Transcribo opinión editorial de "El Mercurio" de hoy 19 de septiembre:
Tropiezos en desmunicipalización
El rechazo en la Cámara del acuerdo alcanzado en el Senado en torno al proyecto de desmunicipalización no solo evidencia la debilidad de la gestión política del Gobierno, sino además lesiona su credibilidad, ya que se muestra incapaz de hacer cumplir lo que acuerda.
Fueron los diputados del oficialismo, particularmente del PDC, los que hicieron caer el acuerdo, por lo que el proyecto tendrá que ser visto en una Comisión Mixta. Se argumentó que se estaba pidiendo votar sin que los parlamentarios pudieran conocer los cambios introducidos en el Senado (en primer trámite constitucional se había aprobado en la Cámara), pese a que son suficientemente conocidos. El problema parece ser otro.
En efecto, en el Senado el Gobierno alcanzó un acuerdo con la oposición que, entre otros aspectos, introducía una mayor gradualidad al proceso de desmunicipalización. Adicionalmente, el acuerdo autoriza a que los municipios que cumplen con determinados estándares académicos y de gestión financiera puedan postergar hasta el final del proceso el traspaso de sus colegios a los servicios locales de educación. Por último, contempla que en 2021 se produzca una detención de los traspasos y se evalúe la marcha de la ley. A esa fecha se habrán creado once servicios locales de educación, de un total planificado de setenta.
Hay temores en el oficialismo de que ese acuerdo finalmente impida que se materialice la desmunicipalización, ya que un gobierno podría utilizar el mecanismo de evaluación para detener el proceso. Sin embargo, es difícil que ello ocurra. La comisión de expertos que evaluará el proceso tiene escasa densidad institucional y, por tanto, carece de la fuerza para lograr esa paralización. A lo más podrá reorganizar la secuencia de traspasos y quizás extender el plazo final si los antecedentes reunidos sugieren la conveniencia de mantener un ritmo lento de creación de servicios locales. La verdad es que hay buenas razones para la gradualidad y, sobre todo, para detenerse a evaluar la marcha de esta iniciativa. El modelo que está promoviéndose para la educación estatal es difícil de encontrar en la experiencia internacional. Por de pronto, en la mayoría de los países de la OCDE la oferta estatal de educación es dependiente de los municipios. Un problema potencial es la incapacidad de la Dirección Nacional de Educación Pública de coordinar y, sobre todo, monitorear a 70 servicios locales de educación que se crearán. A ello se une un grado importante de superposición en las tareas de cada nivel. Este diseño organizacional es propicio para la dilución de responsabilidades. En ese sentido, el acuerdo alcanzado en el Senado era positivo, dado el alto riesgo de que el modelo pensado no funcione bien.
Por cierto, influye en este revés del Ejecutivo el clima electoral y la incapacidad que hasta ahora ha exhibido la Nueva Mayoría de desarrollar campañas competitivas. Además, varios alcaldes de la coalición oficialista no son particularmente entusiastas de la propuesta gubernamental. En tiempos de campaña esa sensibilidad pesa. Una forma de hacerles un gesto es denunciar el acuerdo e introducir incertidumbre respecto del destino del proyecto.
El desenlace de esta iniciativa en la Comisión Mixta es difícil de predecir. Con todo, el Gobierno tiene una cómoda mayoría en el Congreso que debería permitirle conseguir su aprobación, aunque deberá redoblar sus esfuerzos para ello. De no lograrlo, el costo será significativo.
