Las opiniones de los estudiantes en el Senado chileno

Las diversas intervenciones de los dirigentes estudiantiles en la Comsión de Educación del Senado muestran una preparación destacada, con argumentos que superan la consigna. El blog ZERT.PATEANDO LA PERRA, contiene todas las opiniones de estos dirigentes, algunas en video y otras transcritas. Copio la de José Ancalao, de la Federación Mapuche de Estudiantes.

Nuevos anuncios del MINEDUC

En vísperas de una nueva marcha, el ministro Bulnes presentó una nueva agenda de cambios en educación, con claro énfasis en educación superior. Los anuncios fueron organizados en " 4 ejes" y son:

1. Endeudamiento estudiantil en la educación superior
2. Fiscalización al lucro en la educación superior
3. Desmunicipalización
4. Garantía constitucional a una educación de calidad

Respecto del primer punto, el sitio del MINEDUC informa que se reducirá al 2% el interés anual del CAE, el mismo que hoy tiene el Fondo de Crédito Solidario, y que los alumnos del 40% de hogares de menores ingresos tendrán becas, mientras que el 20% de estudiantes de las familias que siguen tendrán acceso a un paquete de becas y créditos que asegure el acceso y permanencia en la educación superior. Como se recordará, el primer anuncio al respecto acotaba las ayudas al 40%; con la nueva propuesta, el 60% de los estudiantes tendrán algún tipo de ayuda estatal. Se trata de un evidente avance, comparado con la situación actual.

Sobre el lucro, el anuncio es que finalmente el gobierno fiscalizará que la ley se cumpla "en su espíritu y letra", señalando que la futura Superintendencia se ocupará de ello. No hay, por tanto, novedad acá, sino una ratificación de la decisión gubernamental de no ceder a la demanda estudiantil de suprimir el lucro en la educación superior.

En la educación municipal, el anuncio es una confirmación de lo antes dicho: se da por agotado el esquema actual de administración municipal y se propone la creación de nuevas entidades de derecho público, descentralizados, con integración de representantes de la comunidad y con autoridades elegidas por el sistema de Alta Dirección Pública. Como en el caso anterior, es exactamente lo anunciado antes, lo cual a su vez no hizo sino confirmar aquello que el MINEDUC anunció en diciembre de 2010.

Por último, el gobierno señala que enviará un proyecto de reforma constitucional para garantizar el derecho a una educación de calidad. El Ministro Bulnes señaló además que quienes incumplan los estándares, se expondrán a sanciones tales como la supresión del aporte estatal, luego del reconocimiento y finalmente el cierre del establecimiento. Con lo anterior, queda claro que el ministro hablaba de las sanciones que la LGE ya establece para los malos sostenedores del sistema escolar y que la Agencia de Calidad y la Superintedencia deberán fiscalizar. No hay, una vez más, cambio respecto de lo que hoy la ley prescribe. Y si además se recuerda que aun no se conocer una conceptualización de lo que el MINEDUC entiende por "una educación de calidad", se tiene un escenario poco novedoso y con una cuota importante de incertidumbre. La LGE entiende la calidad de manera estrecha: es el logro de objetivos y estándares de aprendizaje medidos en pruebas nacionales como el SIMCE. Tal vez la discusión sobre la garantía constitucional sea una buena oportunidad para profundizar en el concepto.

Las primeras reacciones de los estudiantes y profesores fueron de escepticismo e interrogantes, lo cual es lógico si estos anuncios son entendidos como una re-escritura del llamado "GANE" y de algunas de las 21 medidas. Se trata, por consiguiente, de una tercera versión de un mismo texto, con ventajas respecto de los anteriores pues tácitamente se jerarquizan los temas en discusión y se inaugura una agenda corta de discusión. De paso, quedarán postergados los otros focos críticos: la supresión del financiamiento compartido, la reforma a la educación secundaria, la revisión de la institucionalidad de la educación superior no universitaria, el up-grade del sistema de acreditación, la ampliación y mejora de la calidad de la educación parvularia y otros temas.

