lunes, 30 de noviembre de 2015

Dos opiniones sobre el proyecto de reforma de la educación pública

Fuente: http://www.mineduc.cl

Pese a su evidente importancia, el debate legislativo sobre el proyecto de nueva educación pública ha avanzado con escasa resonancia. Un factor que explica este segundo plano ha sido la discusión del presupuesto 2016 y, dentro de éste, el debate sobre la llamada "gratuidad en educación superior". Concluida la discusión del presupuesto, hoy se publican dos opiniones sobre educación pública. La primera es de dos diputadas (Yasna Provoste y Cristina Girardi), quienes explican por qué rechazaron una partida del presupuesto que facultaba al MINEDUC para transferir recursos a los municipios para el pago de deuda. La segunda es de Edison Ortiz, columnista de El Mostrador, quien critica el proyecto porque mantendría vigente el carácter subsidiario del rol del Estado y no restauraría el protagonismo del MINEDUC en la construcción del nuevo sistema de educación pública.

Transcribo parte de ambas columnas publicadas en "El Mostrador":


"En el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, hemos comprometido el fortalecimiento de la educación pública, es por ello que nos pareció muy acertado que en el proyecto de presupuesto 2016, el Ejecutivo destinara efectivamente 259 mil 500 millones al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (*).
Creemos que esos recursos debieran focalizarse en beneficio de los niños y niñas que asisten a las escuelas públicas, tendrían que ser destinados a recuperar la confianza de las familias, a desarrollar, a través del deporte, el arte, las capacidades y talentos de nuestros alumnos y alumnas, en suma, generar los cimientos para la nueva educación pública, que el país entero requiere y exige."

"Respecto del uso de estos recursos, la propuesta del Ejecutivo permite el desarrollo de acciones en el sentido antes señalado, pero autoriza además que hasta el 40% de estos recursos se puedan utilizar por los municipios para "saneamiento financiero", esto es, para pago de deuda."

"No deja de ser elevado el porcentaje destinado a saneamiento, pero lo fundamental es saber qué tipo de deuda será absorbida con estos recursos; en la glosa presupuestaria, que define cómo y en qué debieran gastarse los fondos, solo se refiere a saneamiento financiero, sin ninguna otra precisión."

"El Estado de Chile tiene efectivamente una deuda con los cientos de municipios del país, por haber traspasado la educación sin consulta y sin el financiamiento total de la educación. Es efectivo que el traspaso implicó durante años el desfinanciamiento de la educación pública. Eso es lo que todos conocemos y denominamos deuda estructural. Y, claramente, esta deuda no es de los municipios. Muy por el contrario, es una obligación del Estado con los municipios de Chile; es su responsabilidad y tiene y debe asumirla. Sobre eso no hay discusión."

"Pero no todo es deuda estructural. Y esto lo saben los alcaldes y lo sabe nuestro gobierno. Según el Ministerio de Educación, más de 30 municipios tienen una deuda que excede toda lógica y sabe también que esta deuda supera con creces la deuda estructural. Son los llamados municipios críticos."

"Todos sabemos que la mayoría de los alcaldes ha hecho esfuerzos enormes por contener el gasto y traspasar recursos de sus propios presupuestos para cubrir el déficit estructural y asegurar que el sistema funcione y que, a pesar del esfuerzo, esa deuda estructural persiste fundamentalmente en los municipios con menos recursos. Pero también sabemos que otros no han sido precisamente responsables con el gasto. Como por ejemplo aquellos que, a pesar de la sostenida disminución de matrícula o cierre de escuelas, han aumentado la dotación tanto de docentes como de asistentes de la educación, incrementando enormemente la deuda estructural, o aquellos que han utilizados los recursos de la SEP en otros fines o que tienen deudas con proveedores, precisamente porque utilizaron los recursos en otras cosas."



"Proyecto de Nueva Educación Pública: la lápida del MINEDUC" (E. Ortiz)

"Este proyecto es por lejos el que tiene más historia y consistencia de los tres que, con diferentes nombres, han estado en barbecho desde hace tiempo. En su oportunidad, se dijo que se tramitaría en paralelo al que afectaría a los docentes (PND), pero se postergó ingresándose después del encasillamiento y la promoción ofertados a los funcionarios del Mineduc con la promesa de otorgarles más estabilidad laboral y fortalecer su carrera profesional."

"Creemos ahora entender por qué: primero se le entregó un dulce al gremio (Andime), ya que efectivamente se puede mejorar la condición laboral y de remuneraciones de cientos de funcionarios pero que, de entrar en vigencia la iniciativa tal como está, significaría el fin de la estructura histórica del Mineduc y el ocaso definitivo de sus agencias regionales y provinciales y su reemplazo por una nueva estructura (Dirección de Educación Pública y Servicios Locales). Si efectivamente se hubiese querido potenciar el rol público del Mineduc, se habría apostado por lo que solicitaban los dirigentes del gremio: “Que los liceos y escuelas sean traspasados al Mineduc para ser gestionados y administrados por sus órganos desconcentrados, es decir, por departamentos provinciales, reforzados y mejor implementados estructural y tecnológicamente” (Egidio Barrera, presidente Andime)."

"La iniciativa legislativa también ha sido recibida de manera disímil por especialistas e instituciones. La fundación Nodo señaló que “es una renovada administración bajo los mismos principios”. Otro tanto indican diversos expertos de la Universidad de Chile, como Cristián Bellei, quien señaló en la misma línea que “uno de los desafíos es equilibrar en este proyecto un sistema descentralizado con una responsabilidad nacional sobre la educación pública”. Estas miradas, de alguna manera, dan cuenta del escepticismo que ronda al nuevo proyecto del Ejecutivo."


"El resumen histórico de la iniciativa, muy duro con la dictadura, aunque muy autocomplaciente con la coalición del arcoíris, no aclara ni explica que si bien la derecha sentó las bases de la privatización del modelo, fue la Concertación la que lo ahondó al punto de tenerlo en la crisis terminal en que está hoy, tal como lo reafirman las propias cifras que se entregan en el proyecto: “Cierre de más de mil establecimientos educacionales públicos desde 1994 a la fecha, y una considerable disminución de su matrícula escolar en casi 600 mil estudiantes entre el 2000 y el 2015”."

