Las tareas 2016 en Educación

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Aprobadas las leyes señeras de gratuidad (no copago),  (no lucro) y no selección (la llamada "Ley de Inclusión Escolar") y la Carrera Docente, resulta evidente que este año debería comenzar el proceso de puesta en marcha al menos de la primera de ella y los pasos preparatorios de la segunda (dado que comienza en 2017, este año debe hacerse el "encasillamiento", o sea, la clasificación de los docentes en ejercicio en las categorías de desempeño que establece la nueva normativa). 

En la prensa ya se dio una discusión sobre dos cuestiones de la Ley de Inclusión: a) el retraso en la publicación de reglamentos que operacionalizan la ley (sobre todo en lo relativo a qué se entendería por fines educacionales en materia de gastos con dineros públicos); y b) el alcance de las normas de no discriminación (no suspensión ni expulsión) y su traducción en medidas prácticas de gestión de la convivencia al alero del proyecto educativo institucional. Pues bien, la normativa deja espacios de interpretación sobre qué puede o no hacer un establecimiento en materia de regulación de la convivencia, sin que luego la Superintendencia de Educación les objete las decisiones tomadas a posteriori. 

Un tercer tema que se ha planteado es el real impacto de esta nueva normativa en términos de calidad. En primer lugar, se dice que la transformación del sistema escolar hacia la plena gratuidad en los establecimientos financiados por el Estado es poco relevante pues son sólo 783 las escuelas que antes no eran gratuitas y ahora sí lo son, de casi diez mil gratuitas en el país (9.985). En segundo lugar, no hay elementos de esta normativa que incidan directamente en la mejora de los resultados escolares en el corto plazo. Dicho de otra forma, no se avizora que los resultados SIMCE y/o en pruebas estandarizadas internacionales se modifiquen ahora que comienza la implementación de la ley.

Esta crítica puede ser mejor comprendida si se distinguen políticas de largo y corto alcance o, más exactamente, si se distingue una agenda larga y otra corta. El MINEDUC ha puesto su foco en la "agenda larga" (al menos eso es lo que es discutido en la prensa), esto es, en las políticas de re-estructuración del sistema escolar, con un claro acento en una redefinición del papel del Estado en la conducción y regulación del sistema (aun cuando no se modifica la naturaleza de provisión mixta del servicio educativo ni la base de financiamiento a la demanda, sin distinción respecto de la oferta). Esto es manifiesto en la Ley de Inclusión y en el proyecto de Nueva Educación Pública (NEP). A su vez, en la nueva Política Nacional Docente también el Estado asumirá roles importantes. 

El problema de la agenda larga es que los efectos de estas políticas en términos de mejora de la calidad de los resultados no se verán en el corto plazo. Lo que probablemente sí se advertirá ahora es la modificación de la experiencia cotidiana de muchas escuelas, dado que la composición del alumnado podría cambiar y con ello las interacciones entre los diversos actores de la comunidad escolar. Asimismo, la mejora de infraestructura y equipamiento en algunas escuelas municipales hará posible que también allí se genere un mejor clima escolar.

El MINEDUC, en consecuencia, parece concentrado en la agenda larga y con una agenda corta mínima o de escasa visibilidad. Por "agenda corta" entiendo aquella cuyo focos y resultados son visibles en el corto o mediano plazo. Es esencialmente aquel repertorio de políticas de mejoramiento de la eficacia y la eficencia del sistema escolar, vale decir, mayor cobertura y más acceso en educación parvularia, mejores tasas de aprobación y egreso oportuno en educación básica y media, menores tasas de repetición y deserción, mayores aprendizajes evidenciados en pruebas nacionales o internacionales. Por lo general, estas políticas requieren segmentar el sistema escolar o -lo que es lo mismo- necesitan focalización, o sea, precisan identificar aquellos grupos donde el problema se hace más acuciante y urgente de resolver y/o donde es más costo-efectivo intervenir. Por ejemplo, los territorios y grupos de familias donde hay menor matriculación en educación parvularia; los niveles escolares donde se presenta la mayor tasa de deserción; los estudiantes que presentan el menor nivel de logro de aprendizajes clave (comprensión lectora, manejo numérico y razonamiento científico, en terminología de la OECD). Sobre estos focos, el MINEDUC no ha impulsado activamente políticas en este periodo... ¿podrá mostrar resultados en lo que resta del actual gobierno? Es improbable, pero al menos debería dejar sentadas las bases de la mejora en estos dos años (2016 y 2017).

Si se asume esta premisa (o sea, la de gestionar no sólo la transformación del sistema escolar, sino la mejora de sus procesos y resultados actuales), las tareas 2016, en apretada síntesis, son:

1. Asegurar una oportuna y adecuada implementación de las nuevas normativas, proveyendo los apoyos necesarios a las comunidades escolares, monitorear esta implementación y hacer rápidamente los ajustes que dicha evaluación de proceso sugiera.
2. Definir y lanzar un portafolio de políticas orientadas a generar mejores oportunidades para los grupos de estudiantes que hoy repiten curso y/o abandonan el sistema escolar (modificación de normativa sobre promoción y "escuelas de segunda oportunidad", por ejemplo) o que no alcanzan los niveles mínimos de logros en aprendizajes clave.
3. Implementar políticas de apoyo e incentivos a las familias, especialmente para aumentar el acceso, permanencia y aprendizajes en educación parvularia.
4. Implementar un programa enérgico de fortalecimiento del liderazgo directivo y las capacidades docentes en escuelas y liceos, cuyos resultados en pruebas nacionales son deficientes.