Siguen las opiniones sobre liceos emblemáticos (o de excelencia, como prefieren llamarlos otros), todo ello a partir de los resultados PSU de un par de liceos tradicionales de Santiago. La discusión es si se debe reponer la selección por "mérito" o antecedentes académicos en liceos estatales o si estos liceos, en tanto públicos, deben ser tratados de igual manera que todos los otros establecimientos estatales, lo que implica que no podrán seleccionar sus estudiantes mediante exámenes de ingreso, sino aplicando los criterios generales que la ley de inclusión define (ley 20.845).
A favor de un sistema escolar que incluya liceos estatales donde se concentren estudiantes con talentos académicos (o de otro tipo), se pronuncia la carta de Sylvia Eyzaguirre (Liceos de Excelencia), del Centro de Estudios Públicos, en El Mercurio (9 de enero):
"Señor Director:
El Dr. Abraham Magendzo, en su carta de días atrás, sostiene que existe una tendencia mundial para que los establecimientos educativos sean "un lugar de encuentro entre los talentosos y los no tan talentosos".
En primer lugar, nadie niega que la mayoría de los establecimientos escolares son colegios inclusivos, que no seleccionan por mérito, pero ello no impide que existan algunos pocos liceos de excelencia, como se observa en la gran mayoría de los países. También es importante recordar que cuando hablamos de liceos de excelencia no solo se está considerando a los liceos de excelencia académica, sino también a los conservatorios de música y danza, liceos deportivos de alto rendimiento, etcétera.
¿Me gustaría saber en qué países del mundo se ha prohibido a los conservatorios seleccionar a partir de los 12 años a sus estudiantes en función de sus talentos? En segundo lugar, la evidencia internacional disponible señala que en los países en vías de desarrollo los liceos de excelencia académica agregan valor a sus estudiantes, en línea con la escasa evidencia nacional. Atendiendo a la inequidad de nuestro sistema escolar, a la paupérrima oferta escolar de calidad financiada por el Estado y a la incipiente evidencia que nos muestra que estos liceos sí contribuyen a mejorar las oportunidades de los alumnos que no pueden pagar un colegio particular pagado, me pregunto si el señor Magendzo está dispuesto a terminar con estos liceos, aun cuando ello implique reducir más las oportunidades de nuestros jóvenes vulnerables para entrar a una universidad de excelencia."
Un mayor desarrollo de los argumentos de Sylvia Eyzaguirre se puede consultar en la web del Centro de Estudios Públicos. Allí hay un trabajo reciente de Eyzaguirre llamado "¿Por qué Liceos de Excelencia?".
En contra de esta posibilidad y sus beneficios, hay muchas voces. Transcribo parte de una columna titulada "Selección en los liceos emblemáticos: ¿fortaleciendo la educación pública?", en El Mostrador (también hoy 9 de enero), firmada por Gonzalo Oyarzún y Eduardo Santa Cruz. Cito algunos fragmentos:
"Como forma de paliar la inequidad educativa, algunos postulan la creación de una "élite meritocrática", de forma de asegurar que, al menos, quienes asistan a los liceos emblemáticos puedan romper las lógicas de cierre social que imperan en nuestra segregada sociedad (Cociña, 2013).
Esta solución, que puede ser adecuada para aquellos estudiantes que logran ingresar a dichos establecimientos, no parece apropiada para el conjunto de los estudiantes de dichos sectores sociales ni menos para el fortalecimiento de la educación pública en su conjunto. Esta requiere ser reinventada a partir de nuevas bases: democráticas, igualitarias, inclusivas y de excelencia.
Sin embargo, lo que la opinión pública puede observar es que, en vez de propender a un horizonte donde todas las escuelas sean homogéneas en calidad e integradas socialmente, se postula apresuradamente la creación de “normas especiales” para un grupo de establecimientos emblemáticos. La señal política que se ofrece es que la única manera de obtener excelencia dentro del sector público es replicando uno de los tantos mecanismos excluyentes propios del sector privado: la selección académica. Por el contrario, urge defender la posibilidad de una educación pública radicalmente democrática y transformadora, construcción histórico-social que se encuentra en el porvenir, que otorgue mayor igualdad de oportunidades de educación al conjunto de la población, lo que generaría, a su vez, mejores resultados educativos (Dupriez y Dumay, 2006).
Por otra parte, el término progresivo de la selección en los emblemáticos está ocurriendo en un marco de políticas profundamente adversas y que la actual administración se ha negado a reformar. Un lugar central en esto lo ocupa el sistema de aseguramiento de la calidad, donde se consagran políticas de rendición de cuentas en la que se clasifican escuelas y distribuyen recursos e incentivos a instituciones, docentes y directivos, principalmente en función de los resultados en la prueba SIMCE (Falabella y Opazo, 2014).
Es conocida la elevada correlación existente entre los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas y el nivel socioeconómico (NSE) de los estudiantes que asisten a las escuelas (García-Huidobro, 1999). Esta lógica de rendición de cuentas solo viene a fortalecer la tentación de preferir a aquellos que resultan más fáciles de educar y excluir, al inicio o durante la trayectoria escolar, a quienes son menos capaces de responder adecuadamente test estandarizados.
En ese contexto, escuelas, principalmente públicas que atienden a sectores populares, que la nomenclatura oficial denomina como vulnerables, son, bajo un prisma reduccionista, calificadas y sancionadas como “malas escuelas”, pese a que las diferencias de logro se explican por la distribución social de la matrícula en el sistema educativo, y no por la dependencia administrativa de las escuelas (Bellei, 2003, 2007; Mizala, Romaguera y Urquiola, 2007). Por lo mismo, resulta contradictorio, por una parte, presionar indistintamente a todas las escuelas por “buenos resultados” (asociados estos, a su vez, a altas consecuencias) y, por otro, exigir dinámicas de inclusión y cooperación excluyendo regulaciones y exigencias al sector particular pagado (quienes sí pueden seleccionar económica y académicamente a sus estudiantes)."
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