"La conclusión es lapidaria: “Nunca, desde los primeros decenios del siglo XIX, la educación pública había atendido a una proporción tan baja de la población escolar y nunca su imagen se había visto abiertamente deteriorada. La educación que el Estado provee y administra a través de las municipalidades se encuentra hoy en su momento más crítico”. Pero, en vez de dar un giro profundo, que restituya “el rol rector” del Mineduc, solo se ataca una parte del problema: la municipalización y se sigue con la lógica de obedecer las exigencias del Banco Mundial: continuar jibarizando al ministerio y, al mismo tiempo, extinguir sus funciones históricas para traspasarlas a órganos inconexos y con escasas atribuciones."

"Enseguida, el proyecto concluye que “el actual esquema institucional consagra que aspectos relevantes de la calidad, la equidad y el desarrollo de la educación pública en el territorio, dependan fuertemente de la voluntad de las autoridades municipales y de los particulares énfasis que legítimamente cada una de ellas desee otorgarle al sector. Esta dependencia está estrechamente relacionada con una excesiva influencia de los ciclos político-electorales del municipio en la educación pública”. Y si bien se propone la creación de nuevos servicios que la administren, nada se dice de que llegamos hasta aquí por decisión de las propias autoridades ministeriales a lo largo de 25 años, ni tampoco se garantiza que la crisis de la educación pública pueda mejorarse con el actual proyecto."

"Por de pronto, se vuelve a proponer un ciclo de mejora –la dirección del Servicio tendrá un plazo de seis años para establecer metas y objetivos–, pero cuyo mandato estará cortado por elecciones parlamentarias y presidenciales que harán una vez más inviable el logro de sus objetivos en el período propuesto. Y se repetirá el fenómeno que se observa hoy, en que prácticamente cada dos años (elecciones municipales y luego legislativas y ejecutivas) se tensiona la administración."

"Y si en particular hay cambio de autoridades, pues, pese a que se anuncia el mejor estándar de selección por Alta Dirección Pública, lo cierto es que será el parlamentario más influyente de la coalición de Gobierno el que –sobre todo en regiones– terminará instalando a quien él determine en los nuevos servicios creados, llenándolos de adherentes que los pueden llevar al límite mínimo de su funcionamiento, como se ha observado últimamente."

"Ello se verá reforzado por el hecho de que los funcionarios que provengan desde los municipios y corporaciones, estarán afectos, al ingresar al servicio, a la siguiente cláusula de despido: “Necesidades del servicio determinadas por el director ejecutivo una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Servicio Local” (artículo 31, a). Esto, aunque tengan la titularidad del cargo por estatuto. Es decir, aun cuando los funcionarios sean traspasados como planta, por este artículo podrían ser despedidos igual, acabando con su carrera profesional y dejando a la administración pública local como botín de guerra de ambas coaliciones, las que se repartirán, sin sentido estratégico, cada cuatro años –como sabemos–, y sobre la base de consideraciones ajenas a la labor permanente y estratégica del Estado, los cargos en educación."

"Sin funcionarios de carrera, que velen por los intereses permanentes de la nación, y que traspasan a los gobiernos de turno, el servicio de desvirtuará aún más en función de los ciclos políticos electorales en los feudos regionales."

"También con la iniciativa legislativa como está, tanto el Mineduc como sus servicios dependientes en los territorios –Seremi y Departamentos Provinciales de Educación– pierden injerencia y se distancian más aún de lo que sucede en las escuelas, dando inicio a la crónica de una muerte anunciada, ya que todas sus funciones, servicios dependientes y bienes, serán traspasados a las nuevas agencias por decreto presidencial.
Tampoco, salvo los que provendrán de la nueva Ley de Inclusión, se inyectan más recursos al sistema, ni se modifica la lógica de la entrega de los mismos (subsidio a la demanda), lo que pone de antemano cuesta arriba su gestión."

"El Mineduc, tal como siempre lo quiso y recomendó el Banco Mundial, queda así reducido a una especie de gerencia de planificación –“la huesera”, como la llaman en las empresas–, sin posibilidad de articular, de influir, de “ser ente rector”, reducido a su mínima expresión y ahora, luego del desprendimiento de la Agencia de Calidad –aún solo una promesa–, la Superintendencia –con pocas atribuciones de fiscalización, dada la flexibilización del marco regulatorio–, sin agencias operativas, desarticuladas entre sí.
A su vez, serán los servicios locales los que diseñen, implementen y monitoreen sin contraparte sus políticas, transformándose en juez y parte de sus acciones técnico-pedagógicas. Y si bien se prevé una articulación nacional de los mismos a través de la Dirección de Educación Pública –que parece ser destino del equipo que encabeza Rodrigo Roco–, en concreto estas agencias, mientras  no exista elección de intendente y la Alta Dirección Pública siga siendo otro botín de guerra del duopolio, en regiones serán autónomas y una nueva bolsa de trabajo del feudo parlamentario."
[...]

 
"Bueno, el proyecto NEP no se sale de la lógica subsidiaria en la que está inmersa nuestra educación, por lo tanto está bastante lejos de fortalecer su rol público, mientras el Mineduc queda definitivamente reducido al papel que el modelo subsidiario de Pinochet le asignó: Banco Nacional de Educación."

"Por el contrario, se  introducen más figuras burocráticas –Dirección  de Educación Pública y servicios locales– sin contrapesos y se termina matando la arquitectura estatal construida a lo largo de dos siglos, que le dieron al fisco chileno un rol preponderante en el área y cuya consecuencia fue una educación modelo en Latinoamérica, siendo su corolario la obtención de dos premios Nobel."

"Con una Superintendencia autónoma y con capacidades limitadas de fiscalización efectivas, dado el marco regulatorio laxo, con una Agencia de Calidad aún en “marcha blanca” y ahora con la Dirección de Educación Pública y los servicios locales desligados en la práctica del Mineduc y este a su vez reducido a su mínima expresión, tal como ya lo perciben los directores de establecimientos, solo habrá “más autoridades diciéndoles a las escuelas cómo remar y más oficinas donde presentar papeles”."

