Transcribo un artículo publicado en el diario español "El País" hace algunas semanas. Se aborda los problemas que se estarían presentando en escuelas privadas concertadas, esto es, de propiedad privada pero con financiamiento público en lo relativo a salarios docentes y gastos de operación del establecimiento. Según la nota de prensa, el problema no es el financiamiento estatal, sino los cobros asociados por otros servicios como la alimentación, los libros de estudio, las actividades extraescolares y el transporte escolar. Estos servicios están siendo de cargo de las familias, con lo cual se configura el copago de entre 10 a 70 Euros por mes. La crítica proviene de un grupo de establecimientos privados que ven con preocupación cómo empresas constructoras e inmobiliarias se han interesado en ser sostenedores de estas escuelas privadas subvencionadas, con un claro afán de lucro.
Esta es la nota de prensa:
"Los colegios concertados los financia la Comunidad con los impuestos
de los ciudadanos —paga los salarios de los profesores y el
funcionamiento de los centros— y, sin embargo, ya hay colegios
subvencionados más caros que los privados. Entre cuotas “voluntarias”,
comedor y transporte pueden superar los 500 euros mensuales. En este
contexto, tras años de denuncia, la Asociación de Colegios Privados-Círculo de Calidad Educativa (CICAE)
ha exigido a la Comunidad de Madrid, mediante un recurso
administrativo, que supervise y controle las cuotas —muchas de ellas
supuestamente voluntarias— que tienen que pagar las familias con hijos
en la enseñanza subvencionada.
“Del modelo de iniciativa social, gestionado mayoritariamente por
congregaciones religiosas o entidades benéficas, se está pasando a un
modelo de negocio en suelo público, con dinero público y de copago”,
lamenta Gabriel Castellano, presidente de CICAE.
Esta asociación no carga, sin embargo, contra los centros religiosos
“sin ánimo de lucro y con colegios propios construidos en terrenos de la
Iglesia”, sostiene Pilar Sáinz, subdirectora del centro privado Los
Sauces, sino contra lo que se conoce como “nueva concertada. “Los
centros son construidos en terrenos cedidos por los Ayuntamientos a las
empresas a través de la Comunidad, y solo pagan un canon simbólico a los
municipios”, sostiene Sáinz.
Educación sostiene que las instrucciones del concierto que ha
recurrido CICAE son “esencialmente las mismas que viene emitiendo la
consejería desde hace 15 años para regular los precios de las
actividades complementarias: el transporte, el comedor y las actividades
extraescolares”. E insiste en que las cuotas que puedan solicitar estos
centros son “siempre voluntarias para las familias y éstas son
absolutamente libres para aceptarlas o rechazarlas”. Remarcando que “en
ningún caso” estos pagos —aprobados por la Ley de Derecho a la Educación
(LODE) del Gobierno socialista en 1985— “tendrán carácter lucrativo”.
El Gobierno niega también “permisividad o falta de control” a la
concertada. “Según sentencia del Tribunal Supremo [23 enero 2007], el
cobro por el uso de servicios escolares complementarios debe ser
autorizado por el Consejo Escolar y solamente comunicado a la
Administración educativa. La Comunidad de Madrid cumple estrictamente
con esta sentencia”. Remacha, además, que inspección actúa “siempre que
existe alguna denuncia” y cuando “tiene conocimiento de cualquier
situación presuntamente irregular”.
CICAE se queja también de que las compañías que se presentan a los
concursos para lograr los colegios subvencionados no tengan un origen
educativo, sino que provienen de empresas de la construcción, de la
restauración —Arturo Fernández, el presidente de la CEIM, por ejemplo,
tiene un centro— o de fondos de inversión. Estas sociedades invierten
grandes sumas en levantar los edificios y unas buenas instalaciones
deportivas y, en muchos casos, quieren recuperar los millones invertidos
en un corto plazo de tiempo. Según datos de Educación, desde 2004 se
han construido 500 centros públicos —casi la mitad infantiles— frente a
68 concertados.
Emilio Díaz, secretario general de Escuelas Católicas,
recuerda que el 25% de sus centros los estudiantes no pagan ninguna
cuota y en el resto son siempre voluntarias: “Hoy día mantener un
colegio abierto es un milagro. Te les ves y te las deseas, pero nosotros
tenemos en cuenta el impacto que tiene en los hogares las cuotas, que
van de los 10 euros mensuales a los 70”. E insiste en que se ajustan a
las instrucciones de 1985, cuando el Gobierno socialista creo el sector
de la concertada para hacer frente a la falta de colegios en pleno boom
democráfico y con un alza en la tasa de escolarización.
Observan en CICAE —que agrupa a colegios privados de larga tradición
—como Estudio, SEK o o Brains— una “competencia desleal de centros con
doble financiación (pública y privada)”. Su petición a la Comunidad
coincide, además, con una situación dramática para la enseñanza sin
subvención. Sáinz reconoce que casi todos los colegios han perdido una
clase de infantil, el tramo de edad más afectado por la crisis.
Y es que las familias con miembros en paro hacen un mayor esfuerzo
por mantener al adolescente en el centro si está a punto de terminar. No
obstante, el sector privado ha perdido 7.000 niños en Educación
Infantil en un lustro —ha pasado de representar un 14% del total en 2008
a un 9,7% el curso pasado— o 3.200 en primaria, tras bajar del 12,7% al
10,6% su proporción. En secundaria, son casi 3.000 estudiantes menos y
en bachillerato no bajan el número porque se ha disparado en toda
España: al haber mucho desempleo, los jóvenes alargan sus estudios.
CICAE nació en 2010 como una escisión de nueve colegios de la
Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE). Desde
entonces, los primeros defienden una mayor supervisión de la enseñanza
concertada. ACADE,
por su parte, solo manifiesta que “exige el estricto cumplimiento de la
legalidad en el ámbito de los conciertos educativos en defensa de una
leal competencia”.
Pilar Sáinz, de CICAE, explica que su asociación defiende “una
educación de calidad tanto pública como privada y que sean los padres
quienes elijan”, pero sin doble financiación. Por eso, esta entidad
educativa ha intentado un acercamiento a quienes defienden lo estatal,
“pero no hay una única voz y ellos no quieren ir de mano de la privada”.
La inversión de Madrid por alumno ha bajado un 3,4% en la concertada
en el último año, según los datos de los Presupuestos regionales de 2012
y 2013.
Según el informe de gastos escolares
que cada año presenta FUCI (Federación de Usuarios Consumidores
Independientes), Madrid es la comunidad en la que más cuenta la vuelta
al colegio (1.050 euros de media), muy lejos de los alrededor de 700 de
Galicia, Cantabria o Andalucía. Y los pagos en los colegios concertados
—en este caso los datos son a escala nacional— se acercan más a los
privados que a los públicos. El transporte cuesta en los subvencionados
45 euros mensuales más que en los colegios estatales, la comida 35 al
mes, el material escolar el doble (100) y 20 los manuales de texto."
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