Como se dijo antes, la crisis de la matrícula en la educación municipal tiene dos frentes, uno de los cuales es el escaso conocimiento sobre las razones de la elección educativa de las familias. El segundo frente es la caída de la matrícula en sí misma, cuestión que parece más adecuado analizar con cierta autonomía del punto anterior.
Al respecto, un estudio de Ricardo Paredes y Juan Ignacio Pinto (2008) mostró que la matrícula del sector municipal cayó en un 13% entre 2000 y 2006 (lo cual significa 186.000 alumnos), mientras que el sector privado subvencionado aumentó su matrícula un 38% en el mismo periodo, esto es, agregó 386.000 nuevos alumnos. Este proceso se relaciona, según dichos autores, con factores relativos a la demanda (las familias) y a la oferta (los mismos municipios).
Sobre este último punto, es decidor que en 2000 hubiese 5.907 establecimientos municipales y que en 2006, éstos se hayan reducido a 5.649, esto es, por decisión de los mismos municipios, fueron cerrados 259 establecimientos de su dependencia. En contraste, los establecimientos privados subvencionados aumentaron en 746, de 2.697 a 3.443, en igual lapso. Asimismo, la oferta privada pagada cayó de 686 a 449 establecimientos, lo cual sugiere que el avance de la oferta privada subvencionada ha afectado tanto a unos y a otros. No es, por consiguiente, una cuestión de mera preferencia de las familias por lo privado; es por una oferta privada pero a precios accesibles, lo cual se consigue gracias al subsidio estatal. Más claramente, la opción creciente de las familias chilenas es por un mix compuesto por una forma de administración privada con financiamiento público.
Desde la perspectiva de la educación municipal, la caída de la matrícula se convierte en un problema porque ella trae aparejado una caída del número de alumnos por curso (estimada, por los mismos autores, por establecimiento municipal en 50 alumnos menos que sus pares privados hacia 2007). Como el promedio de alumnos por curso para el sistema escolar es de alrededor de 34 alumnos por curso, cuando se tiene un modelo de financiamiento que supone una matrícula de 45 alumnos por curso, resulta evidente el problema de ingresos.
Si a ello se anexa el costo de las remuneraciones docentes del sector municipal, estimado por Valenzuela (2006) en un 30% más alto que las de sus competidores privados subvencionados, más patente resulta el desajuste entre condiciones de gestión de la educación municipal y escenario de competencia. El trabajo de Paredes y Pinto añade otro dato en esta dirección: el costo hora docente en el sector municipal es un 13% más alto que entre sus competidores.
Ciertamente, hay condiciones de financiamiento y requerimientos de gestión distintos para quienes deben operar en un mismo contexto. Visto así, tienen asidero los reclamos de alcaldes que denuncian la evidente asimetría en este campo.
Sin embargo, hay también otras aristas en este problema. Una de ellas es la estrategia de gestión adoptada por muchos municipios, focalizando sus esfuerzos en la contención de gastos y el equilibrio con los ingresos. Sobre esta premisa, se ha fusionado establecimientos y concentrado la oferta municipal en aquellos sectores donde la demanda alcanza los tamaños adecuados; también se han establecido subsidios cruzados entre establecimientos, transfiriendo recursos entre éstos. Ambas medidas, si bien pueden justificarse desde su racionalidad económica, podrían haber generado una señal que tanto la competencia privada subvencionada como las familias habrían comprendido de igual modo: la educación pública sería cada vez más escasa porque cedió espacios y con ello contribuyó o alentó el crecimiento de la oferta privada, restringiendo las opciones de educación gratuita para las familias y, paradoja, afectando a la propia educación municipal. Los análisis de Paredes y Pinto (2008) abonan esta hipótesis: la reducción absoluta de la matrícula municipal no puede atribuirse a una mera disminución de la demanda; al contrario, hacia 2003, las proyecciones de cambios en los ingresos por comuna y el número de habitantes por comuna sugerían que la demanda por matrícula municipal aumentaría.
Por consiguiente, hay otros elementos explicativos de la crisis de financiamiento de la educación pública. La matrícula municipal no ha disminuído sólo porque las preferencias de las familias ahora se inclinan por la educación privada subvencionada, movida por su disconformidad con la calidad del servicio y resultados de las escuelas públicas. También parece haber elementos asociados a la gestión de la educación municipal, en particular, a la ideología o visión alcaldicia de la misma y a la prioridad dada en los hechos a la misma (en otras palabras, es esperable que un alcalde partidario de la educación pública haga mayores esfuerzos por preservar la oferta municipal que un alcalde partidario de la gestión privada de la educación, quien no vería como un problema reducir el tamaño de sistema municipal de educació, eliminando un establecimiento si éste es insolvente); a la imaginación y flexibilidad con que se encara el problema de la retención y aumento de matrícula en cada establecimiento; y a la permanente tensión entre la gestión local, las orientaciones ministeriales y sus (des)bordes operativos en los establecimientos municipales.
Ciertamente, hay condiciones de financiamiento y requerimientos de gestión distintos para quienes deben operar en un mismo contexto. Visto así, tienen asidero los reclamos de alcaldes que denuncian la evidente asimetría en este campo.
Sin embargo, hay también otras aristas en este problema. Una de ellas es la estrategia de gestión adoptada por muchos municipios, focalizando sus esfuerzos en la contención de gastos y el equilibrio con los ingresos. Sobre esta premisa, se ha fusionado establecimientos y concentrado la oferta municipal en aquellos sectores donde la demanda alcanza los tamaños adecuados; también se han establecido subsidios cruzados entre establecimientos, transfiriendo recursos entre éstos. Ambas medidas, si bien pueden justificarse desde su racionalidad económica, podrían haber generado una señal que tanto la competencia privada subvencionada como las familias habrían comprendido de igual modo: la educación pública sería cada vez más escasa porque cedió espacios y con ello contribuyó o alentó el crecimiento de la oferta privada, restringiendo las opciones de educación gratuita para las familias y, paradoja, afectando a la propia educación municipal. Los análisis de Paredes y Pinto (2008) abonan esta hipótesis: la reducción absoluta de la matrícula municipal no puede atribuirse a una mera disminución de la demanda; al contrario, hacia 2003, las proyecciones de cambios en los ingresos por comuna y el número de habitantes por comuna sugerían que la demanda por matrícula municipal aumentaría.
Por consiguiente, hay otros elementos explicativos de la crisis de financiamiento de la educación pública. La matrícula municipal no ha disminuído sólo porque las preferencias de las familias ahora se inclinan por la educación privada subvencionada, movida por su disconformidad con la calidad del servicio y resultados de las escuelas públicas. También parece haber elementos asociados a la gestión de la educación municipal, en particular, a la ideología o visión alcaldicia de la misma y a la prioridad dada en los hechos a la misma (en otras palabras, es esperable que un alcalde partidario de la educación pública haga mayores esfuerzos por preservar la oferta municipal que un alcalde partidario de la gestión privada de la educación, quien no vería como un problema reducir el tamaño de sistema municipal de educació, eliminando un establecimiento si éste es insolvente); a la imaginación y flexibilidad con que se encara el problema de la retención y aumento de matrícula en cada establecimiento; y a la permanente tensión entre la gestión local, las orientaciones ministeriales y sus (des)bordes operativos en los establecimientos municipales.
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