"Por lo demás, al acabarse la carrera funcionaria –por la introducción de la figura del despido por “necesidades del servicio”–, sin elección de intendentes y con una Alta Dirección Pública controlada por ambas coaliciones, estas agencias, y junto con ellas sus funcionarios, se transformarán en coto de caza de los parlamentarios de turno, quienes dispondrán de plazas fijas cada cuatro años para que, con cargo al presupuesto de la nación, puedan disponer de un importante contingente de cupos para ubicar a sus clientelas políticas, cual se ha hecho costumbre en regiones, como la propia ministra Delpiano tuvo oportunidad de constatar."

"En definitiva, la promesa de más presencia del Estado en el área, resulta ser la última evidencia concreta de cómo los actores políticos han ido, también, corrompiendo el significado original de las palabras y una prueba fehaciente de que, a pesar de las lágrimas de la diputada Camila Vallejo, definitivamente el PC no se confrontará con el Ejecutivo en esta área. En Educación seguimos con la lógica de avanzar pero, como buenos alumnos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, caminando siempre hacia atrás."





martes, 10 de noviembre de 2015

¿Qué cambiará en la educación pública chilena con la desmunicipalización? (I)

El proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública (conocido como "de desmunicipalización") fue presentado el 2 de noviembre y rápidamente comenzaron las críticas y comentarios. Desde políticos de derecha, las primeras opiniones apuntaron a la re-centralización y al traspaso del servicio educacional (y los establecimientos- desde los municipios a los nuevos Servicios Locales de Educación (SLE), materia donde el proyecto señala que este traspaso será "por el solo ministerio de la ley", lo que implica que no habrá compensaciones ni resarcimiento de inversiones que eventualmente los municipios hayan realizado hasta ahora.

Otras opiniones desde el mismo sector han destacado que el proyecto flaquea en donde más importa, esto es, en el fortalecimiento de capacidades y autonomía de los establecimientos y directores. En contraste, también se ha mencionado que el proyecto amplía hasta un 50% la posibilidad de selección por mérito académico en liceos emblemáticos (llamados en este proyecto como "establecimientos de especial o alta exigencia académica"), pues los faculta a implementar un sistema de admisión adicional al común establecido en la Ley de Inclusión (ley 20.845), donde se señala que se puede seleccionar hasta el 30% de sus cupos o vacantes, lo cual -a su turno- ha sido criticado por parlamentarios comunistas.

Desde una esquina crítica alterna, José Brunner plantea una lectura de clara disconformidad con el proyecto, al que acusa de enfatizar la reestructuración del aparato administrativo de la educación pública (la que califica de "esquema burocrático engorroso") y no abordar el problema desde la perspectiva de la efectividad y calidad de la educación municipal, preguntando si  acaso "no estamos frente a un diseño burocrático que limita y reduce las dimensiones de liderazgo, profesionalismo y gestión que los colegios necesitan para mejorar su efectividad y el clima de aprendizaje para sus alumnos, [...con] el riesgo de achatar el rol, las atribuciones y responsabilidades del director de colegio o liceo, dejándolo atrapado en una enmarañada red de controles, demandas, presiones e instructivos que fácilmente pueden paralizarlo".

En una perspectiva más constructiva, hay opiniones como la de Hernán Hochschild, que advierten sobre la inconveniencia de reducir el proyecto a la desmunicipalización, abogando por una mirada más integral, que consistiría en una triple perspectiva: la politica (y que condensa el problema del traspaso de establecimientos públicos a una nueva institucionalidad); la propiamente educativa (¿cómo se logra que cada escuela o liceo renueve o fortalezca su liderazgo, su profesionalismo docente y su espíritu de comunidad escolar?) y la eminentemente docente, donde este nuevo proyecto converge con la reforma a la carrera docente ("los establecimientos municipales hoy atienden en los espacios de mayor complejidad social, y la evidencia para Chile muestra que en esos lugares las condiciones de enseñanza para los docentes son más deficitarias, y que éstos ganan, en promedio, un 15% menos que sus pares en otros contextos. Por tanto, fortalecer la educación pública requiere con urgencia que el proyecto de carrera docente se mejore, construyendo un desarrollo profesional muy significativo para aquellos docentes que se atreven a trabajar en espacios de alta complejidad social, donde más se necesitan"). 


lunes, 2 de noviembre de 2015

Proyecto de desmunicipalización de la educación pública

Fuente: http://www.latercera.com


Finalmente, hoy se ha firmado el proyecto de reforma a la educación pública escolar. Se abrirá el debate y con seguridad muchas voces críticas, sea porque faltarán mecanismos de profundización de la autonomía y el accountability, sea porque no se incluirá una revisión estructural de la acción subsidiaria del Estado y del sistema de financiamiento por estudiante, sea porque se recentralizará la educación, sea porque los municipios dejarán de incidir en la gestión escolar, sea porque las comunidades escolares no tendrán más facultades resolutivas, etc. 

En lo que respecta al gasto, hoy se informa que los municipios tienen una deuda total de más de $ 250 mil millones por educación, tal como lo muestra la gráfica que acompaña esta nota. El argumento de los alcaldes es que el déficit se ha generado desde hace décadas por efecto de la denominada "deuda histórica" y por la caída de la matrícula, lo que afecta los ingresos por subvención. Hoy, según dice un representante de la ACHM (Asociación chilena de municipalidades), solo el 60% de los ingresos de la educación municipal proviene de la subvención. El resto se cubre por fondos extraordinarios provenientes del mismo Estado o de las arcas municipales.

El nuevo régimen que establece el proyecto de ley, dice el sitio del Gobierno de Chile, aumentará los recursos basales, aumentando algunos y reorientando otros. 

Todavía no se ha divulgado el texto íntegro del proyecto. 


jueves, 15 de octubre de 2015

Desmunicipalización de la educación: dos problemas críticos



Fuente: http://www.elquintopoder.cl/
En estos días debería conocerse el texto definitivo del proyecto de desmunicipalización o que crea la Nueva Educación Pública (NEP), como prefiere llamarla el MINEDUC. El diseño ha sido reservado –repitiendo la tendencia de diseño de los proyectos gubernamentales- y, a la vez, pausado, en contraste con otras iniciativas de ley que, a juzgar por las enmiendas que luego experimentaron, resultaron menos elaboradas. El proyecto que reforma la educación pública escolar parece avanzar más reflexivamente, lo cual siempre es una buena señal. Con todo, se trata de una materia compleja, cuya discusión no puede apresurarse ni someterse a urgencias o coyunturas electorales.