¿Qué impide al gobierno innovar o presentar una auténtica revolución en su agenda? Pues sus convicciones, intereses y el pragmatismo que los emulsiona. En las primeras, es central el respeto a la propiedad privada, la participación y emprendimiento del sector privado en la educación, la competencia y el lucro, entendido por ellos como la justa retribución al esfuerzo y al riesgo de inversión. El gobierno entiende que la propiedad es un valor cardinal que no puede dejar de preservar. Por lo mismo, no se abre a la discusión sobre si quienes por 30 años han invertido en el sistema escolar, deben dejar de hacerlo ahora. Tampoco admite del todo la idea de que el lucro puede ser un peligroso ingrediente cuando opera en contextos educativos, sobre todo si se conjuga con bajas regulaciones y alta opacidad en la información. El lucro, no obstante, sí es un incentivo perverso cuando se administra la calidad del servicio educativo para no sacrificar las utilidades esperadas. Y si además este lucro se funda en el uso de recursos públicos, destinados a asegurar la provisión de un bien público como la educación, no puede sino ser rechazado. La educación es un derecho; no una prestación.

Los intereses también inhiben la creatividad gubernamental. Ya sabe que políticos de su sector y de la misma Concertación, además de grupos de presión como los sostenedores privados que reciben subvención estatal, se opondrán tenazmente a que las inversiones realizadas -la mayoría con el aval que implica la regularidad de la subvención y ayuda estatal- dejen de generar utilidades. Vale la pena recordar que el lucro no es sólo un problema de la educación superior, pues toda la educación obligatoria está disponible para que sociedades comerciales creen establecimientos y, además de la subvención estatal, consideren el cobro a las familias. ¿Hay horizonte de negocio más seguro que aquel donde se proveen servicios que ineludiblemente todos deben adquirir? Para qué añadir que en el caso de la educación superior, la garantía estatal a los créditos también provee un promisorio escenario de inversión, ya no sólo para los operadores de educación, sino además para los bancos.

Hay que reconocer el esfuerzo gubernamental: los 4 ejes se acercan a las demandas del movimiento estudiantil. Es, no obstante, un acercamiento instrumental. Con todo, en esta instrumentalidad, indiscutiblemente abren posibilidades antes no consideradas por el mismo gobierno. Si se concretan, a todas luces construyen un mejor horizonte para los que acceden a la educación superior. No se puede decir lo mismo sobre la cuestión del lucro y la garantía de calidad de la educación. Aun queda mucho por discutir.

Intevención de G. Jackson en el Senado

Giorgio Jackson y otros dirigentes del movimiento estudiantil expusieron ayer en la Comisión de Educación del Senado, que discute un proyecto de ley para regular el lucro en educación. La ponencia de Jackson se puede ver acá:

Dos mundos y un problema

El documento "Bases para un acuerdo social por la educación chilena" sintetiza el conjunto de demandas de diverso orden que plantea el movimiento ciudadano. Los principales puntos son:

