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| Fuente: http://www.ciae.uchile.cl |
El clima electoral activa los anuncios y propuestas de reformas. En educación, una de las más debatidas -digamos en su titulares, dado que aun no hay muchos detalles de la misma- es la de la candidatura que anunció la ampliación de la gratuidad para al menos el 80% de los estudiantes de la educación superior y la supresión del co-pago o financiamiento compartido en la educación escolar. Las reacciones a este último anuncio no se han hecho esperar y se ha pronosticado la muerte de la educación privada y hasta el retorno de la ENU (el abortado proyecto de reforma del sistema escolar en el gobierno de Salvador Allende). Los candidatos de derecha a coro han levantado la voz; los medios de prensa afines también: columnistas y editores se han manifestado a favor del copago y han aprovechado de reforzar su adhesión al retiro privado de excedentes, aun cuando la fuente de recursos sean los subsidios estatales. Que los recursos sean fiscales no impide ni hace ilegítimo -dicen- que se busquen ganancias privadas; lo verdaderamente importante es que se provea un servicio de calidad. Un ejemplo: la editorial del sábado 22 de junio de La Tercera, afirmaba que las medidas serían "un retroceso en la calidad y diversidad de la educación chilena que se ve beneficiada cuando se fortalece la capacidad de los alumnos y las familias de seleccionar el establecimiento entre alternativas y cuando se permite que contribuyan conrecursos para su financiamiento [...] Si no existe el financiamiento compartido, la educación tenderá a una segregación entre quienes pueden pagar una educación particular y entre quienes deben resignarse a una educación mayoritariamente bajo el control del Estado y con una sola orientación oficial".
Sobre el eventual término del sistema de financiamiento compartido, implementado como parte de un acuerdo tributario en 1994, legos y especialistas han opinado. Dejando afuera la discusión sobre los efectos segregatorios del co-pago en Chile (algo donde Juan Pablo Valenzuela, investigador del CIAE ha sido claro), el fondo del asunto es la promoción de la actividad privada en educación (el emprendimiento, como prefieren decir ahora) y los incentivos para ello. En Chile el impulso clave fue en la década de 1980. Con la creación de una subvención pareja para todo sostenedor -público o privado-, muchos individuos y entidades privadas crearon escuelas y liceos, movidos unos por la probabilidad de una ganancia; movidos otros por la convicción de tener un proyecto educativo alternativo que también fuera reconocido y libremente elegindo por otros miembros de la comunidad. Sin embargo, con la autorización para cobrar adicionalmente a las familias, un pago que complementara la subvención estatal, se crearon condiciones que despertaron el interés de más privados, ahora con calculadora en mano. Según cifras de El Mercurio (viernes 21 de junio, p. A3), hoy existen 5.800 escuelas particulares subvencionadas con una matrícula de 1.700.000 niños; las municipales son cerca de 5.500 y atienden a 1.276.000 estudiantes. La subvención escolar promedio -según la misma fuente- es de $ 58.000 en educación básica y de $ 70.000 en educación media, para establecimientos con jornada escolar completa. Alrededor del 40% de las familias de educación privada subvencionada deben pagar además un co-pago que en promedio es de $ 20.000. Con todo, pese a tener que pagar, las cifras muestran que la mayoría de las familias chilenas prefieren la educación privada subvencionada, dato que a sus defensores lleva a sostener que la calidad de la educación privada es considerada mejor (vox populi, vox Dei).
Es fácil advertir que se confunden las cosas y que se simplifica en exceso los argumentos. Se puede argumentar que esto es propio de los tiempos de campaña, pero a ratos se exagera y candidatos antes considerados como sujetos capaces de opiniones ponderadas, ahora incurren en argumentos caricaturales, tales como que las medidas sugeridas por Bachelet (que no son distintas de las largamente reclamadas por el movimiento estudiantil desde 2006 a la fecha) son la muerte de la educación privada.
El alarmismo es evidente. La educación privada existe desde hace siglos y la subvención estatal desde hace décadas. Por consiguiente, no es correcto afirmar que si se suprime el financiamiento compartido, la educación privada se extinguirá. La provisión mixta es un dato histórico y lo seguirá siendo, dado que es la forma en que la sociedad chilena posibilita la existencia y desarrollo de proyectos educativos distintos del estatal, lo cual no hace sino fortalecer la libertad de enseñanza y la libertad de elección. Mantener la capacidad de pago apunta justo en la dirección contrario: amplia la libertad de elección en directa proporción a los ingresos familiares: si no se cuenta con ingresos disponibles para destinarlos al co-pago, las opciones se reducen. Así de simple.
¿Existe la educación privada porque existe el financiamiento compartido? En general no, pero es posible que -ante la eventualidad del término del copago- una fracción de los sostenedores actuales revise su continuidad en el sector subvencionado si no pueden seguir cobrando a las familias. En el peor de los escenarios, habría que suponer que los establecimientos donde se recibe a aquel 40% de familias que pagan financimiento compartido podrían dejan de existir. El sector privado subvencionado antes del inicio del financiamiento compartido mantenía una trayectoria de crecimiento sostenido de su oferta que desmiente el carácter catastrófico que se le asigna a la supresión del co-pago. Las cifras del MINEDUC lo confirman:
- En 1.980 había 6.370 establecimientos fiscales y 1.627 particulares subvencionados.
- En 1.985, los establecimientos fiscales eran 808; los municipales, 5.668 y los particulares subvencionados habían aumentado a 2.643, o sea, más de un 60% respecto de 1.980
- En 1.990, las cifras mostraban 6.288 establecimientos municipales y 2.694 particulares subvencionados, lo que sugiere una estabilización de la oferta privada subvencionada.
- En 1995, o sea, cuando ya estaba en operación el financiamiento compartido, la oferta municipal llegaba a 6.422 establecimientos y la privada subvencionada a 2.822 establecimientos, lo que revela el impulso que significó esta nueva fuente de ingresos.
- En el año 2.000, los establecimientos municipales habían disminuido a 6.250 y los privados subvencionados aumentado a 3.217, lo cual revela de un lado la crisis de gestión de la educación municipal y la explosión de la oferta privada subvencionada, potenciada además por la política de apoyo a la infraestructura escolar para la jornada escolar completa.
En síntesis, hay una porción significativa de la oferta privada que parece haberse creado y movido por la expectativa de retiro de ganancias asociada al regimen de financiamiento compartido, pero también hay una cantidad importante de proveedores privados que se mueve por otras razones distintas a la búsqueda de esos excedentes para sí mismos. Si se acaba el co-pago, estos sostenedores (una cifra conservadora diría que al menos son el 50% de la oferta, o sea, aquellos sostenedores existentes desde antes de 1994) no se retirarán del sistema escolar porque no dependen ni se mueven exclusivamente por el co-pago. No se terminará la educación privada con financiamiento estatal, solo se sincerará y mostrará quiénes están porque han visto la provisión educativa ante todo como un negocio lucrativo y quiénes están porque -sin perder dinero- tienen una propuesta formativa que estiman valiosa y que quieren ofrecer a todos.