Más allá de la dimensión territorial de las nuevas unidades de gestión (los Servicios Locales de Educación), en materia de educación pública, hay al menos dos puntos críticos que necesariamente deberán abordarse con calma: la gobernanza y el financiamiento. El proyecto de ley asume un problema de diagnóstico conocido y compartido pues pocos y sobre la base de casos aislados cuya excepcionalidad no hace sino confirmar el diagnóstico general, defienden el actual régimen de administración municipal. Se trata de comunas cuyos gobiernos han asumido la gestión de la educación pública como un compromiso y que, consistentemente, han invertido recursos y capacidades en ellos por encima de los aportes y apoyos estatales. Este rasgo –la vocación educativa del gobierno comunal- es una de las claves de efectividad de la buena educación pública; su ausencia –o sea, la indiferencia comunal y/o la distorsión del foco educativo de la comuna- es parte sustantiva de la “alcaldización” y la dependencia de los ciclos electorales que afecta la posibilidad de definir un plan estratégico a mediano y largo plazo, rasgo problemático prácticamente en todo ámbito de los municipios  y que también representa uno de los nudos críticos de la NEP: el modelo de gobernanza de la educación pública.

La gobernanza ha sido sintetizada en la pregunta por “quién decide qué” en un determinado orden u organización (quiénes resolverán cuáles serán los fines y metas, cuáles las atribuciones y capacidades de cada uno, con qué recursos contará, cuál su ámbito de acción y cuán descentralizado será el nuevo ordenamiento). “Quién decide qué” será uno de los aspectos más sensibles del proyecto a discutir: primero, porque debe des-alcaldizar la gestión de la educación pública y, a la vez, debe generar suficientes grados de autonomía para que los directivos de establecimientos escolares gestionen sus procesos y resultados de manera descentralizada. Sin embargo, también debe configurarse un balance entre la autonomía local con las facultades de los nuevos SLE y del nivel nacional que hagan posible concebir un Sistema Nacional de Educación Pública, hoy inexistente. En los SLE, lo que se debe evitar es “el mal de las Gobernaciones”, entidades intermedias de borrosas funciones y escasa relevancia social (¿alguien puede decir de corrido quiénes son los Gobernadores de las Provincias de la Región Metropolitana de Santiago?). En los establecimientos, es necesario que sus equipos de gestión sean autónomos en sus decisiones y a la vez responsables de las mismas (hoy rara vez ocurren ambas cosas). En el nivel nacional, cabe la duda sobre cómo se estructurará un proyecto educativo nacional de educación pública que defina la visión estratégica y actúe como referente de gestión de los SLE, sobre todo considerando la enorme diversidad social y geográfica de escenarios que encararán esos servicios locales y también de demandas, recursos y capacidades de que dispondrán (una posibilidad es formulando genuinos umbrales o garantías de calidad de la educación pública que actúen como horizonte normativo y que también sean traducibles en una matriz de planificación y gestión estratégica nacional). Si a todo lo anterior se añaden los desafíos de coordinación con el MINEDUC (para eliminar el problema de doble dependencia que hoy afecta a la educación municipal), la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, queda claro que la ecuación de buen gobierno de la NEP es ciertamente difícil de despejar.

Un segundo problema mayúsculo es la sostenibilidad financiera de los nuevos SLE. Es sabido que la mayoría de los municipios han experimentado pérdidas sostenidas de matrícula desde mediados de la década pasada, pese a que desde 2007 los gobiernos han entregado recursos extraordinarios a los municipios que no han hecho sino mitigar el déficit y transitar hacia una normalización financiera de la educación pública. Lamentablemente, la inyección de recursos no ha logrado modificar la tendencia a la baja de la matrícula, pues evidentemente esta variable no depende de la salud financiera del sostenedor municipal, sino más bien de las decisiones educativas de las familias, cuyas razones no incorporan la cuantía del déficit  y/o ineficiencia municipal pero sí sus efectos tangibles en la devaluación de la imagen de la educación pública, en la expectativas de alcanzar aprendizajes de calidad y de vivir una experiencia escolar enriquecida en un ambiente confortable y seguro. Los SLE han sido diseñados pensando en tamaños críticos de establecimientos y matrícula que aseguren solvencia financiera y economías de escala. Sin embargo, como lo han manifestado agrupaciones de alcaldes y dirigentes gremiales, el problema es que el financiamiento parece seguir radicado en la subvención por estudiante, lo que por un lado repone el tema de cómo incidir en la elección educativa de las familias para que permanezcan o retornen a la educación pública y, por otro, plantea la pregunta por los costos fijos e ingresos variables de cada unidad educativa, en un sistema que mayoritariamente no concibe ni gestiona a los establecimientos como centros de costos. En consecuencia, no se sabe bien cuál es el umbral de financiamiento necesario para que cada escuela o liceo sea gestionable y sustentable, ni se sabe cuáles deben ser los márgenes de operación que permitan asegurar la continuidad del servicio en caso de baja de matrícula. En efecto, si bien no hay acuerdo sobre el tamaño óptimo de una escuela (especialmente si se estima desde la efectividad pedagógica), la experiencia nacional sugiere que en contextos urbanos una matrícula de menos de 400 alumnos implica evidentes dificultades para cubrir costos operacionales y con ello un serio riesgo de viabilidad financiera de la unidad educativa, sobre todo en el esquema vigente de financiamiento basado en la matrícula y asistencia media (basado probablemente en esta consideración, el Informe del Panel de Expertos convocado por el MINEDUC en 2011, propuso un tamaño crítico por establecimiento de 500 alumnos). La misma experiencia señala que un tamaño deseable bordea los 700 estudiantes por establecimiento urbano, esto es, una matrícula tal que posibilite una razonable holgura económica para destinar recursos a la mejora e innovación educativa. Si estos umbrales de tamaño por establecimiento son aceptados, ¿cuántos establecimientos y cuántos SLE satisfarán este criterio?


Columna publicada en "El Quinto Poder" el 14 de octubre de 2014

lunes, 5 de octubre de 2015

¿Cuánto se invierte en mejora escolar en Chile?

