Futuro de la educación pública (2)

Entre quienes defienden la idea de "desmunicipalizar" la educación pública se encuentra J. E. García-Huidobro, cuyo argumento se basa en tres razones:

1. hay una evidente heterogeneidad entre los municipios (recursos y capacidades técnicas versus requerimientos de la población escolar y demandas que plantea el escenario socio-geográfico) que impide la provisión de una educación de igual calidad para todos;
2. el ciclo político de los gobiernos locales dificulta la posibilidad de implementar proyectos de desarrollo educativo a plazos razonables y con la estabilidad necesarias para su sostenimiento; y
3. hay un problema de "marca" o "valoración social" de la educación municipal que bloquea seriamente las posibilidades de cambio y adhesión; la educación municipal es de bajo prestigio y es vista como opción de segunda categoría.

Por otra parte, el grupo de especialistas que firma el documento "Educación pública ahora: no hay excusas", reclama acciones urgentes para: a) revertir la caída de la matrícula municipal; b) apoyar a los sostenedores públicos para mejorar la gestión; c) resolver los desequilibrios financieros más urgentes y asesorarlos en el uso de recursos SEP; d) mejorar el salario docente; y e) crear escuelas públicas donde hoy prácticamente no existen.

Para lo anterior, el grupo propone reformar el financiamiento basado en subvención por matrícula y asistencia, aumentar el gasto en este ítem, definir un sistema diferenciado que reconozca la complejidad de educar en ciertos contextos y crear una línea de financiamiento adicional para las nuevas agencias de administración pública que se crearían. Complementariamente, sugieren definir regulaciones para la creación de nuevos establecimientos, pues el sistema de subvenciones supone un mínimo de alumnos por curso, lo que resulta complejo en escenarios donde la competencia es muy agresiva.

En otra vertiente, el grupo demanda que el Estado asuma su responsabilidad plena como garante del derecho al acceso a la educación pública en todo el territorio nacional, lo que implica crear y mantener establecimientos en todas las localidades, de forma que la educación pública sea la columna vertebral del sistema escolar y no un mero (y minoritario) proveedor. También critican la imagen de un sistema público polarizado, donde una elite asiste a establecimientos emblemáticos y otro grupo a establecimientos de emergencia para poblaciones en riesgo social. Mantener esta bipolaridad es traicionar parte de la naturaleza de la educación pública, aquella parte que exige una escuela inclusiva y no segmentada. Seleccionar a los mejores, de un lado, y acoger sólo a los que no pueden elegir o que han sido rechazados por otro(del otro lado), no hace sino construir o reproducir ghettos. Nada más contrario a la noción de lo público en democracia.

Un factor transversal en estas consideraciones es la gratuidad. La educación pública es educación gratuita y, por ello, incompatible con mecanismos de co-pago. La posibilidad de pago es de suyo un mecanismo de (auto)exclusión y, si se cree en la educación pública, no resulta compatible mantener el financmiento compartido y otros mecanismos de cobro sistemático a las familias. Como afirma García-Huidobro, sin suprimir el financiamiento compartido, será imposible que la educación vuelva a ser vista como un mecanismo democrátivo de igualación social.

Buena parte de estas cuestiones son ignoradas por el proyecto de ley presentado por el gobierno sobre la educación municipal. En éste, no hay espacio para la discusión del rol de Estado en la educación pública escolar, sino una propuesta de re-estructuración administrativa que afecta a un proveedor de servicios educativos. Pero se sabe que la crisis de la educación pública escolar no es sólo un problema de gestión y capacidades; es primero un problema de resposabilidad estatal en la educación y en la configuración de oportunidades y bienestar para todos sus ciudadanos; es un problema en torno al modo en que es significado el concepto de la educación pública; es el problema del rol que esta sociedad quiere asignarle a la experiencia de asistir a una escuela pública; es el problema de la matriz sociocultural, del Chile que se quiere.