Anuncios de reforma (2)

En todo hay algo de verdad, dice un aserto. Y si se acepta esta premisa, se debe reconocer que las medidas anunciadas ayer tienen algunas bases ciertas y responden a problemas sustantivos del sistema escolar. Tienen vacíos importantes, como el no decir nada sobre la dinámica de producción de desigualdad que parece estar en la médula del sistema de mercado educativo y que además es un factor central -no el único, ciertamente- para comprender la crisis de la educación pública; o como el régimen de financiamiento basada en subvenciones a la demanda que no alienta la mejora y que, en cambio, sólo estimula el reclutamiento de alumnos; o como el silencio respecto de la estructura de control y apoyo a los docentes y a la mejora de aprendizajes, que requiere todo sistema escolar; y como el silencio sobre una nueva concepción de escuela que responda a los tiempos actuales y a las tendencias y que incluye un también nuevo sistema de producción de tecnologías y herramientas para la enseñanza.

Estas importantes omisiones constituyen parte del déficit de las medidas de reforma educativa del gobierno actual. En contraste, sus principales avances son varios. En principio, se debe reconocer que las medidas encaran dos nudos críticos del sistema escolar: la calidad de los docentes y la calidad de los directivos. En segundo lugar, hay que admitir que las medidas, aunque anunciadas en forma rimbombante e hiperbólica, son de mediano plazo y, por tanto, tendrían efectos en no menos de 5-10 años. Es discutible, por lo mismo, que se atribuya un sesgo efectista a los anuncios. El gobierno actual probablemente no verá los frutos de buena parte de las medidas.

Sobre los docentes, la apuesta parece ser ir muy gradualmente. Poner incentivos para que mejores egresados de enseñanza media se matriculen en las pedagogías acreditadas es, obviamente, una apuesta que podría tener una incidencia en los aprendizajes escolares cuando estos futuros profesores ejerzan.

A la vez, los premios a los egresados de pedagogía que obtengan los mejores resultados en la prueba INICIA (aceptando la hipótesis de que esta prueba mide lo que tiene que medir para una buena enseñanza) podrían incidir en los aprendizajes de sus alumnos, pero para que esto modifique los resultados nacionales (es decir, que "mueva al alza los promedios SIMCE") se requiere una profunda renovación del conjunto de profesores.

El complemento es el aumento de los premios o bonos para los docentes bien evaluados que luego obtengan la asignación de excelencia pedagógica. Otra vez se trata de un porcentaje bajo del conjunto de docentes.

Acá entra una de las medidas para mejorar la efectividad de la dirección escolar. Se ha propuesto que los directores tengan facultades para cambiar anualmente al 5% de los docentes peor evaluados en el sector municipal (nótese que no se dice nada sobre los docentes del sector privado subvencionado, como si este sector funcionara muy eficazmente). Suponiendo que óptimamente se despejan todos los obstáculos legales para esta disposición (hay que modificar el sistema de evaluación docente y las causales de despido que establece el Estatuto Docente), se podría renovar alrededor del 20% de la planta docente en el periodo presidencial actual, una proporción que sí debiera impactar en los promedios SIMCE.

Los directores, a su vez, deberán suscribir convenios de desempeño sujetos a evaluación a los 3 años y habrán sido seleccionados mediante un Sistema de Alta Dirección Pedagógica. Es decir, debieran ser buenos directores que, a la vez, recibirán mejores salarios y comprometerán su continuidad en el cargo si no logran las metas. Como estos directores tendrán la facultad de remover a los docentes de menor desempeño, se crearía un círculo virtuoso donde habrá presión para mejorar y un líder pedagógico que construya sentidos y encauce el cambio educativo.

Para todo lo anterior hay respaldo empírico y, sobre todo, evidencia comparada, es decir, datos de cómo estas medidas han funcionado en otros países. Son, como ya se ha dicho, propuestas con sustento técnico.

Sin embargo, el problema no es sólo técnico. Se trata de cambios que requieren alianzas y que deben generar confianza entre todos los actores del sistema escolar. No parece prudente imponer cambios que incidirán en una fracción de la comunidad escolar y que podrían ser percibidos como un daño por el resto del conjunto. Las comunidades escolares se fracturarían si hay un 20%-25% de docentes que son mejor remunerados, mientras que los demás no lo son porque sus capacidades resultan menos adecuadas en ese establecimiento y con esos alumnos. Hay suficiente evidencia de que en Chile los docentes enseñan más o menos igual en distintos establecimientos, por lo que las diferencias de resultados de aprendizaje parecen deberse a las características de los alumnos. ¿Cómo se controla este factor en un régimen de incentivos a los mejores y castigo a los peores?

La reforma, o el conjunto de medidas, necesita una base de consensos sobre las buenas razones por las cuales vale la pena cambiar y esto es válido para todos los actores. No sólo para las familias y los alumnos; también para los profesores y directores. Hay que convenir y convencer a todos que abandonar prácticas arraigadas en el sistema escolar y renunciar a los actuales beneficios o condiciones, puede ser mejor para todos, incluso para los perdedores del sistema escolar. Sin este atributo, la llamada "reforma" no tiene buen pronóstico.

(la imagen es de http://macresan.wordpress.com)