1. Consagrar el Derecho a la Educación de manera preferencial y, de este modo, invertir el peso asignado en la Constitución a aquél respecto de la Libertad de Enseñanza. Se trata de un reforma constitucional de difícil logro, pues remueve la matriz que desde 1980 prima en la educación chilena.
2. Para lo anterior, además, el movimiento postula la (re)creación de un sistema nacional de educación pública, que sería gratuito, democrático y de calidad, organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles. Otra vez, la demanda es el reverso del sistema actual, donde a todas luces y crecientemente predomina una oferta no estatal, organizada más bien con criterios de cuasimercado. El sistema, dice el documento, debe ser autónomo y democrático, pues de este modo sería una instancia libre de injerencias particulares.
3. Con la fórmula anterior, el sistema educacional abandonaría además el fin de lucro que anima a buena parte de sus oferentes, sobre todo en la educación superior.
4. Para el sistema escolar, el foco del documento está en dos puntos: el término de la administración municipal de la educación pública y la regulación del crecimiento de la educación privada subvencionada. Para lo primero, se crearía un Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación y se modificaría el sistema actual de financiamiento, reemplazándolo por otro de financiamiento basal, lo cual se acompaña del término progresivo del financiamiento compartido y de toda forma de lucro con fondos públicos. Y para lo segundo, se propone la suspensión de la apertura de nuevos establecimientos privados subvencionados, hasta resolver los criterios que permitan regular y justificar la creación de establecimientos.
5. A la vez, se postula una nueva Carrera Docente, con aumentos de salarios desde el comienzo de la carrera, de forma que incentivar a que los mejores talentos estudien pedagogía, formación sujeta a una exigente acreditación. Para los docentes en ejercicio, además del aumento de salarios, se indica que debe revisarse la proporción de horas lectivas y no lectivas, a fin de promover la reflexión y desarrollo profesional.
6. Por otra parte, se reclama la creación de una política de desarrollo de la educación técnica que integre o articule la oferta del nivel medio y superior.
7. La educación superior debiera ser un bien público, dice el documento, y por lo mismo, guiada por una política nacional y un fuerte aumento del gasto público, que al menos alcance los niveles de participación en el PIB que tiene el promedio de países OECD.
   
8. Con todo, las universidades públicas (estatales) deberían contar con un financiamiento basal, al tiempo que se aumentan los montos por Aporte Fiscal Directo (AFD) de libre disposición para la universidades del CRUCH que, anualmente, debiera ser reajustado junto con el IRSP (índice de reajuste del sector público).
9. Para las universidades tradicionales, se propone un Fondo de Revitalización de libre disposición, asignado con preferencia a la universidades estatales, regionales,atendiendo además la socioecónomica del alumnado y la relación entre la deuda y el presupuesto de esas universidades.
10. Se propone además disminuir el peso de la PSU en los procesos de admisión y analizar otros mecanismos complementarios.
11. Se revisarán todos los aranceles.
    
12. Se crearía un nuevo sistema de financiamiento, con becas para los alumnos provenientes de familias del 70% de menores ingresos y un Fondo Solidario de Créditos para el 30% restante de familias de mayores ingresos que ingreses a universidades que no lucren. Se terminaría de esta forma con el sistema de crédito con garantía estatal que hoy predomina.
13. Este sistema de financiamiento será para las universidades estatales y para las privadas que estén acreditadas en todas las categorías, que no tengan fines de lucro y que demuestren transparencia total en el uso de sus recursos financieros.
14. Se crearía una Superintendencia de Educación Superior y se reformaría el Sistema de Acreditación, dejándolo en manos de entidades públicas autónomas y transparentes.
15. Se propone también la creación de una universidad estatal intercultural.
16. Finalmente, se indica que el sistema de educación superior formado por CFT y IP deberá dejar de tener fines de lucro. Además, el Estado deberá crear una red nacional de Educación Técnica Superior gratuita y de calidad.
    

Al petitorio, el MINEDUC respondió con una sistematización de su programa de gobierno, una síntesis de lo ejecutado del mismo, conectándolo con el efecto esperado de nuevas leyes (como la del Sistema de Aseguramiento, recientemente promulgada) y algunas propuestas nuevas, tales como la Superintendencia (concesión que debió hacer luego que los rectores del CRUCH estimaran insuficiente el anuncio de la creación de una Subsecretaría de Educación Superior) para la efectiva fiscalización del lucro, la revisión de la administración municipal en aquellos casos donde los resultados educativos fueran insuficientes y la revisión de las tasas de interés aplicados a los créditos con garantía estatal. En rigor, poco para las expectativas del movimiento estudiantil; poco para que los líderes de éste estimaran que habían sido genuinamente escuchados.

No cabe duda que mientras se mantengan las posiciones hasta ahora defendidas, no habrá solución al conflicto. El punto no pasa por la obsecuencia de uno o la tozudez del otro; la cuestión es que las partes están en mundos distintos: los estudiantes piden un cambio del sistema que supone reemplazar la matriz y los supuestos del mismo, mientras que el gobierno plantea una solución que puede ser implementada dentro de los márgenes del sistema y que, por lo mismo, no implica un renovación de supuestos ni de la matriz. Y mientras cada parte se mantenga en su posición y haga lo que haga dentro de esos márgenes, no podrá resolverse el conflicto.

Por otra parte, el gobierno y los políticos y especialistas que hoy acusan de intransigencia a los estudiantes, parecen haber naturalizado un orden o status quo que - a juicio de los movilizados- es el mismo que tiene al sistema educacional en crisis. Estos políticos y expertos presumen que el sistema admite mejoras que lo harán más justo y de calidad, con medidas tales como una fiscalización rigurosa del lucro, un sistema de acreditación más exigente, tasas de interés del orden del 4% anual, con cobros limitados al 5% de los ingresos anuales del deudor si está empleado y con suspensión de cobro si no lo está, etc. Tácitamente, lo que dicen estos políticos y especialistas, es que el sistema es perfectible, que sus principios son correctos y que hay que renovar instrumentos y criterios, más no abandonar la matriz. El gobierno, algunos políticos y algunos especialistas, se han abierto a reconocer que algo está mal, que algo no funciona en el sistema educacional, pero siguen defendiendo la estructura y sus reglas medulares.

Los movilizados, a su vez, preguntan cuándo es que en Chile se internalizó la comprensión de la educación como un bien cuyo valor es eminentemente privado, transable, sujeto a precios y calidades de mercado; cuándo es que Chile comenzó a naturalizar y legitimar la desigualdad en el acceso, trayectoria y resultados educativos. Cuándo es que Chile asumió que el Estado es de suyo un mal administrador y que la participación privada es siempre virtuosa y que la competencia es un acicate para la calidad. Los movilizados no interrogan sólo los instrumentos; interrogan los supuestos del modelo.

Lugares comunes falsos en Educación (Fernando Atria)

CIPER viene publicando desde hace algunas semanas un serie de columnas de Fernando Atria, basadas en su libro "Mercado y ciudadanía en la Educación", con el título de esta entrada. Su lectura es altamente recomendable, sobre todo para quienes no leen aun el libro publicado por Flandes Indiano.

Los mitos o lugares comunes falsos publicados hasta ahora son:

1. El sistema permite elegir la educación de los hijos
2. Es injusto que el Estado financie la educación de todos
3. No hay nada malo en que las familias que lo deseen, hagan aportes adicionales para la educación de sus hijos (financiamiento compartido)
4. La selección que hacen los colegios es una forma de premiar el esfuerzo y el talento
5. El lucro en la educación no tiene nada de malo
6. Prohibir la selección de estudiantes es nivelar hacia abajo

Sin avances

Luego de conocerse la propuesta del MINEDUC, las diversas partes se han mantenido en sus posiciones. Seguramente, el gobierno esperaba una apertura, pero el movimiento estudiantil ha estimado que la propuesta es "más de lo mismo" y ha optado por mantener las movilizaciones, si bien se ha abierto a deponer tomas para restablecer la enseñanza en universidades y liceos, sin que ello implique abandonar sus posiciones ni sentarse a negociar.

Mientras tanto, el mundo político intenta llevar el conflicto hacia su cauce, negociando en el Congreso, postura claramente ventajosa para el gobierno. Se apoya, dice El Mercurio, en encuestas internas según las cuales la gente quiere "orden" y que se llegue a acuerdo. Agregó que:

"Junto con ello, en La Moneda se evaluó que otros dos hechos concretos habían marcado la necesidad de cambiar de estrategia.

Uno de ellos fue la inasistencia de los presidentes de la Concertación a la cita en La Moneda a la que fueron convocados por el Presidente Sebastián Piñera, precisamente para tratar el conflicto educacional.

A esto se agregó la dura postura que el ministro de Educación, Felipe Bulnes, encontró en los dirigentes estudiantiles y gremiales tras dar a conocer las propuestas de su cartera.

Ese escenario, se concluyó en el Ejecutivo, sólo mostraba un entrampamiento del diálogo. De ahí que se decidiera trasladar el debate al Congreso.

En esa lógica, ayer Bulnes asistió a la Comisión de Educación del Senado donde se reunió con los senadores Ignacio Walker (DC), Jaime Quintana (PPD) y Carlos Cantero (independiente). Allí expuso la propuesta del Gobierno y escuchó los planteamientos de los legisladores.

Después, el titular de Educación y el vocero Andrés Chadwick se reunieron en la Vicepresidencia de la Cámara Alta con el presidente y el vicepresidente del Senado, Guido Girardi y Juan Pablo Letelier.

La visión del Ejecutivo coincidió, además, con la postura que tomó el Congreso a comienzos de semana de tomar un rol en la materia al convocar en el Parlamento a una mesa de trabajo donde participen todos los actores involucrados en el tema. Y ayer, en Valparaíso, los presidentes de las dos Cámaras evidenciaron la disposición que existe para radicar el conflicto en el Parlamento".

El mismo medio trae una editorial donde enfatiza los puntos de convergencia entre el documento presentado por la Concertación y la respuesta ministerial conocida el lunes pasado. Con todo, al diario le interesa destacar los puntos de diferencia, entre ellos la idea concertacionista del financiamiento basal para la educación escolar, la apertura de una vía especial de acceso a la educación superior para el 10% de los alumnos con mejores promedios de notas de la enseñanza media, la creación de una red de instituciones de formación superior técnica y profesional y la escala de la desmunicipalización (el gobierno la acota a los municipios de bajos resultados en el SIMCE; la Concertación estima que debe ser total).

Otro insumo para el debate es la carta de Juan Edo. García-Huidobro, quien advierte una contradicción radical en el documento ministerial. Lo expone así:

"El reciente documento del Gobierno sobre propuestas educativas posee una contradicción en el modo de plantear la relación entre derecho a la educación y el dinero, que importa poner de manifiesto, para contribuir a su superación.

El documento reconoce "el derecho de los padres y de los jóvenes a elegir entre las distintas modalidades educacionales". Con lo cual se pone en línea con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26, señala: "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".

Más aún, para enriquecer esta elección el documento atribuye al Estado el deber de "promover la existencia de proyectos educativos diversos y dotar a las familias y jóvenes de la información para tomar decisiones adecuadas (...) y asegurar la existencia de condiciones financieras para que efectivamente ellos dispongan de alternativas y puedan elegir".

Todo parece claro. Los padres deben poder elegir la escuela a la que asisten sus hijos. Para que esto sea de verdad posible, el Estado financia, mediante la subvención, diversos proyectos particulares, asegurando así que todos puedan elegir entre ellos.

Pero todo se confunde al párrafo siguiente. Resulta que las familias tienen otro derecho nuevo -que no forma parte de ninguna declaración conocida- y que es "aportar" dinero para la educación de sus hijos. Dicho en forma más directa y cruda: tienen derecho a que, los mismos establecimientos que reciben plata del fisco para posibilitar su libertad de elegir, les cobren -acogiéndose al sistema de financiamiento compartido- para poder hacer posible esa elección.

El documento afirma textualmente que "la libre elección de las familias del establecimiento donde educar a sus hijos", "no es incompatible con el derecho de éstas de aportar a su educación, alternativa muy valorada por una gran mayoría de padres y que consideramos fundamental preservar".

En claro: se reconoce el derecho de la familia de elegir la educación de sus hijos y, al mismo tiempo, se erige en "derecho" el tener que pagar la educación que elige para sus hijos. En castellano: sólo tienen de verdad derecho a elegir entre varios colegios quienes tienen los recursos necesarios para pagar la colegiatura que esos colegios cobran. Todavía más claro: las "modalidades educacionales" como el resto de los productos en el mercado "poseen diversos precios"; quien puede pagarlos tiene derecho a pagarlos y podrá de verdad elegir; quien no puede pagarlos no podrá ejercer su derecho a elegir (y tampoco el nuevo dignificante derecho de "aportar" financieramente a la educación de sus hijos).

Superar la contradicción parece fácil: si de verdad se quiere ampliar la libertad de enseñanza, entendida como la facultad que todos los padres y madres tienen de escoger la educación que se quiere para los hijos, hay que terminar con el financiamiento compartido."

21 medidas para un pacto

Finalmente, en respuesta a la propuesta de la CONFECH y otras organizaciones sociales movilizadas, el gobierno ha presentado un documento de 19 páginas que denomina "21 Medidas para alcanzar un Pacto en Educación". Ellas son las siguientes:

1. Incorporar como garantía constitucional el derecho a una educación de calidad, estableciendo el deber del Estado de velar por el mismo: ello implicará una reforma constitucional que precise el contenido del Art.19 de la actual Constitución. También se añade señalar como una garantía el acceso a la educación parvularia, en su primer nivel (NT1)
   
2. Desmunicipalizar la educación escolar estatal, generando una nueva institucionalidad basada en organismos públicos: basado en entidades públicas autónomas, de giro único, descentralizadas y aplicables en los casos donde la gestión municipal no ha dado buenos resultados
   
3. Aumentar la cobertura y calidad de la educación parvularia: para ello, se propone incentivos tipo Beca "Vocación de Profesor", la obligatoriedad de una prueba de egreso (tipo INICIA) y Convenios de Desempeño para la instituciones formadoras (MECESUP II)
   
4. Aumentar sustancialmente el gasto en subvención escolar, con especial énfasis en los alumnos más vulnerables: lo que implica implementar la SEP hasta la enseñanza media
   
5. Modificar el sistema de financiamiento escolar, considerando que una porción de los aportes vigentes sea en base a matrícula: lo cual implica alterar la matriz del subsidio portable que se implementó masivamente desde la década de 1980
   
6. Modernizar la carrera docente y fortalecer la formación inicial de profesores: lo que se traduce en hacer obligatoria una prueba tipo INICIA, seguir con la Beca "Vocación de Profesor", reformar el sistema de evaluación del desempeño y revisar la estructura de remuneraciones
   
7. Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación escolar, que establece requisitos básicos de calidad: el compromiso es que la Ley de Aseguramiento de la Calidad debiera estar operando a diciembre de 2012
   
8. Implementar el nuevo sistema de fiscalización del cumplimiento normativo y del uso de los recursos públicos en el sistema escolar: o sea, poner a funcionar la Superintendencia, condicionado el subsidio estatal al logro de mínimos de calidad
   
9. Fortalecer la oferta educativa de la educación escolar técnico profesional (EMTP): se anuncia un diagnóstico, una revisión del curriculum en 3ro. y 4to. medio de esta modalidad y el análisis de la articulación de la EMTP con la educación superior
   
10. Continuar ejecutando con la máxima celeridad la reconstrucción de los establecimientos educacionales, presentando un cronograma con las fechas de ejecución de los trabajos pendientes.
11. Promover la participación estudiantil en todos los niveles. En particular, en educación superior derogar las normas que limitan su participación: lo que implica reformar el decreto 524 de 1990, abriendo la opción de las Federaciones. A la vez, se mantiene el carácter consultivo del Consejo Escolar
    
12. Fortalecer la educación superior estatal y las universidades tradicionales, a través de aportes basales contra metas de interés nacional y regional: esto es, contra resultados . A la vez, se crea un fondo de revitalización de las universidades tradicionales no estatales
    
13. Complementar el financiamiento a las instituciones de educación superior con aportes asociados a convenios de desempeño, fomentando el desarrollo de áreas específicas.
14. Reestructurar en el mediano plazo el sistema de becas y créditos estudiantiles para la educación superior, de manera que ningún estudiante meritorio quede fuera de la educación superior por razones económicas: es decir, con independencia de la naturaleza de la institución en la que estudie
    
15. En lo inmediato, aumentar las becas, rebajar el costo del crédito con aval del estado y reprogramar los deudores morosos del crédito solidario: es decir, revisar la tasa de interés del CRAE para llegar al 4% anual y renegociar la deuda en mora de 110 mil egresados de la Educación Superior
    
16. Reformular y hacer más exigente el sistema de acreditación de la educación superior, estableciendo la acreditación institucional como futuro requisito para acceder al financiamiento estudiantil y mejorando el acceso a la información para los postulantes: se plantea una evaluación del sistema de acreditación, seriamente afectado en su credibilidad por casos aislados de malas decisiones de la CNA
    
17. Crear una superintendencia de educación superior, que fiscalice el uso de los recursos y la no existencia de lucro en las universidades
    
18. Promover un sistema de admisión a la educación superior más equitativo e inclusivo, considerando elementos como el ranking escolar: una idea ampliamente difundida por el rector de la UCSH, Francisco Javier Gil, desde sus tiempos como Vicerrector de la USACH
    
19. Potenciar una oferta de calidad y alta pertinencia en la educación superior técnico profesional: lo cual implicará aumentar la información para la sociedad, revisar el sistema de becas, mejorar la articulación con la EMTP, aumentar la exigencias para la acreditación y avanzar hacia la plena validez e integración de títulos y grados, sean o no universitarios
    
20. Promover la interculturalidad en la educación superior: favoreciendo la continuidad del plan de becas y creando incentivos para mejorar la retención de estudiantes de etnias en la educación superior
    
21. Dar un salto cualitativo en innovación, ciencia y tecnología: impulsando doctorados, creación de centros de excelencia y aumentando los recursos para innovación, emprendimiento y tecnología
    

Al respecto, los primeros comentarios:

• Queda a la vista que se trata de medidas que van más allá de la coyuntura, pues involucran propuestas para la Educación Parvularia e Interculturalidad en la Educación Superior. Sin embargo, también sigue a la vista la palmaria indiferencia frente al problema global de la Educación Secundaria, pues parece haberse instalado un diagnóstico que reduce el problema de este nivel sólo a la Educación Técnico Profesional, como si la Modalidad Científico Humanista funcionara bien. A todas luces, esto es incorrecto. La Educación Media es un nivel en estado crítico, con serios problemas de identidad y foco.
  
• El gobierno sigue aferrado a su agenda original, la misma que fuera presentada por el entonces candidato Piñera y que luego resultó la base del programa de gobierno. Es decir, el gobierno no ha alterado su portafolio como consecuencia de las movilizaciones estudiantiles; sólo ha incluido algunas adendas. Ni la salida de Joaquín Lavín, ni la llegada del señor Bulnes al MINEDUC han alterado estas convicciones. Tampoco ha alterado sustantivamente su cronograma. Es legítimo, por lo mismo, ser escéptico por su auténtico afán de diálogo y conciliación de posiciones
• Una revisión integral del sistema de financiamiento escolar exige que se incluya el análisis crítico del sistema de financiamiento compartido, cuyo efecto segmentador es cada vez más claro para la mayoría de los especialistas. El impacto de una medida como el financiamiento basal en la educación escolar se verá atenuado si no se controla el peso del financiamiento compartido y si no se establece una diferencia entre proveedores municipales y privados subvencionados