Mientras tanto, el mundo político intenta llevar el conflicto hacia su cauce, negociando en el Congreso, postura claramente ventajosa para el gobierno. Se apoya, dice El Mercurio, en encuestas internas según las cuales la gente quiere "orden" y que se llegue a acuerdo. Agregó que:
"Junto con ello, en La Moneda se evaluó que otros dos hechos concretos habían marcado la necesidad de cambiar de estrategia.
Uno de ellos fue la inasistencia de los presidentes de la Concertación a la cita en La Moneda a la que fueron convocados por el Presidente Sebastián Piñera, precisamente para tratar el conflicto educacional.
A esto se agregó la dura postura que el ministro de Educación, Felipe Bulnes, encontró en los dirigentes estudiantiles y gremiales tras dar a conocer las propuestas de su cartera.
Ese escenario, se concluyó en el Ejecutivo, sólo mostraba un entrampamiento del diálogo. De ahí que se decidiera trasladar el debate al Congreso.
En esa lógica, ayer Bulnes asistió a la Comisión de Educación del Senado donde se reunió con los senadores Ignacio Walker (DC), Jaime Quintana (PPD) y Carlos Cantero (independiente). Allí expuso la propuesta del Gobierno y escuchó los planteamientos de los legisladores.
Después, el titular de Educación y el vocero Andrés Chadwick se reunieron en la Vicepresidencia de la Cámara Alta con el presidente y el vicepresidente del Senado, Guido Girardi y Juan Pablo Letelier.
La visión del Ejecutivo coincidió, además, con la postura que tomó el Congreso a comienzos de semana de tomar un rol en la materia al convocar en el Parlamento a una mesa de trabajo donde participen todos los actores involucrados en el tema. Y ayer, en Valparaíso, los presidentes de las dos Cámaras evidenciaron la disposición que existe para radicar el conflicto en el Parlamento".
El mismo medio trae una editorial donde enfatiza los puntos de convergencia entre el documento presentado por la Concertación y la respuesta ministerial conocida el lunes pasado. Con todo, al diario le interesa destacar los puntos de diferencia, entre ellos la idea concertacionista del financiamiento basal para la educación escolar, la apertura de una vía especial de acceso a la educación superior para el 10% de los alumnos con mejores promedios de notas de la enseñanza media, la creación de una red de instituciones de formación superior técnica y profesional y la escala de la desmunicipalización (el gobierno la acota a los municipios de bajos resultados en el SIMCE; la Concertación estima que debe ser total).
Otro insumo para el debate es la carta de Juan Edo. García-Huidobro, quien advierte una contradicción radical en el documento ministerial. Lo expone así:"El reciente documento del Gobierno sobre propuestas educativas posee una contradicción en el modo de plantear la relación entre derecho a la educación y el dinero, que importa poner de manifiesto, para contribuir a su superación.
El documento reconoce "el derecho de los padres y de los jóvenes a elegir entre las distintas modalidades educacionales". Con lo cual se pone en línea con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26, señala: "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".
Más aún, para enriquecer esta elección el documento atribuye al Estado el deber de "promover la existencia de proyectos educativos diversos y dotar a las familias y jóvenes de la información para tomar decisiones adecuadas (...) y asegurar la existencia de condiciones financieras para que efectivamente ellos dispongan de alternativas y puedan elegir".
Todo parece claro. Los padres deben poder elegir la escuela a la que asisten sus hijos. Para que esto sea de verdad posible, el Estado financia, mediante la subvención, diversos proyectos particulares, asegurando así que todos puedan elegir entre ellos.
Pero todo se confunde al párrafo siguiente. Resulta que las familias tienen otro derecho nuevo -que no forma parte de ninguna declaración conocida- y que es "aportar" dinero para la educación de sus hijos. Dicho en forma más directa y cruda: tienen derecho a que, los mismos establecimientos que reciben plata del fisco para posibilitar su libertad de elegir, les cobren -acogiéndose al sistema de financiamiento compartido- para poder hacer posible esa elección.
El documento afirma textualmente que "la libre elección de las familias del establecimiento donde educar a sus hijos", "no es incompatible con el derecho de éstas de aportar a su educación, alternativa muy valorada por una gran mayoría de padres y que consideramos fundamental preservar".
En claro: se reconoce el derecho de la familia de elegir la educación de sus hijos y, al mismo tiempo, se erige en "derecho" el tener que pagar la educación que elige para sus hijos. En castellano: sólo tienen de verdad derecho a elegir entre varios colegios quienes tienen los recursos necesarios para pagar la colegiatura que esos colegios cobran. Todavía más claro: las "modalidades educacionales" como el resto de los productos en el mercado "poseen diversos precios"; quien puede pagarlos tiene derecho a pagarlos y podrá de verdad elegir; quien no puede pagarlos no podrá ejercer su derecho a elegir (y tampoco el nuevo dignificante derecho de "aportar" financieramente a la educación de sus hijos).
Superar la contradicción parece fácil: si de verdad se quiere ampliar la libertad de enseñanza, entendida como la facultad que todos los padres y madres tienen de escoger la educación que se quiere para los hijos, hay que terminar con el financiamiento compartido."
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