A propósito del proyecto de presupuesto 2016 de Educación, la revisión de las principales cifras relativas al sistema escolar, muestra que una de las sumas más cuantiosas será comprometida para el saneamiento y revitalización de la educación municipal ($356.758.205.000 en total). Casi 260 mil millones serán destinados al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), de los cuales el 40% podrá destinarse al pago de deudas según compromisos contraídos este año. Un monto de $7.266.000.000 podrá ser transferido a aquellos municipios que -luego de firmar convenios- implementen iniciativas de gestión en red de la educación pública. Otro monto significativo ($ 10.558.443.000) está destinado al financiamiento de acciones de asesoría y apoyo a la mejora escolar, incluyendo acá todo tipo de gastos para la implementación curricular de la transversalidad educativa (prevención de drogas, educación sexual, formación integral).

Otra línea o programa presupuestario se llama "Mejoramiento de la calidad de la educación" y contempla $37.063.282.000. Dentro del mismo hay recursos para Educación Intercultural Bilingüe ($2.672.850.000), Educación Técnico Profesional (44.481.389.000), Educación de Adultos y Reinserción Escolar ($10.738.110.000), Transporte Escolar Rural (($1.472.819.000) y otros ítemes diversos.

Otro programa se denomina "Apoyo y supervisión a los establecimientos subvencionados" y contaría con $37.742.786.000, de los cuales $30.578.403.000 están destinados a gastos en personal y otros $2.208.909.000 a la supervisión técnico pedagógica propiamente tal, esto es, son recursos destinados a la implementación y ejecución de proyectos de mejoramiento de la calidad y de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Todas estos programas son parte del presupuesto del MINEDUC y, específicamente, de la Subsecretaría de Educación, cuyo monto global alcanza a $7.171.146.535.000. Por supuesto, acá se inscriben todas las iniciativas que el MINEDUC se propone implementar en 2016. Sin embargo, ¿cómo se distingue presupuestariamente qué recursos son destinados a gastos propios del sistema escolar (esto es, aquellos que solo posibilitan que siga funcionando), de aquellos que explícitamente van dirigidos a la mejora del sistema escolar, o sea, al financiamiento de innovación y/o cambio educativo? No resulta fácil identificar qué partidas presupuestarias tienen esta finalidad: aun cuando la educación de adultos y la educación intercultural bilingüe pueden contribuir a una educación de mayor calidad, no necesariamente se puede considerar que son iniciativas de cambio educativo, sino más bien iniciativas que el sistema escolar debe contemplar obligatoriamente para responder a las necesidades de una población cultural y socialmente diversa. En contraste, la gestión local en redes que impulsaría el MINEDUC desde el FAEP, es potencialmente una gran innovación. Pero, ¿es esto lo que el MINEDUC entiende por inversión en mejora escolar? Asimismo, el monto destinado al apoyo de la supervisión ministerial a establecimientos subvencionados, ¿es parte del esfuerzo de mejora que hará el MINEDUC en 2016?





sábado, 19 de septiembre de 2015

Diseño de políticas y reformas educativas: aprendizajes de 2 ministros

Fuente: http://www.memoriachilena.cl/
El ex Ministro Eyzaguirre, en una entrevista dada hace algunas semanas a El Mercurio (domingo 6 de septiembre), admitió que la actual agenda de reformas en educación era excesivamente ambiciosa y que "ni Superman puede diseñar técnica y políticamente bien una cantidad de reformas que son complejas y, al mismo tiempo, gestionar bien". 

En la misma entrevista, el ex Ministro dice que en el diseño de una política pública hay tres cosas o factores que considerar:
  1. que la reforma sea relevante y oportuna;
  2. que sea técnicamente bien hecha (y que minimice los efectos colaterales que van en sentido contrario de lo que se persigue);
  3. que cuente con apoyo político, lo que demanda estar muy atento a la dinámica política, pues muchas reformas tienen efectos en plazos mediatos, pero -en el campo político- los costos del cambio comienzan a pagarse de inmediato.
Luego explica que hacer varias reformas de manera simultánea, puede implicar un tropiezo con los factores 2 y 3 (o sea, reformas de diseño incompleto o erróneo y además que generan resistencia entre grupos de interés). 

Varios años antes (a inicios de este siglo), otro ex Ministro de Educación (José Pablo Arellano), exponiendo acerca de la reforma chilena de los '90 en un seminario académico en IIPE UNESCO Buenos Aires, dijo que las reformas -además de basarse en buenas ideas y en buenos diseños técnicos- requerían dar cuenta de las "2 R", a saber, contar con respaldo (adhesión a las transformaciones emprendidas) y con recursos (financiamiento), ambos requisitos indispensables para su sustentación y perdurabilidad.

En síntesis, considerando estas lecciones de dos ministros chilenos y otros aprendizajes provenientes de la literatura experta y de la propia experiencia, se puede postular que las reformas educacionales bien concebidas requieren ser:
  • Oportunas, tanto respecto del problema que abordan como del momento político en que son planteadas. Esto interpela o pone en juego la real capacidad política de los impulsores de una reforma para identificar las fuerzas en juego, definir una estrategia de negociación y luego construir las alianzas y consensos necesarios en la arena política;
  • Pertinentes y relevantes, lo que complementa la idea previa, a saber, una buena reforma debe dar respuesta a un problema o foco que le importa a la sociedad y, sobre todo, al grupo que pretende beneficiar.
  • Comprensibles para la población y no solo para quienes las promueven o respaldan. Esto exige un plan comunicacional, o sea, no solo una estrategia de información, sino un dispositivo de escucha y diálogo con los actores sociales clave.
  • Políticamente viables, lo que significa que cuenten con el respaldo en el espacio legislativo y de los grupos de interés o al menos de actores clave capaces de incidir en éstos;
  • Técnicamente correctas, esto es, estar fundadas en teoría, evidencia empírica o experiencia comparada que muestre cuáles son los elementos críticos del diseño y las palancas o "drivers" de la implementación;
  • Financieramente sustentables, no solo de los costos de inversiones para su instalación sino para su continuidad, lo que implica una muy fina proyección de gastos y de las fuentes de financiamiento de la reforma en régimen. 
  • Institucionalmente sostenibles, esto es, considerar los ajustes y consecuencias organizacionales que la reforma tendrá en las actuales estructuras y procesos;
  • Culturalmente sustentables. Esto es paradójico pues una reforma, casi por definición, es contracultural en la medida que implica modificar las prácticas, valores declarados y creencias arraigadas de los actores. Por ello es que la principal fuente de resistencia a las políticas está en los actores y la cultura que éstos habitan y defienden. En consecuencia, una buena reforma debe considerar y proveer elementos de empalme entre la cultura vigente y los valores y creencias subyacentes del cambio que se pretende. Esto es sumamente difícil pues los gobernantes y los políticos se resisten a comprender que la política no puede prescribir lo que les importa a las personas simplemente porque las buenas razones para una decisión colectiva (o sea, para la sociedad) rara vez coinciden con las buenas razones para una decisión individual (o sea, para una familia o para un grupo específico).
  • Coherentes con otras políticas en diseño y/o implementación en el mismo espacio o contexto de gestión. Las reformas a menudo solucionan un problema pero generan otros, especialmente cuando deben entrar en coordinación con otras iniciativas. Estos efectos adversos deben ser previstos o al menos estimados como parte de un plan de contingencia.



jueves, 17 de septiembre de 2015

Lecciones para el SIMCE desde Uruguay

Fuente: http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/
Una reciente publicación (descargable en formato PDF) de IIPE UNESCO Buenos Aires, titulada "Mejorar los resultados de aprendizaje en la educación obligatoria: políticas y actores" (IIPE UNESCO, 2015) incluye un valioso e interesante artículo de Pedro Ravela, quien se desempeñó como Director Ejecutivo del INEEd (Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay). El trabajo de Ravela se titula "El uso de los resultados de la evaluaciones en la mejora de los procesos de enseñanza" y, luego de exponer tendencias sobre cómo se comprenden los sistemas de evaluación de aprendizaje en Latinoamérica, aporta interesantes reflexiones que bien pueden ser consideradas lecciones para el perfeccionamiento del SIMCE (y/o argumentos para un "Alto al SIMCE"). 

Hago ahora una síntesis del artículo de Ravela, extrayendo afirmaciones y/o fragmentos del mismo:
Ravela arranca afirmando que "lo primero que debemos evitar en materia de evaluaciones educativas es la ingenuidad declarativa: creer que la evaluación por sí misma puede producir transformaciones en la educación o en los aprendizajes, solo porque enunciamos que la evaluación se hace para mejorar y no para castigar" (p.70)

Luego expone lo que denomina "lógicas de cambio" con las que operan los sistemas de evaluacion estandarizadas en América Latina. Estas lógicas son: 

  1. La lógica del mercado educativo:"De acuerdo con esta visión, la evaluación de aprendizajes a gran escala contribuye a la mejora ofreciendo información a las familias para que elijan la mejor escuela para sus hijos. Esta visión marcó los orígenes del Sistema de Medición de la Calidad Educativa (SIMCE) en Chile, creado en las postrimerías de la dictadura militar." (p.70)
  2. La lógica de los incentivos económicos directos: "De acuerdo con esta segunda visión, una manera de mejorar los aprendizajes es premiar económicamente, a través de incentivos salariales, a los docentes cuyos estudiantes obtienen mejores resultados en las evaluaciones estandarizadas. El ejemplo paradigmático de este enfoque en la región son las pruebas ENLACE (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares) que se han venido aplicando en México desde el año 2006" (p.73). 
  3. La lógica de la presión social sobre las escuelas: "Una versión atenuada de la lógica del mercado puede ser denominada como de presión social sobre las escuelas. En este caso no se apuesta a fomentar la competencia entre las escuelas, sino a entregar información pública con el fin de generar compromiso, preocupación y demanda de mejora de la educación por parte de la sociedad en general y de las familias de los estudiantes, en particular. Al igual que en el caso anterior, la estrategia principal consiste en realizar evaluaciones anuales de carácter censal y difusión pública de los resultados de cada escuela, a través de diversos medios (Internet, prensa, informes a las familias y a las escuelas). El caso paradigmático en la región es la denominada “Prova Brasil”. Esta prueba es una iniciativa del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que reemplazó las pruebas muestrales con fines de diagnóstico, denominadas SAEB, las que se realizaban desde el Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas (INEP) desde comienzos de los noventa. Ante la constatación de que estas no generaban mayor inquietud o movimiento en el sistema educativo, el gobierno se propuso evaluar a todas las escuelas y estudiantes, todos los años y dar a conocer los resultados de cada escuela. Simultáneamente, se creó el denominado Índice de Desenvolvimiento de la Educación Básica (IDEB), que combina los resultados de estas pruebas con la tasa de egreso en el tiempo esperado de los estudiantes de cada escuela. El IDEB se expresa en una escala de 1 a 10. Cada escuela recibe su valor en el índice, junto con los valores de escuelas similares y sus valores en años anteriores, con el fin de evaluar el progreso y establecer un conjunto de metas a alcanzar en dicho índice en los años siguientes." (pp.74-75). 
  4. La lógica del desarrollo profesional: "Varios países de la región han optado por un uso más “amigable” de los resultados de las evaluaciones estandarizadas, evitando la difusión pública de los mismos y concentrando los esfuerzos en la entrega de la información de un modo reservado a cada escuela, con el fin de que sea utilizada por los docentes para identificar saberes y capacidades más y menos logrados por los estudiantes, analizar sus dificultades y desarrollar nuevas formas de enseñanza. El hecho de no hacer públicos los resultados de cada escuela hace que la evaluación sea menos amenazante, lo cual debería facilitar su uso por parte de los docentes.[...] Uno de los casos paradigmáticos de este enfoque en la región ha sido Uruguay, que adoptó esta estrategia, con diversas mo-dalidades, desde mediados de los noventa. Inicialmente realizó evaluaciones de tipo censal con devolución de resultados a cada centro educativo, sin divulgación pública de los mismos (solo se divulgaron los resultados generales y por departamento, pero no por centro educativo). Una segunda modalidad fue la de evaluaciones de carácter muestral con distribución de las pruebas a todas las escuelas, con el fin de que cada una pudiese administrarlas en forma autónoma, corregirlas, obtener sus resultados y compararlos con los resultados nacionales y los de escuelas de similar contexto sociocultural. En los últimos años, a partir de que cada estudiante tiene una laptop propia, se desarrolló el sistema de evaluación en línea. Este sistema permite que, dentro de una ventana de tiempo definida centralmente (de varias semanas), cada maestro pueda decidir en qué momento aplicar las pruebas a sus estudiantes, conectándose a una plataforma web. Los estudiantes leen la prueba y la responden en sus computadoras. Al finalizar la sesión y en tiempo real, el docente puede ver en su pantalla los resultados de sus estudiantes, en forma individual y grupal, pregunta por pregunta, por bloques temáticos y para el conjunto de la prueba. [...]La lógica detrás de esta estrategia es que la mejora de los aprendizajes depende principalmente de un cambio en las formas de enseñar de los docentes; y el mejor modo de lograrlo es apostando a la discusión colectiva y al desarrollo profesional de los docentes, a través del análisis de los resultados de los estudiantes y de las pro-pias prácticas de enseñanza" (pp.76-77). 
  5. La lógica tecno-céntrica: "Las lógicas anteriores tienen la pretensión de lograr ciertos cambios o mejoras en forma más o menos directa, a partir de la entrega y el uso de los resultados de las pruebas estandarizadas. Muchos investigadores vinculados a este tipo de evaluaciones sostienen, además, la visión de que las evaluaciones a gran escala pueden realizar aportes relevantes para la toma de decisiones de política educativa. Para ello se debe incluir, además de las pruebas de aprendizaje, una bue-na batería de cuestionarios complementarios, que permitan relevar información sobre otro tipo de fenómenos y variables. De acuerdo con esta visión, una buena medición de tres grandes grupos de variables –aprendizajes, factores sociales o de contexto (que están por fuera del ámbito de incidencia del sistema educativo) y factores “escolares” (aquellos aspectos como la formación de los docentes, la dotación de recursos o el clima institucional, que sí pueden ser modificados por decisiones de política educativa)–, permitiría identificar cuáles de estos últimos tienen mayor incidencia sobre los resultados una vez que se controla el efecto del contexto. De acuerdo con este razonamiento, por este camino las evaluaciones estandarizadas pueden aportar pistas para la toma de decisiones de política educativa, orientadas a generar condiciones y procesos que mejoren los resultados" (p.78). 
  6. La lógica de la información estadística: "Finalmente, una lógica más modesta en sus propósitos es la que enfatiza la importancia de ofrecer información continua y sistemática sobre logros educativos, con el fin de poner el tema en la agenda pública y, de ese modo, generar cierto grado de atención por parte de las autoridades y la ciudadanía. Desde esta perspectiva, el rol de una unidad de evaluación educativa es similar al de los institutos nacionales de estadísticas y censos, que publican en forma periódica y sistemática información sobre indicadores clave de la marcha de la economía y la sociedad: tasas de empleo y desempleo, índice de precios, tasas de pobreza e indigencia, crecimiento del producto bruto interno, entre otras. Estos institutos no tienen pretensiones de provocar en forma directa cambios en la economía o en la sociedad, sino simplemente ofrecer un marco de información sobre la situación. Este marco resulta relevante para el debate ciudadano y político, así como para la toma de decisiones por parte de los agentes económicos." (p.79).
Luego de exponer estas lógicas, Ravela realiza este balance (pp.80-81) (en adelante, las negritas en los textos son mías) :

  1. "Los caminos seguidos hasta el momento han resultado excesivamente simples con relación a las complejidades del sistema y del quehacer educativos. Hemos sido excesivamente optimistas –¿ingenuos?– con respecto al poder de la evaluación para producir cambios, en cierta medida porque es una acción relativamente más fácil de implementar que otras acciones de política educativa. Necesitamos pensar de manera más compleja el cambio educativo y el rol de la evaluación en el mismo."
  2. "Hemos pensado en la evaluación en forma excesivamente autocontenida, no como parte de un conjunto más amplio de acciones y elementos de la política educativa. Por ejemplo, hemos pensado en la evaluación docente en forma independiente de los cambios en las condiciones de trabajo y la estructura de la carrera docente. Hemos pensado la evaluación de aprendizajes a gran escala en forma independiente de las evaluaciones de aprendizajes que ocurren diariamente en las aulas y, en muchos casos, de los cambios curriculares. Necesitamos pensar la evaluación como parte de y articulada con un conjunto de acciones propias de la política educativa (curriculares, de gestión, de selección de personal, de organización del trabajo docente, entre otras)."
  3. "Una de las tentaciones o desviaciones que han tenido muchos gobiernos ha sido la de transformar la evaluación en la política educativa, en la herramienta principal de cambio. Expresiones como “¿por qué si evaluamos tanto no hay cambios?” o “¿para qué evaluar si los resultados no cambian?” son indicadores de esta situación. Muchos actores políticos parecen creer que la evaluación es la que producirá los cambios. O, en otras palabras, que evaluar es la principal política educativa. Esta desviación está implícita en la pretensión de que las familias reemplacen al Estado como instancia de control de las escuelas, en la culpabilización de los docentes por los malos resultados o en el intento de que el uso “formativo” de las evaluaciones estandarizadas reemplace los esfuerzos de actualización didáctica y de orientación del trabajo docente que deben realizar los supervisores u otros agentes. Necesitamos una evaluación que no reemplace las políticas educativas sino que las confronte, en el sentido de que también las políticas educativas sean objeto de evaluación. Y que, al mismo tiempo, esté al servicio de las mismas, en el sentido de sugerir rumbos y promover políticas más apropiadas. La evaluación debe contribuir a restituir el lugar y la responsabilidad de la política educativa y no debe aceptar sustituirla."
  4. "Cuando hoy hablamos de evaluación de la educación en nuestra región, tendemos a pensar naturalmente en pruebas estandarizadas y en sus resultados. Dejamos de lado el amplio espectro de políticas y prácticas de evaluación que forman parte de la vida cotidiana de los sistemas educativos: la evaluación del trabajo docente, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes que realizan los docentes, los exámenes y sistemas de promoción de grado, los procesos de selección de directivos y supervisores y las evaluaciones –sistemáticas o implícitas– asociadas a las decisiones de con-tinuidad o cambio en la amplia gama de proyectos y pro-gramas educativos, por mencionar algunos. Necesitamos conocer y pensar hacia adelante el conjunto de prácticas de evaluación que tienen lugar cotidianamente en el sistema educativo y sus efectos sobre la calidad de la educación."

