Escuelas inviables

Fuente: http://www.redmaule.com

Hace ya algunas semanas, el CIDE organizó un coloquio titulado "¿Cuándo cerrar una escuela mala?", cuyo trasfondo fue la puesta en marcha de la Agencia de Calidad de la Educación en Chile. En la ocasión, las ponencias de Gonzalo Muñoz y Alejandra Falabella estuvieron centradas en el ánalisis de la Agencia de Calidad y sus implicancias para el sistema escolar, argumentando que la pregunta inicial sobre el cierre de escuelas puede llevar a confusión o reducción.

Las tareas de la Agencia de Calidad son conocidas: a) evaluación de aprendizajes y escuelas; b) ordenación y clasificación de éstas en 4 niveles según desempeño de sus estudiantes y otros indicadores aun no conocidos (tampoco su ponderación); c) información de lo anterior a los propios establecimientos, la comunidad escolar y la sociedad en general. El proceso también incluye sugerencias y orientaciones de mejora que los establecimientos deben implementar con el apoyo del MINEDUC o de entidades privadas de asistencia técnica. El supuesto es que estas orientaciones posibilitarán un cambio y el despegue de la escuela; la escuela adquiere compromisos y la Agencia volverá a evaluar los progresos luego de cierto plazo donde se espera que los cambios hayan sido implementados y mejorado los resultados; en caso extremo, la escuela que no ha logrado un desempeño suficiente luego de 4 años, arriesga el cierre.

El ánimo de la Agencia es implementar mecanismos de responsabilización (accountability), mediante el juicio de la calidad del establecimiento y sus resultados, para lo cual recurrirá a metas y estándares de desempeño. La información a la comunidad es parte de la comprensión de la responsabilidad social que tiene cada escuela y el Estado con la sociedad, tanto porque hay recursos públicos comprometidos, como porque hay una obligación estatal de asegurar la adecuada implementación del derecho a la educación. La Agencia no proveerá apoyos, pero hará recomendaciones de mejora que debieran configurar un plan de cambios y el desarrollo de capacidades en las escuelas. Como es lógico, esto requerirá una estrecha coordinación con los sistemas de asesoría pública y privada y, mas aun, exigirá el aseguramiento de calidad de estos servicios.

Si, pese a todo este andamiaje de evaluación, información y apoyo, la escuela no logra alcanzar desempeños suficientes, arriesga el cierre. ¿Qué significa el cierre? la escuela dejará de contar con el reconocimiento oficial estatal que hace válidos los estudios allí cursados y que posibilita el acceso al financiamiento público. La escuela se hará inviable.

¿Cómo se llega a dictaminar que una escuela no debe ser existiendo? Técnicamente, una alternativa es juzgar el desempeño estimando el "efecto Escuela" o el valor agregado, lo cual supone complejas operaciones estadísticas que sustenten una "responsabilización justa", esto es, técnicamente válida, (sin sesgos asociados a la selección de estudiantes que realizan los propios establecimientos y controlando las influencias exógenas) y socialmente coherentes y comprensibles. Más claramente, se trata de estimar la influencia o aporte de la escuela en los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, aislando o identificando cuál es la variación de estos resultados que se puede atribuir al accionar escolar, habida cuenta de la condición inicial de los estudiantes y del aprendizaje esperado que éstos hubiesen alcanzado en una escuela promedio. El resultado esperado es una clasificación de escuelas como la provista por un estudio de la UDP, según el cual las escuelas que agregan valor en Chile representan cerca del 30% del total. 

Como se avizora, el problema de clasificar escuelas según su desempeño es técnicamente muy difícil y las soluciones disponibles son diversas y cuestionables, dicen Carrasco y San Martín (2012), en un reciente paper sobre el tema. Por de pronto, la diferencia entre el pronóstico de aprendizaje en una escuela promedio y el pronóstico promedio para una escuela en concreto se ve influida por variables externas (típicamente, la condición socioeconómica de los estudiantes) e internas (la selección de alumnos, la agrupación también intencionada de éstos en los cursos, la calidad de la docencia, el liderazgo directivo, etc.). Por tanto, ordenar y clasificar las escuelas para juzgar su desempeño y eventual continuidad de funcionamiento puede ser más complejo aun, especialmente si se tienen a la vista las consecuencias sociales y políticas de esta categorización.

Uno de los problemas críticos de esta posibilidad, incluso suponiendo que se alcanza un consenso técnico sobre el modo de estimar el valor agregado, es que hay elementos estructurales regulatorios que introducen sesgos inherentes al sistema escolar, a saber, la selección de alumnos y el copago (o financiamiento compartido). Otro elemento estructural interviniente es la diferencia de obligaciones y de legislación en que operan los establecimientos subvencionados municipales y privados (la dependencia administrativa). Y otro elemento macro es la denominada "segregación espacial" o "efecto vecindario" que inevitablemente entra al aula e impregna la experiencia escolar (basta pensar en la riqueza y densidad de las interacciones entre estudiantes y sus familias; y entre pares en distintos escenarios sociales). 

Otro de los problemas críticos a resolver es que algunos de los factores o variables intra-escuela no son controlables o gestionables en igual medida en todos los casos, debido en buena parte a esos elementos estructurales antes enunciados. Un  ejemplo claro de cómo no se cumple este supuesto de controlabilidad es la composición y gestión docente: los establecimientos privados subvencionados tienen herramientas de presión e incentivos distintas de las escuelas municipales.

Por consiguiente, ¿es posible definir qué escuelas son inviables y deben ser cerradas?, ¿se puede sostener y defender que una escuela, luego de 4 años, debe ser clausurada porque no ha logrado mostrar que es capaz de mejorar por sus propias acciones ni aportar valor a los aprendizajes de sus estudiantes?; al contrario, ¿será posible decir que la Agencia de Calidad habrá demostrado que una escuela es exclusiva y enteramente responsable de una incapacidad sostenida para alcanzar y mantener mínimos de institucionalidad y desempeño tales que lo mejor para sus estudiantes es dejar de asistir a ella?, ¿se puede ser responsable de ser incapaz? Las preguntas parecerán retóricas mientras no se llegue a un consenso sobre el proceso, los recursos y apoyos pedagógicos necesarios para mejorar los aprendizajes escolares a niveles de estándar mínimo nacional ni se legitime las consecuencias cuando nada ha funcionado y no quede sino admitir que la escuela debe cerrar.