señalando que la futura Superintendencia se ocupará de ello. No hay, por tanto, novedad acá, sino una ratificación de la decisión gubernamental de no ceder a la demanda estudiantil de suprimir el lucro en la educación superior.

En la educación municipal, el anuncio es una confirmación de lo antes dicho: se da por agotado el esquema actual de administración municipal y se propone la creación de nuevas entidades de derecho público, descentralizados, con integración de representantes de la comunidad y con autoridades elegidas por el sistema de Alta Dirección Pública. Como en el caso anterior, es exactamente lo anunciado antes, lo cual a su vez no hizo sino confirmar aquello que el MINEDUC anunció en diciembre de 2010.

Por último, el gobierno señala que enviará un proyecto de reforma constitucional para garantizar el derecho a una educación de calidad. El Ministro Bulnes señaló además que quienes incumplan los estándares, se expondrán a sanciones tales como la supresión del aporte estatal, luego del reconocimiento y finalmente el cierre del establecimiento. Con lo anterior, queda claro que el ministro hablaba de las sanciones que la LGE ya establece para los malos sostenedores del sistema escolar y que la Agencia de Calidad y la Superintedencia deberán fiscalizar. No hay, una vez más, cambio respecto de lo que hoy la ley prescribe. Y si además se recuerda que aun no se conocer una conceptualización de lo que el MINEDUC entiende por "una educación de calidad", se tiene un escenario poco novedoso y con una cuota importante de incertidumbre. La LGE entiende la calidad de manera estrecha: es el logro de objetivos y estándares de aprendizaje medidos en pruebas nacionales como el SIMCE. Tal vez la discusión sobre la garantía constitucional sea una buena oportunidad para profundizar en el concepto.

Las primeras reacciones de los estudiantes y profesores fueron de escepticismo e interrogantes, lo cual es lógico si estos anuncios son entendidos como una re-escritura del llamado "GANE" y de algunas de las 21 medidas. Se trata, por consiguiente, de una tercera versión de un mismo texto, con ventajas respecto de los anteriores pues tácitamente se jerarquizan los temas en discusión y se inaugura una agenda corta de discusión. De paso, quedarán postergados los otros focos críticos: la supresión del financiamiento compartido, la reforma a la educación secundaria, la revisión de la institucionalidad de la educación superior no universitaria, el up-grade del sistema de acreditación, la ampliación y mejora de la calidad de la educación parvularia y otros temas.

¿Qué impide al gobierno innovar o presentar una auténtica revolución en su agenda? Pues sus convicciones, intereses y el pragmatismo que los emulsiona. En las primeras, es central el respeto a la propiedad privada, la participación y emprendimiento del sector privado en la educación, la competencia y el lucro, entendido por ellos como la justa retribución al esfuerzo y al riesgo de inversión. El gobierno entiende que la propiedad es un valor cardinal que no puede dejar de preservar. Por lo mismo, no se abre a la discusión sobre si quienes por 30 años han invertido en el sistema escolar, deben dejar de hacerlo ahora. Tampoco admite del todo la idea de que el lucro puede ser un peligroso ingrediente cuando opera en contextos educativos, sobre todo si se conjuga con bajas regulaciones y alta opacidad en la información. El lucro, no obstante, sí es un incentivo perverso cuando se administra la calidad del servicio educativo para no sacrificar las utilidades esperadas. Y si además este lucro se funda en el uso de recursos públicos, destinados a asegurar la provisión de un bien público como la educación, no puede sino ser rechazado. La educación es un derecho; no una prestación.

Los intereses también inhiben la creatividad gubernamental. Ya sabe que políticos de su sector y de la misma Concertación, además de grupos de presión como los sostenedores privados que reciben subvención estatal, se opondrán tenazmente a que las inversiones realizadas -la mayoría con el aval que implica la regularidad de la subvención y ayuda estatal- dejen de generar utilidades. Vale la pena recordar que el lucro no es sólo un problema de la educación superior, pues toda la educación obligatoria está disponible para que sociedades comerciales creen establecimientos y, además de la subvención estatal, consideren el cobro a las familias. ¿Hay horizonte de negocio más seguro que aquel donde se proveen servicios que ineludiblemente todos deben adquirir? Para qué añadir que en el caso de la educación superior, la garantía estatal a los créditos también provee un promisorio escenario de inversión, ya no sólo para los operadores de educación, sino además para los bancos.

Hay que reconocer el esfuerzo gubernamental: los 4 ejes se acercan a las demandas del movimiento estudiantil. Es, no obstante, un acercamiento instrumental. Con todo, en esta instrumentalidad, indiscutiblemente abren posibilidades antes no consideradas por el mismo gobierno. Si se concretan, a todas luces construyen un mejor horizonte para los que acceden a la educación superior. No se puede decir lo mismo sobre la cuestión del lucro y la garantía de calidad de la educación. Aun queda mucho por discutir.

Intevención de G. Jackson en el Senado

Giorgio Jackson y otros dirigentes del movimiento estudiantil expusieron ayer en la Comisión de Educación del Senado, que discute un proyecto de ley para regular el lucro en educación. La ponencia de Jackson se puede ver acá: