El conflicto entre Colegio de Profesores y Gobierno sigue abierto, con pocos visos públicos de acuerdo. Mientras, la prensa comienza a olvidar el conflicto y pone en sus titulares a nuevos episodios de violencia escolar, con el mismo cariz de siempre: agresiones entre alumnos o entre alumnos y profesores, en establecimientos situados en contextos de pobreza, y donde los protagonistas son estudiantes cuyas biografías incluyen abandono parental y proveniencia de hogares "disfuncionales". De este modo, la prensa, basada en prejuicios y poca reflexión, abona la tesis del estigma de la violencia como parte de la pobreza, como si ambas fueran siamesas.
Aunque el conflicto docente se ha debilitado en la prensa y, según cifras dadas por los medios, también entre los mismos docentes que dejan las marchas callejeras y paulatinamente vuelven a las aulas, El Mercurio hoy editorializa sobre la educación municipal y la dirigencia gremial. El argumento es conocido: el paro debilita la educación pública que los docentes dicen defender y, además, causa el creciente vaciamiento de las aulas públicas como consecuencia la evaluación negativa de las familias que deciden abandonarla y llevar a su hijos a la educación privada subvencionada. En su argumento, la editorial recupera la encuesta de Libertad y Desarrollo que se comentara en el post anterior: un cuarto de los consultados cambiaría a sus hijos del colegio si éste paralizara. Lo que no dice El Mercurio es lo que en ese post se destacó: que un 70% de los encuestados afirmó otra cosa: apoyaría el paro o pediría que éste concluyera. Pero no se iría del colegio.
Tal vez las familias no se vayan de la escuela pública, pero sí desesperan... ¿Cuánto del ocaso de la educación pública se debe a las paralizaciones docentes? La dirigencia del Colegio de Profesores parece no sopesar este efecto. Resulta difícil sostener un relato sobre la importancia de la educación pública cuando uno de sus principales agentes se empeña, por razones que pueden considerar legítimas, en mostrar un gremio ensimismado en sus demandas y con poca apertura a discutir si el modo de abordar esas demandas es o no compatible con el ideario de la educación pública que aquella dirigencia enarbola.
Tal vez esta sea una de las deudas de los profesores: construir una auténtica perspectiva que equilibre la reivindicación sindical y la mirada político pedagógica. Es un hecho que la dirigencia del Colegio de Profesores de Chile hoy no es la dirigencia de los profesores de Chile, ni siquiera del conjunto de los profesores que trabajan en establecimientos de financiamiento estatal. Es, con mucho, la cara visible de una fracción de los docentes de establecimientos municipales que ahora parecen más interesados en recuperar sólo lo que consideran justo para ellos.
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