Nueva Educación Pública

El avance del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública (NEP) avanza en su trámite legislativo con relativa fluidez. Se ha instalado -casi unánimemente- la necesidad de superar el modelo de educación municipal, aunque hay voces que defienden la experiencia de comunas que se han caracterizado por hacer significativos aportes propios al financiamiento de sus establecimientos -como Las Condes- o de aquellas que han instalado un modelo de gestión basado en incentivos y altos grados de autonomía a las escuelas. Precisamente, en el debate reciente se han planteado objeciones específicas relacionadas con los grados de descentralización, el fortalecimiento de capacidades en equipos escolares y con el real potencial de esta reforma al mejoramiento de los aprendizajes. 

La crítica anterior ha sido planteada por el Centro de Políticas Públicas (CPP) de la UC, tanto en medios de prensa como en seminarios. El argumento base es que una reforma de la educación pública debe tender al desarrollo de la autonomía de los establecimientos y del nivel local, dotándolos de capacidades y atribuciones para resolver sus focos y prioridades, a la vez que debe existir un sistema de responsabilización con consecuencias fuertes, incluido el cierre de establecimientos y la remoción de las autoridades. Esto, dicen estos críticos, no se advierte con claridad en el proyecto actual pues hay una predominancia del nivel central (la Dirección Nacional de Educación Pública) en la estructuración y conducción del sistema y hay un debilitado nivel local (el Consejo Local de Educación asociado a cada Servicio Local de Educación SLE) apenas dotado de roles consultivos en los temas estratégicos y -para colmo- demasiado dependiente de los ciclos políticos (los integrantes del Consejo durarían poco tiempo en sus cargos). No hay, agregan, en el proyecto, iniciativas que fortalezcan atribuciones del director ni que lo enfoquen en la gestión pedagógica, su segumiento y mejora.

El problema sería, entonces, que el proyecto NEP concentra demasiadas facultades en instancias nacionales. La crítica tiene sentido si se considera que la Dirección Nacional definirá las metas a 6 años y las estrategias para ello. Los SLE, a su turno, deberán definir planes a 6 años asociados a convenios de desempeño y logro de estas metas. Por tanto, hay un claro riesgo de que los SLE deban ocuparse de estas metas, sin tener espacio efectivo para definir e implementar metas propias del territorio. Una solución sería limitar la posibilidad de la Dirección Nacional para definir sólo las metas y no las estrategias, donde además estas metas representen como máximo el 50% de los compromisos de gestión de cada SLE (para que haya oportunidades reales de una gestión terroritorial con autonomía). Las estrategias, a su vez, serían resorte de los SLE, los que podrán definirla atendiendo sus particularidades, sellos, recursos y capacidades de gestión.

Otras críticas se refieren al tamaño de los SLE, considerados demasiado grandes para una adecuada gestión. El CPP señala que hay literatura donde se indica que para lograr economías de escala se requiere un tamaño equivalente a 3.500 a 8.000 alumnos, rango por encima del cual lo que se arriesgaría sería precisamente "des-economías de escala". Para el proyecto NEP, el tamaño promedio es de 20.000 alumnos y 80 establecimientos. En realidad, el problema no es sólo de tamaño crítico, sino de complejidad y composición de la oferta y demanda en cada territorio. Es decir, el financiamiento asociado a un determinado tamaño de matrícula será o no suficiente dependiendo de las características socioeducativas de esa matrícula y dependiendo de las capacidades y recursos de gestión que el SLE disponga. Por otra parte, también influirá la dinámica de los otros proveedores (o sea, la competencia) y su capacidad de atracción de la matrícula que hoy está en las escuelas y liceos públicos del respectivo territorio. O sea, en el previsible escenario de migración de los estudiantes a establecimientos no SLE, ¿cómo se asegurará el financiamiento y quién se hará cargo del déficit?

La pregunta lleva a otra crítica al proyecto NEP: éste no aborda el modelo de financiamiento basado en la matrícula y asistencia, pese a que se trata de un factor determinante en la crisis de la educación municipal. Por supuesto, aunque hay ejemplos evidentes de mala gestión en muchos municipios, el déficit estructural de financiamiento (que implica cuantiosas deudas previsionales y con proveedores) es una consecuencia directa de la pérdida de matrícula y de la subestimación de los costos de educar en sectores de pobreza, escenario frecuente en el sector municipal. Y todo ello remite a la persistencia de un modelo de financiamiento a la demanda. Por consiguiente, no incluir esta dimensión en una reforma de la educación pública equivale a dejar pendiente un tema vertebral. El gobierno admite lo anterior, pero argumenta que una reforma al sistema de subvenciones no puede ser parte de la NEP pues el modelo de financiamiento también se aplica a los establecimientos privados subvencionados. Es otra gran reforma, dicen.