El cierre del artículo de Pedro Ravela son siete desafíos para la evaluación educativa: 

  • Expandir el concepto y la agenda de la evaluación educativa, esto es, como actividad de valoración de una situación, "a partir de información empírica, con el fin de adoptar las mejores decisiones posibles, dentro de las limitaciones de nuestro conocimiento de la realidad (que por definición es inabarcable) y de ciertas opciones de valor" (p.82).
  • Tomar el riesgo de realizar valoraciones de la situación educativa global"Además de ampliar la agenda temática de la evaluación educativa, es necesario asumir con mayor determinación el carácter esencialmente valorativo de la actividad de evaluación. Toda evaluación implica tomar ciertas decisiones basadas en opciones de valor, tanto para la selección de los temas a abordar como en la elaboración de conclusiones y recomendaciones" (p.86). 
  • Desarrollar el campo de la evaluación de la implementación y el impacto de programas educativos: "La generación de cambios a través de programas y proyectos no es buena ni mala en sí misma. Tiene como ventajas principales la posibilidad de enfocarse en la resolución de problemáticas específicas, la posibilidad de minimizar las trabas burocráticas para la administración de los recursos, la posibilidad de conformar equipos nuevos evitando crear cargos públicos permanentes y, en términos generales, una mayor flexibilidad en la gestión. Al mismo tiempo y como contracara tiene riesgos importantes. El primero es que no se logre producir los impactos prometidos, pero los programas se mantengan funcionando a pesar de ello, en contradicción con su propia naturaleza “a término”. Muchas veces se vuelven un fin en sí mismo, más allá de sus logros específicos. Un segundo riesgo importante es que sí logren ciertos efectos, pero se mantenga sin cambios la organización educativa principal que continúa generando los problemas que el programa busca resolver." (pp.90-91).
  • Ampliar la noción de los “aprendizajes” o “resultados educativos” que deben ser evaluados, desde la perspectiva del derecho a la educación: "A lo largo de estas dos décadas hemos avanzado bastante –aunque no lo suficiente– en el diseño de instrumentos de medición de saberes en ciertas áreas, principalmente matemática, lectura y ciencias naturales. Hemos avanzado también en materia de metodologías de análisis de datos. La participación en estudios internacionales como PISA ha contribuido sustantivamente a mejorar las capacidades técnicas en la región. [...] Simultáneamente, durante todos estos años se ha señalado en forma permanente la necesidad de evaluar otras áreas de conocimiento, otro tipo de capacidades y otro tipo de finalidades formativas: la formación ciudadana, la formación en valores, las habilidades vinculadas a las disciplinas expresivas y artísticas, el desarrollo personal y las habilidades sociales. Estas ausencias han sido marcadas, por un lado, por quienes se oponen a las evaluaciones existentes, bajo el argumento de que estas no abarcan la totalidad de las finalidades educativas relevantes. Y han sido asumidas como tales por quienes sostienen las evaluaciones que tenemos actualmente. A pesar de ello, hemos avanzado poco en este terreno." (p.94).
  • Establecer una concepción de la rendición de cuentas pública desde la perspectiva de responsabilidad compartida: "Uno de los principales motivos por los que buena parte de los educadores se resiste a las evaluaciones externas radica en que sus resultados muchas veces son utilizados, en forma deliberada o no, para responsabilizarlos por los problemas de la educación. En algunos casos hay una intención explícita de hacerlo, en tanto en otros el discurso construido por los medios de comunicación termina “derivando” hacia ese lugar. [...] La evaluación educativa debería contribuir a construir una visión sobre la rendición de cuentas pública acerca de la educación, desde una perspectiva de responsabilidad compartida, que incluya no solo a los docentes y a las instituciones educativas, sino también al sistema político, a las autoridades educativas, a la sociedad y sus organizaciones, a los estudiantes y a sus familias, y a los medios de comunicación. Los logros educativos son resultado de una compleja trama en la que múltiples actores tienen influencia relevante. Para ello, los “resultados” de la evaluación de la educación deberían incluir miradas, evidencias y valoraciones sobre la acción de los diversos actores. Por supuesto, sobre la labor de enseñanza que llevan adelante los profesores. Pero, también, sobre el tiempo que los estudiantes destinan a estudiar, sobre los apoyos familiares a la labor escolar, sobre el valor de la educación que se transmite desde las familias y medios de comunicación, así como sobre las virtudes y defectos de las políticas educativas, por mencionar algunos. [...] Esta mirada “integral” de la rendición de cuentas es esencial para evitar que el Estado –y la política educativa– se desligue de su responsabilidad por los resultados educativos, transfiriéndolos a los docentes." (pp.99-101)
  • Construir una combinación equilibrada de pruebas de evaluación “formativas” y con consecuencias “fuertes”: "Un problema frecuente de los sistemas de evaluación estandarizada de la región a lo largo de estas dos décadas, ha consistido en utilizar una misma evaluación para diversidad de propósitos y finalidades. Un único dispositivo de medición ha sido empleado, por ejemplo, para dar seguimiento a la evolución de los logros educativos de los estudiantes a lo largo del tiempo, para establecer incentivos para las escuelas y para aportar elementos para el análisis de las prácticas de enseñanza por parte de los docentes. Especialmente preocupante es la superposición de finalidades formativas y consecuencias fuertes en un mismo dispositivo de evaluación. Un primer principio básico del diseño de las evaluaciones es que este depende fuertemente de los propósitos de la evaluación. El tipo de consecuencias que tendrá la evaluación, el tipo de preguntas que pretende responder y el tipo de uso que quiera darse a los resultados, determinan fuertemente varios aspectos del diseño (Ravela, P., 2006; Ravela, P., y otros, 2008). Un segundo principio básico, derivado del anterior, es que un mismo dispositivo de evaluación no puede, al mismo tiempo, cumplir con finalidades de tipo formativo y tener consecuencias “fuertes” para los evaluados (Ravela, P., 2006). Siempre que ambas finalidades están presentes en un mismo acto de evaluación, las consecuencias fuertes predominan por sobre la finalidad formativa y la desvirtúan. [...] Por estas razones, cuando un sistema de evaluación como el SIMCE de Chile, que tiene una fuerte tradición de publicación de los resultados de cada escuela en la prensa –y de construcción de rankings por parte de los medios–, intenta que sus resultados sean utilizados con fines de aprendizaje por parte de los docentes, encuentra serias dificultades" (pp.102-103).